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Por Atilio A. Boron

La iniciativa tomada por el presidente Kirchner en el sentido de depurar uno de los cuerpos más desprestigiados de la estructura estatal, la Corte Suprema, ha encontrado un respaldo popular pocas veces visto en la historia política reciente. Librar batalla contra esta Corte es algo que cualquier gobernante honesto y bien intencionado no puede dejar de hacer. Pero la estrategia elegida ¿es la correcta? No parece. En primer lugar, hay una falta de correspondencia entre la radicalidad del ataque contenido en el discurso de anteanoche y el método elegido para concretarlo. Porque, al final de su alocución, lo que quedó en limpio fue una encendida exhortación para que el Congreso haga uso de sus atribuciones y enjuicie políticamente al presidente de la Corte Suprema. Esto supone, y es la segunda cuestión, que la Cámara de Diputados lo acuse –intento en el cual naufragaron anteriores tentativas durante la presidencia de Eduardo Duhalde, que contaba con un fuerte apoyo en el Congreso– y que el Senado finalmente lo declare culpable por una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes.
Visto lo anterior, ¿hasta qué punto se trata de una estrategia acertada? ¿Irá el Congreso a escuchar la exhortación presidencial? ¿No es acaso el Legislativo una institución estatal tan sospechada como la Corte?
¿No debían sus integrantes ocultarse de la mirada pública, por el violento repudio que suscitaban? ¿No se trata, en el caso del Senado, de un cuerpo que hace pocas semanas avaló con su silencio la brutal agresión a las reglas del juego de la democracia política perpetrada por uno de los suyos en Catamarca? ¿No es arriesgado suponer la inexistencia de lazos de complicidad entre muchos de sus miembros y los ministros de la Corte Suprema? Y si el Congreso hace oídos sordos al reclamo del Presidente, ¿estará éste en condiciones de librar una batalla en dos frentes, contra una Corte y un Congreso igualmente desprestigiados ante los ojos del pueblo? Las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. La historia de la democracia argentina contiene lecciones que el Presidente haría bien en recordar. Apenas dos meses después de iniciado su mandato, Raúl Alfonsín tropezó con una inesperada derrota en el Senado cuando envió un proyecto de ley encaminado a democratizar la vida sindical. Este revés lo debilitó irreparablemente y ya nunca más pudo contar con la cuota de poder con la que había llegado a la presidencia. Si bien las situaciones y los personajes no son estrictamente comparables, el riesgo que corre Kirchner no es para nada desdeñable. En su batalla contra la Corte Suprema hubiera sido mejor apelar al pueblo, por la vía de la consulta popular, en vez de a la buena voluntad de los congresistas, personajes que, salvo honrosas excepciones, difícilmente puedan cumplir el papel que el Presidente espera de ellos. En todo caso, lo que se viene es un prolongado conflicto que Kirchner sólo podrá resolver favorablemente si abre los cauces de la participación popular e introduce a la ciudadanía en la pugna de poderes. Si, por el contrario, se encierra en el juego tramposo de la institucionalidad del Estado sus buenas intenciones corren serio riesgo de verse frustradas, lo que erosionaría tal vez sin retorno su capacidad de gobernar.