EL PAíS › MIGUEL BONASSO Y CLAUDIO LOZANO

Iniciativas propias

 Por Adriana Meyer

En los últimos días lograron estado parlamentario para ser debatidos en comisiones los proyectos de los diputados Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur). La principal discrepancia que lleva a Bonasso a proclamar que no va a votar “con el Gobierno” radica, una vez más, en la autoridad de aplicación de la nueva ley. Propone que no dependa del Poder Ejecutivo sino del Congreso. También pretende que la Defensoría del Público sea parlamentaria y no dependiente del Ejecutivo, al igual que la adjudicación de licencias y la incorporación de nuevas tecnologías. Pero, como en la propuesta oficial, Bonasso incorporó también los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión de la Democracia.

Por su parte, Lozano confesó que tomó la letra del proyecto oficial y elaboró una versión “mejorada y superadora”, que denominó “las 23 razones de Proyecto Sur para discrepar con el proyecto del Ejecutivo de regulación de la comunicación audiovisual”. En su artículo 2 estipuló que “toda persona podrá requerir a la Autoridad de Aplicación el cumplimiento de las obligaciones previstas por esta ley”, mientras que cuestionó que el proyecto oficial diga “toda persona que acredite interés...”, porque “deja en manos de la autoridad de aplicación el reconocer si existe o no tal interés y le permite excluir a una persona en el ejercicio de estos derechos”. En el mismo sentido estableció que “la renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante” y destacó que el Ejecutivo no les atribuye ese carácter a las audiencias. Y propuso un tratamiento diferenciado de los potenciales licenciatarios del sector, “persona de existencia ideal sin fines de lucro”, porque “no es lo mismo la Fundación Konex que la Asociación Madres de Plaza de Mayo”. Pero la diferencia fundamental que marcó Lozano es dejar afuera del reparto de licencias a las grandes empresas de servicios públicos y telecomunicaciones, y permitir que “sólo las cooperativas o empresas del pueblo” puedan ser proveedoras de contenidos y a la vez distribuidoras de los mismos.

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