EL PAíS › LAS IRREGULARIDADES DE PALACIOS EN LA CAUSA AMIA, POR LAS QUE SERá PROCESADO

Con maniobras poco finas

Incumplimiento del deber de persecución del delincuente, falsedad y sustracción de prueba son algunos de los delitos por los que está acusado. También tiene en su haber una llamada con el reducidor de autos condenado por el asesinato de Axel Blumberg.

 Por Raúl Kollmann

Jorge “Fino” Palacios tuvo que renunciar porque su procesamiento en la causa AMIA era inminente. Y los delitos que se le imputarán van a ser graves, en especial porque tienen que ver con la función policial: incumplimiento del deber de persecución del delincuente, falsedad, sustracción de prueba, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Más allá de las imputaciones judiciales, Palacios igualmente formaba parte del equipo de investigación del atentado desde los primeros días y como tal tiene responsabilidad profesional en lo que fue un catastrófico fracaso de la pesquisa. Para colmo, a estos elementos se agregó aquella llamada en la que mantuvo un diálogo con Jorge Sagorsky, el reducidor de autos condenado a ocho años de prisión en la causa del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Sagorsky era quien le decía a la banda cuál era el auto que tenían que robar. Con semejante perfil, Palacios estaba inhabilitado para ser jefe de la Policía Metropolitana y con el procesamiento eso saldría a la luz una vez más.

Mauricio Macri y el ministro Guillermo Montenegro volvieron a defender ayer al Fino señalando que en su momento fue condecorado por la DAIA y que recibió honores en el campo internacional. Lo cierto es que el presidente de la DAIA de aquel entonces, Rubén Beraja, con quien aparece brindando en la foto del día de la medalla, también está procesado. Y el juez Juan José Galeano, a cargo de la parte judicial de la causa AMIA, ahora es ex juez y también va camino a un juicio oral acusado de delitos gravísimos, entre ellos privación ilegal de la libertad.

No fue el poder político el que incriminó a Palacios y todos los que integraban el “oficialismo” de la investigación del atentado. El Tribunal Oral fue lapidario: sostuvo que todo fue una gran maniobra, que se le pagó a Carlos Telleldín para que mintiera y que se plantaron pistas falsas al “servicio de políticos inescrupulosos”. Pese a lo que se quiere transmitir públicamente, la Corte Suprema ratificó todo lo dicho en ese sentido por el Tribunal Oral: mantuvo la nulidad de la gran parte de la causa AMIA, aunque ordenó que se revisara lo inicial, antes de que se perpetraran las maniobras y se sembraran las pistas falsas.

En este terreno, el fiscal Alberto Nisman le hace a Palacios –hombre clave de la pesquisa– imputaciones muy puntuales. En la primera semana surgió un sospechoso, Albertito Kanoore Edul. El hombre que había llamado por teléfono a Carlos Telleldín, el último tenedor del motor que apareció entre los escombros. Está dicho hasta el cansancio que Kanoore nunca pudo explicar aquella llamada, pero ni siquiera eso pesa en la imputación contra Palacios. Lo concreto es que el 31 de julio de 1994, o sea doce días después del atentado, se ordenó el allanamiento de tres domicilios de Kanoore Edul. Nisman afirma que los hombres de Palacios estaban frente al domicilio de la calle Constitución a las ocho de la mañana y el allanamiento se concretó a las 17.30, cuando ya todo el barrio sabía lo que iba a ocurrir. También Kanoore se lo hizo saber a un amigo en una llamada que se le interfirió ese día. Como dato adicional, Nisman sostiene que Palacios llamó dos veces a Kanoore. Lo hizo desde celulares que no figuraban en la causa y a teléfonos que tampoco estaban en el expediente. El fiscal concluye entonces que las llamadas fueron clandestinas y seguramente para avisarle. Los testigos judiciales del allanamiento declararon bajo juramento que “el operativo nos pareció muy amistoso”. Palacios es conocido como un duro, un hombre de fortísima personalidad, totalmente alejado de los procedimientos amistosos.

El cuadro de situación que explica la forma de actuar de Palacios está relacionado con lo que Nisman considera una taxativa orden de no investigar a Kanoore, algo surgido por pedido del hermano de Carlos Menem, Munir. Está probado que éste llamó al juez y que el padre de Kanoore estuvo en la Casa Rosada cuyo inquilino, en aquel momento, era su amigo Carlos Menem. Desde ese momento, sin justificación alguna, se cortaron las escuchas telefónicas a Kanoore.

Palacios fue designado al frente de la Unidad Antiterrorista en 1997, a raíz de la durísima protesta de todos los familiares de las víctimas en el acto del aniversario del atentado de ese año. En 1998 llegó a la Argentina una delegación del FBI que realizaría un diagnóstico sobre la investigación. El viaje de los norteamericanos surgió después de un encuentro entre los familiares y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El informe que produjeron los hombres del FBI –20 páginas– contenía una indicación central: vuelvan a investigar la pista Kanoore Edul. O sea que, más allá de los reconocimientos internacionales, el propio FBI estaba señalando que no se investigó como corresponde la pista que, justamente, tenía que investigar Palacios.

El episodio con el reducidor de autos Sagorsky termina de redondear el perfil. “Tenemos que tomar un café”, concluyen, Palacios y él en la conversación después de que Sagorsky le ofrece una camioneta para que vaya a pescar. El papel del reducidor de autos quedó claro cuando se investigó, en serio, la causa Blumberg. De allí surgió que Sagorsky era un hombre de la zona de Warnes y que le indicaba a la banda del Martín “El Oso” Peralta qué autos, de qué modelo y color tenían que robar, porque él seguramente ya tenía cliente. Sagorsky fue condenado por asociación ilícita a ocho años de prisión. Palacios afirma que la difusión de la escucha telefónica fue una jugada de la SIDE en su contra. Tal vez sea así, pero lo concreto es que la escucha fue ordenada por un juez en una causa por robo y adulteración de vehículos y, además, Palacios hablaba con un hombre del que sabía perfectamente que pertenecía al mundo del delito.

El procesamiento que prepara el juez Ariel Lijo no hace más que poner sobre la mesa, otra vez, las acusaciones. En un par de semanas quedaría claro que el hombre que iba a estar al frente de la Policía Metropolitana conducía investigaciones fraudulentas, no allanaba cuando debía allanar, le avisó al sospechoso y, encima, dialogaba con un reducidor de autos sobre la 4x4 que le iba a proporcionar para ir a pescar.

Compartir: 

Twitter
 

SUBNOTAS
 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.