EL PAIS › MENDOZA, BUENOS AIRES Y LA UFIDRO

Retoños de Seineldín

Un comando entrenado por Seineldín para el secuestro de personas, un funcionario de la dictadura bonaerense como jefe de asesores de Stornelli y operaciones de control ideológico con el pretexto de las drogas en la UFIDRO configuran el retorno de concepciones y ejecutores incompatibles con la seguridad democrática. La contradicción con su política de derechos humanos fuerza al gobierno nacional a una definición, por costosa que sea en términos políticos.

 Por Horacio Verbitsky

La designación como viceministro de seguridad de Mendoza del comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado como comando por el ex coronel Mohamed Ali Seineldín, a quien secundó en un organismo especial creado para desaparecer personas durante el campeonato mundial de fútbol de 1978; la designación como jefe de policía de Buenos Aires del comisario Daniel Salcedo, que entregó la formación de los futuros oficiales al ultramontano colaborador de la dictadura Fray Aníbal Fosbery; la creación de un comité asesor del ministro bonaerense de Seguridad Juan Carlos Stornelli, encabezado por el juez Alberto Durán, que fue funcionario del ministerio de gobierno durante la dictadura; los ataques de un funcionario entrerriano a las Abuelas de Plaza de Mayo y los HIJOS de desaparecidos, y las operaciones de espionaje ideológico realizadas con el pretexto de investigaciones sobre drogas por la unidad fiscal UFIDRO, confrontan a la democracia argentina con los peores fantasmas de una época que se resiste a pasar a retiro y generan una crisis similar a la que provocó el ex gobernador bonaerense Carlos Rückauf cuando dejó la seguridad en manos del también comando y líder carapintada Aldo Rico, quien se sostuvo apenas cuatro meses en el cargo, poco más de lo que lleva Rico Tejeiro en el suyo.

Aquel experimento no provocó disonancias con el gobierno nacional de entonces, porque el presidente Fernando de la Rúa era también muy conservador. Para el gobierno de CFK y para los proyectos de Néstor Kirchner de reorganizar el partido Justicialista como eje de una coalición progresista, constituye un serio escollo, porque los coloca en contradicción con su política de respeto a los derechos y garantías constitucionales frente a la protesta social y de justicia por las violaciones del terrorismo de Estado a los derechos humanos.

A patadas

Mendoza es una de las provincias donde la psicosis por la seguridad es mayor. Asociaciones de víctimas de delitos y de policías apoyan a los políticos conservadores que oponen la seguridad con el respeto por los derechos humanos, como si fueran valores opuestos y no dos requisitos imprescindibles y complementarios de la democracia. Pero el nuevo hombre fuerte de la seguridad cuyana ni siquiera es un especialista en la lucha contra el delito sino en la represión de las manifestaciones callejeras. Un ministro del gobierno nacional contó una escena vista por televisión, cuando varios señores vestidos con traje y corbata intentaron linchar a un joven en el centro de la ciudad. “Si no lo rescata la policía, lo mataban a patadas. Había arrebatado una cartera, no asesinado a una viejita”, dijo. Rico Tejeiro y los demás integrantes de la nueva cúpula de seguridad fueron pasados a retiro obligatorio en 1999 a raíz de una sublevación policial con armas, en reclamo de mejoras salariales.

Complicaciones políticas

El caso mendocino tiene severas complicaciones políticas, dado que las fuerzas alineadas con el gobierno nacional concurrieron a las elecciones provinciales en dos listas enfrentadas. Celso Jaque, del Partido Justicialista, obtuvo la gobernación en octubre, venciendo al radical César Bifi, candidato elegido por el vicepresidente Julio Cobos en la Concertación con un sector del kirchnerismo. Como ministro de Seguridad, Jaque designó al candidato a vicegobernador del Partido Demócrata, Juan Carlos Aguinaga, que con el 10 por ciento de los votos fue la tercera fuerza en octubre. Para agregar complejidad al caso, el gobierno de Jaque tiene dos alas enfrentadas. Por un lado los conservadores de Aguinaga, quien convocó a Rico Tejeiro y a otros policías de su grupo, y los funcionarios de derechos humanos Pablo Salinas y Diego Lavado, quienes antes de llegar al gobierno impulsaron los juicios por los crímenes de la dictadura en la provincia, en los que fueron detenidos algunos camaradas de Rico Tejeiro. Esas coaliciones se repitieron cuando la Legislatura trató un proyecto para separar a Rico Tejeiro. La moción requería dos tercios de los votos, que no se alcanzaron. Veintisiete legisladores del pejota y conservadores respaldaron al comando de Seineldín, mientras veinte kirchneristas, radicales de la Concertación y del ARI apoyaron su remoción.

