EL PAíS › LA HISTORIADORA CECILIA GáRGANO CUENTA CóMO SE DEMOLIó LA OBRA DE GIBERTI

El papel de la SRA en el INTA de la dictadura

 Por Alejandra Dandan

Cecilia Gárgano es historiadora, investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (Unsam) y becaria del Conicet. Estudia lo ocurrido en el INTA durante la última dictadura y, entre otros aspectos, los efectos de la trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados. Para ello analiza lo que sucedió antes del golpe y compara con lo que pasó después.

El secretario de Agricultura y Ganadería de la etapa camporista, Horacio Giberti –señala Gárgano–, impulsaba un conjunto de medidas como el anteproyecto de la Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra para combatir la existencia de grandes latifundios improductivos. “Se buscaba que el INTA no estuviera sólo dedicado a realizar cálculos de costos y administración de haciendas rurales, sino también a problemas estructurales como la concentración de la tierra, la composición de la estructura social agraria o el desbalanceo regional”, indica.

A partir del golpe de 1976, esas políticas se extinguieron. “El decreto 3369/76 suprimió la autarquía financiera, cerraron los posgrados en Economía agraria y Extensión rural, interrumpieron investigaciones en genética y ecología, y los estudios destinados a intervenir en los grandes problemas económicos y sociales del agro”, cuenta la historiadora.

–¿Cuál fue el rol específico de la SRA?

–La SRA tuvo desde sus comienzos un peso importante en la institución, con voz y voto en su consejo directivo, y siempre abogó para que el INTA se limitara a las tareas “técnicas” y se mantuviese al margen de las políticas. En los años previos al golpe protagonizó con otras entidades numerosos paros agrarios y un enfrentamiento abierto a todas las iniciativas del área agropecuaria, a las que calificaban en los principales diarios como ataques a la propiedad privada e “infiltraciones marxistas”, pese a que no eran iniciativas radicales. La Sociedad Rural también aportó integrantes de sus filas como funcionarios del área de agricultura durante la dictadura, momento en que las principales medidas apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes). El histórico desequilibrio entre la región pampeana y el “resto del país” fue también profundizado por las políticas de apertura económica.

–¿Cuáles fueron los beneficios del sector?

–Los productores más grandes y concentrados que representa la entidad mantuvieron su rol como interlocutores y destinatarios de las tareas del INTA en este período, a diferencia de lo que sucedió con los más pequeños y descapitalizados. Esto en un marco donde avanzaba una expansión agrícola centrada en la Pampa Húmeda, cuya contracara fue una crisis profunda y la expulsión de población del campo. En cuanto a la introducción de mecanismos represivos y a su instrumentación, los representantes de la SRA compartieron con el resto del consejo directivo la conformación de un discurso que desplazó la figura del “saneamiento” técnico y vegetal, tan común en la práctica del organismo, al “saneamiento” y “depuración” de la institución. Así, se hablaba en las reuniones de Consejo de “sanear” el organismo, en consonancia con la “racionalización” dispuesta a nivel nacional.

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