Si Gardel nació en Toulouse o en el Río de la Plata todavía es materia de polémica entre los aficionados al tango, pero no lo es en cambio el origen francés de los acuerdos de precios, que reconocen sin problemas en el Ministerio de Economía. La vocación oficial por pactar rebajas y congelamientos de largo plazo intenta copiar un enfoque similar adoptado por el gobierno galo un año y medio atrás, aunque aquel ejemplo funcionó en un contexto prácticamente opuesto. Según un informe al que accedió Página/12 en fuentes diplomáticas de ese país, los convenios que inspiraron a Felisa Miceli se firmaron para incentivar el consumo popular y no para frenar una escalada inflacionaria, y apuntaban a evitar que las grandes cadenas supermercadistas engrosaran sus márgenes por la caída de los precios mayoristas. Además, esos acuerdos establecían multas concretas para quienes no los cumplieran y obligaban a las empresas a abrir sus balances para que las asociaciones de consumidores pudieran supervisar su estructura de costos.

El 17 de junio de 2004, el entonces ministro de Economía y hoy del Interior Nicolás Sarkozy sentó a su mesa a los jefes de las cadenas de supermercados Auchan y Carrefour junto con sus principales proveedores, los referentes de la industria y el muy influyente movimiento agrario organizado. El resultado fue el “compromiso para una baja durable de los precios” o simplemente “acuerdo Sarkozy”, que explicitaba como meta “conseguir una baja de los precios del 2 por ciento promedio en los productos de marca de la gran industria hasta septiembre de 2004 y mantener esa tendencia descendente en 2005”. El objetivo real era que la caída de los precios mayoristas llegara efectivamente a los consumidores y no se perdiera en la cadena de distribución, como denunciaban los pequeños y medianos productores fabriles y rurales. El acuerdo se aplicó a una canasta de unos 8 mil productos, de los cuales sólo una parte era de primera necesidad.

Los resultados de la estrategia Sarkozy no son fácilmente mensurables. La inflación en todo 2004 fue del 2,1 por ciento, idéntica a la de 2003, y en 2005 se redujo al 1,8 por ciento, pero no necesariamente por los acuerdos. “Esta es una economía muy poco dinámica, el crecimiento promedio de la zona euro fue del 1,4 por ciento y Francia está ahí. El de acá es otro mundo macroeconómico muy distinto al argentino, con crecimiento bajo e inflación baja, y con precios impulsados sobre todo por el valor del petróleo”, explicó a este diario desde París el economista argentino Carlos Quenan, docente de la Sorbonne Nouvelle. “Por eso acá los acuerdos no tuvieron el impacto público que están teniendo allá”, comparó el analista.

Además de la obvia diferencia de tamaño de las economías y el ritmo dispar al que vienen creciendo en los últimos años, el andamiaje legal sobre el que se apoyaron los pactos a la francesa es mucho más sólido que el argentino. Las oficinas de control de precios fueron un clásico en Francia desde la posguerra hasta 1986, cuando el actual presidente conservador Jacques Chirac asumió como primer ministro en “cohabitación” con el mandatario socialista François Mitterrand y empezó a desmantelarlas una por una. El recuerdo fresco de los controles y las leyes que aún los permiten hicieron que fuera más fácil obligar a los empresarios a hacer públicos sus márgenes de ganancia y forzarlos a trasladar las rebajas de sus proveedores.

Así, el acuerdo general firmado en 2004 estableció “una división igual del esfuerzo entre proveedores y distribuidores, calculada sobre la masa de margen cargada en el precio neto facturado”. También obligó a los industriales a abrir un nuevo renglón en sus balances para dejar asentada contablemente allí su parte del esfuerzo bajista. En la Argentina las empresas guardan esos balances bajo siete llaves, lo cual explica las serias dificultades del Palacio de Hacienda para estimar la estructura decostos de cada artículo de la canasta básica. La mayoría de las veces se hace necesario confiar en los números de quienes se intenta supervisar y punto.

El trasfondo de los acuerdos galos, en suma, era el de una puja entre eslabones distintos pero de la misma cadena. Su sesgo a favor de las pymes se detecta en las multas que preveían, pensadas ante todo para evitar abusos contra los proveedores por parte de los supermercados. En el caso argentino los precios mayoristas subieron casi el doble que los minoristas desde la devaluación, y lo que buscan los convenios es evitar el traslado al consumidor de esa brecha, que ahora permite la recuperación de la demanda.