EL PAíS › COMENZARON CUANDO EL CASO SE HIZO PUBLICO

Una larga historia de aprietes

Las amenazas, presiones e intimidaciones a testigos y otros protagonistas del caso Grassi se reiteraron desde que se hizo pública la causa, en octubre de 2002. Desde entonces, hubo aprietes de distinto tenor contra los denunciantes –jóvenes supuestamente abusados por el cura– o gente que declaró haber visto a Grassi en situaciones irregulares con otros chicos. Tampoco se salvaron familiares de las víctimas y un especialista que trabajaba en el caso.

En 29 de noviembre de 2002, la hermana de uno de los menores que denunció al padre Grassi por presuntos abusos y corrupción fue amenazada. La chica, de nombre Patricia, hermana del testigo apodado “Ezequiel”, denunció que dos hombres merodearon su casa luego de recibir el llamado telefónico en el que le decía: “Ahora que hablaste, cuidate”.

Las intimidaciones llegaron también a quienes fueron empleados de la Fundación Felices los Niños y que, cuando declararon en la causa, comprometieron al cura: en noviembre de 2002, un ex chofer denunció que fue atacado a tiros, y el 8 de enero de 2003 fue baleada una antigua cocinera del hogar.

En julio de ese año, el representante legal de “Ezequiel”, Aníbal Vega, denunció que en la puerta de su casa le pegaron un afiche publicitario de la Fundación Felices Los Niños. Posteriormente, en agosto de 2003, Enrique Stola, el psiquiatra de los adolescentes que acusaron al cura por abusos sexuales denunció que dos hombres entraron a su casa y, delante de él, después de atarlo con una soga, se probaron su propia ropa, a modo de intimidación. También le robaron una computadora y dinero, pero el especialista descartó en ese momento que se hubiera tratado de un robo común. Días antes había encontrado en el edificio de enfrente una pintada que hacía referencia al cura Grassi.

El 24 de octubre de 2003, “Gabriel” otro de los menores que acusó al cura por abuso sexual –y que ahora sufrió una intimidación– denunció que fue interceptado por dos hombres armados que lo amenazaron para que cambiara su testimonio y favoreciera al sacerdote. “Si no firmás una retractación vas a ser un desaparecido”, fue uno de los aprietes, además de mencionarle: “Te venimos a dar una mala noticia, no podés llegar vivo al juicio”. Además, uno de los agresores le decía al otro: “Pegale un corchazo y dejalo tirado en la zanja”. También le describieron al joven, con exactitud y abundancia de detalles, todas sus actividades: a qué lugares iba, a quién veía o dónde estudiaba. Le dijeron que tenía que firmar una retractación “para sobrevivir”, y que lo mismo debería hacer “Ezequiel”, el otro menor que denunció a Grassi por abuso.

El 2 de diciembre de ese año, “Gabriel” denunció que tres hombres armados forzaron la puerta de su casa, lo golpearon, lo lastimaron con una púa y lo amenazaron de muerte. En la denuncia, identificó a uno de los agresores como una de las personas que en octubre de ese año lo había amenazado diciéndole que cambiara su declaración contra el cura.

El 1 de julio de 2004, otro chico que declaró haber visto un supuesto abuso sexual cometido por el cura fue amenazado en El Calafate por dos desconocidos que le pusieron un arma en la boca y le advirtieron que lo matarían si volvía a testificar en contra del sacerdote. Su nombre ficticio es “Andrés” y también denunció que 20 días antes de ese episodio fue golpeado por otras personas que le “recomendaron” no declarar contra Grassi.

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Los fiscales Míngolo, Nieva Woodgate y Varela, ayer, en una conferencia de prensa.
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