La confusión

En su viaje a Mendoza la presidente CFK no recibió a los organismos de derechos humanos y delegó la audiencia en el ministro del Interior Florencio Randazzo, quien repitió el discurso del gobernador Jaque y dijo que el problema debía dirimirlo la justicia. Es una confusión inadmisible entre un juicio penal, en el que son necesarias pruebas irrefutables de la comisión de un delito para condenar a una persona, y una evaluación política acerca de la idoneidad para ocupar un cargo público. Con el criterio defendido por Jaque y Randazzo, el ex subcomisario Luis Patti estaría sentado hoy en una banca de la Cámara de Diputados. Fue después de su exclusión decidida por la Cámara que los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto consiguieron las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel por ese y otros secuestros y asesinatos. El Partido Demócrata cogobernó con los militares durante la dictadura de 1976 a 1983, a la que dio incluso varios ministros nacionales, como el de defensa Amadeo Frugoli. Un hermano del actual ministro, Alberto Aguinaga, era el ministro de gobierno el 29 de marzo de 1982, cuando la policía provincial que integraba Rico Tejeiro fue puesta a las órdenes del Ejército, igual que la Gendarmería. En respuesta a un paro general de la CGT con movilización en las calles, las tropas abrieron fuego sobre la multitud, causando la muerte del obrero minero José Benedicto Ortiz y heridas de bala a otros cinco manifestantes. En 1999 Ezequiel Aguinaga tuvo un incidente con dos limpiavidrios del centro. Su padre, Alberto, llegó al lugar y exhibió un arma. En 2001 presentó un proyecto de ley que castigaba con un mes de cárcel a limpiavidrios y vendedores ambulantes que ofrezcan sus servicios en forma insolente, que fue apoyado por la UCR. En 2003, cuando el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro, visitó la Argentina, Juan Carlos Aguinaga pidió que fuera detenido y juzgado por la comisión de crímenes contra la humanidad. Tamaña ideologización de la política de seguridad puede incrementar el conflicto social, pero no disminuir la criminalidad.

La escuela de Seineldín

Los principales argumentos en contra de la designación del comando Rico Tejeiro provienen de su propia pluma y constan en su legajo. En diciembre de 1977, al negarle el ascenso al grado superior, la Junta de Calificaciones de la policía provincial señaló que Rico Tejeiro había hecho su carrera en Unidades Especiales, con escasos lapsos en comisarías en las que se desarrollara trabajo policial. En su exitoso pedido de reconsideración, narró los actos de su vida que consideraba relevantes. Para ejemplificar acerca de su aptitud física, consignó que fue propuesto por la Jefatura de Policía para realizar el curso de Comando Militar en la Escuela de Infantería del Ejército y “participar en la elaboración y ejecución” del Proyecto G.E.S. 78”. Según el ministro Aguinaga el único objeto de ese grupo era “resguardar la paz social” durante el Campeonato Mundial de Fútbol (sic). Pero un libro de alguien próximo a Seineldín (Héctor Simeoni: Línea de Fuego, Sudamericana 1991) reproduce el testimonio sobre aquella época de un coronel de los llamados nacionalistas, quien dice que el curso se empezó a dictar en Campo de Mayo. “La represión de la guerrilla ya había empezado antes de 1976. El Proceso oficializa nuestro curso y de esta manera sale a luz en toda su dimensión”, agrega. Luego Seineldín “nos llevó a un grupo con él a la Policía Federal. El general Cesáreo Cardozo le pidió que fuéramos a la policía porque había excesos, falta de honestidad. Nos llevó a varios de nosotros a hacer un curso de formación contrarrevolucionaria. Después se diseñó un cursillo de siete días, con aislamiento, con un alto contenido técnico y formativo especializado para actuar en cuestiones contra la subversión. De allí surgió una escuela especial que primero se llamó Centro de Instrucción Contrarrevolucionaria y luego CAEP (algo así como Centro de Actividades Especiales Policiales)”. En 2004 otro de los oficiales instruidos por Seineldín, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda, relató en qué había consistido el resguardo de la paz social durante el campeonato de 1978. Asignado a la custodia del centro de prensa de la sede cordobesa, transportó en una ambulancia a una mujer que el día anterior había dado a luz, desde el Hospital Militar Córdoba hasta el campo de la guarnición. Había sido “condenada a muerte debido a su probado accionar en actos de sabotaje en el desarrollo del mundial”. Su traslado “al campo de fusilamiento de la Guarnición fue lo más traumático que me tocó sentir en mi vida. La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos desesperados implorando que si realmente éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude olvidar. Todos los oficiales designados, procedimos a fusilar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de veinte balazos de distintos calibres. Su sangre, a pesar de la distancia nos salpicó a todos. Luego siguió el rito de la quema del cadáver, el olor insoportable de la carne quemada y la sepultura disimulada propia de un animal infectado. Nunca supe el destino del niño o niña”.

Rico Tejeiro admite que esa especialidad define a quien la ha adquirido, “aunque ella no haya sido legal y organizadamente constituida” y se refiere a sí mismo como “un infante”. Después de los cursos, Rico Tejeiro y su colega Adolfo Siniscalchi fueron recomendados por el jefe que sucedió a Cardozo al frente de la Policía Federal, general Edmundo Ojeda, para integrar el centro antisubversivo mendocino y felicitados por su rendimiento, por el jefe de la Policía de la Provincia de Mendoza, comodoro Julio César Santuccione. Según el ministro Aguinaga, Santuccione le puso una bomba en su casa. Luego de cursar con Seineldín en ese Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC, Rico Tejeiro fue instructor en cursos de Infantería, Control de Disturbios y Lucha Contrasubversiva, según afirma en defensa de su también cuestionada aptitud intelectual. Como instructor del “Plan de Actividades Teóricas y Prácticas contra la Subversión”, Rico Tejeiro capacitó a Eduardo Smaha, detenido por el homicidio del poeta Paco Urondo.

Psicología de multitudes

También dice que representó a la policía de Mendoza ante el ministerio del Interior, a cargo del general Albano Eduardo Harguindeguy, donde “fue felicitado por su eficaz accionar”. Además fue profesor de oficiales de la Fuerza Aérea, de Gendarmería y de otras policías provinciales, en Estrategia y Técnica de Combate. Agrega que dictó clases de Acción Sicológica y Psicología de Multitudes, a las que llama “materias basales para la actividad policial”, imprescindibles en “rubros fundamentales como Control de Disturbios, Prevención de Disturbios, Contención de Multitudes, Agresivos y Compuestos Químicos como integrantes del arsenal policial”. Esas aptitudes son muy apreciadas bajo una dictadura militar que no permite manifestaciones en las calles pero no se advierte su utilidad en la represión del delito en el orden constitucional. En las acciones violentas, dice Rico, “se sale del terreno de lo inminentemente específico, para entrar en otro campo, como es la Táctica, la Psicología, la Técnica de Combate, la Estrategia”. En estas disciplinas “el elemento de su trabajo es el hombre”. Estas definiciones, vigentes en la doctrina de la seguridad nacional, son incompatibles con una concepción de seguridad democrática.

Para refutar que careciera de aptitud moral, Rico Tejeiro explicó que como Católico, Apostólico y Romano “profesa que la esencia de la moralidad consiste en la conformidad de la conducta humana con la Voluntad Divina. En consecuencia rechaza todo tipo de doctrina materialista”. Agregó que había dictado clases y conferencias de “Estrategia” y sobre “Intento de destrucción del valor espiritual a través del tiempo”, una de las obsesiones de Seineldín. Ello le permitía “desempeñarse con una tranquilidad mística”. En su pedido de investigación sobre Rico y sus colaboradores, los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza enumeraron una cadena de once secuestros que ocurrieron entre el 15 y el 29 de mayo de 1978, en pleno funcionamiento del Grupo Especial 78 G78. El estudiante universitario Juan José Galamba, era buscado por sus contactos con Montoneros, desde 1976, cuando eludió un operativo conjunto en el que fueron secuestrados amigos y parientes. Los desaparecidos en mayo de 1978 lo habían ayudado y alojado mientras escapaba. Margarita Dolz de Castorino fue secuestrada el 15 de mayo; Aldo Enrique Patroni, el 17. Luego fue el turno de Raúl Gómez Mazzola. El 22 desaparecieron Mario Guillermo Camín, amigo de Galamba, y su padre, Gustavo Camín, quien lo empleó en una cantera en San Juan. El 24 cayeron Daniel Romero y su hermano Daniel; el 25 Víctor Hugo Herrera e Isabel Membrive y el 28 Ramón Alberto Sosa y Juan José Galamba, el hermano del prófugo.

Otras joyas

Como para que no quede duda que se trata de una política, el gobierno mendocino también designó a los comisarios generales Pedro Chacón, como director de Investigaciones; Aníbal Gómez en la dirección de Logística; Vicente Chacón a cargo de los registros de armas y de agencias se seguridad privada y Raúl Vega como director de Recursos Humanos. Todos ellos participaron también en el Centro de Instrucción Contrasubversivo, CIC y Gómez se desempeñó en la temida dirección de inteligencia D2, donde se torturaba a los detenidos-desaparecidos. El ex subjefe de la Policía Federal, comisario general Antonio Mingorance, certificó que Vicente Chacón fue entrenado en “técnicas, procedimientos y métodos” y en “la afirmación de los valores por los cuales enfrentamos esta lucha común”, que facilitarán “la erradicación definitiva de la delincuencia apátrida”. Al asumir la gobernación, Jaque nombró a Pedro Chacón en Inteligencia, pero debió relevarlo cuando se supo que estaba produciendo informes de inteligencia sobre la actividad de diversos partidos políticos, algo prohibido por la ley de inteligencia nacional y por la legislación local. Sin embargo, Jaque lo designó entonces en Investigaciones. Además de su desempeño durante la dictadura, algunos de los policías del equipo de Aguinaga y Rico han sido objetados por temas más recientes. Vicente Chacón fue suspendido como director de Robos y Hurtos, por no informar las reiteradas inasistencias de subordinados que cobraban como si hubieran trabajado. Jaque lo puso a cargo del control de armas y de las agencias de seguridad privada. El nuevo director general de Policías, Jorge Alfredo Guerrero Escudero, persiguió en 2004 con dos patrulleros a un auto que había pasado un control fitosanitario sin abrir el baúl para su revisión. Los sospechosos debieron salir del auto rodeado por la policía con los brazos en alto. Recién en la comisaría primera les permitieron identificarse. Eran un juez federal, un fiscal, un defensor oficial y un secretario de la Justicia Federal de San Juan invitados a la asunción de un colega en Mendoza. El problema se reducía a que no llevaban la llave del baúl. Guerrero Escudero fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. En conversaciones privadas, Kirchner ha cuestionado a “quienes creen que la inseguridad se combate designando asesinos” y dijo haber enviado señales a Jaque para que diera un corte rápido a la desgastante situación. Pero hasta ahora el Poder Ejecutivo nacional sólo se ha manifestado por medio de la desdichada frase de Randazzo. Esta abstención no podrá prolongarse mucho más.

La contradicción con su política de derechos humanos lo fuerza a una definición, por costosa que sea en términos políticos. En comparación, el agasajo protocolar a un dictador africano aparece como un pecado menor, convertido en un caballito de batalla por la misma prensa conservadora que no se desvela por la proliferación de los retoños de Seineldín con el pretexto de la inseguridad.

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