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El juez español Baltasar Garzón dictó la prisión incondicional y sin fianza del represor Ricardo Miguel Cavallo, alias “Sérpico”, torturador de la ESMA acusado por los delitos de “genocidio” y “terrorismo”. El magistrado resolvió la detención luego de que el ex marino llegara a Madrid y se negara a declarar, tras ser extraditado desde México. Será el primer caso de un ex militar argentino juzgado en España por los crímenes cometidos durante la dictadura. Ayer, su defensor y el fiscal de la Audiencia Nacional solicitaron que fuera excarcelado, pero Garzón consideró que la medida era riesgosa y lo envió al mismo lugar de detención que Adolfo Scilingo. Argumentó que de dejarlo en libertad, Cavallo podría viajar a la Argentina para encontrar impunidad.
“Eludiría la acción judicial con tan sólo huir a su país de origen, en el que de momento no podría ser perseguido por estos hechos por la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, señaló el juez, luego de señalar que los delitos que se le imputan son “de tal gravedad que no dejan opción diferente” a la reclusión. El ex marino permanece ahora en la cárcel de Soto del Real, a 30 kilómetros de Madrid.
En Buenos Aires, los integrantes de los organismos de derechos humanos saludaron la noticia. “Es un logro, un premio a la gente que durante tanto tiempo buscó la justicia y a la vez es un inmenso bochorno y vergüenza para las instituciones argentinas”, consideró el abogado impulsor de los juicios contra los represores en España, Carlos Slepoy, quien está de paso en la ciudad y compartió una conferencia de prensa (ver aparte). “Nosotros siempre hemos dicho que éste no es un juicio que hacen los españoles en relación con crímenes cometidos en la Argentina, sino que es un juicio que está haciendo el pueblo argentino en aquel lugar en que puede hacerlo”.
Cavallo, miembro del Grupo de Tareas de la ESMA, está acusado por 264 desapariciones y 159 secuestros –16 de mujeres embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro clandestino de detención–. Existen al menos 22 testigos que lo identifican como torturador, a pesar de que durante años se amparó en que sus víctimas creían que se llamaba Miguel Angel. El represor fue detenido hace tres años (en agosto de 2000) en México, cuando intentaba fugarse a Buenos Aires después de que el periodista José Vales revelara sus antecedentes en una nota. El torturador estaba haciendo fortuna en el país azteca, donde dirigía el Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Ayer, el diario La Jornada reconstruyó sus últimos minutos en la ciudad, previos a la partida del avión que lo llevaría del otro lado del Atlántico a la base militar de Torrejón. Los encargados del operativo de seguridad, quienes conocían al represor como una persona “altiva y orgullosa, siempre erguida ante las cámaras”, contaron lo que pasó dentro del hangar. “Permaneció en silencio, pero su rostro se fue transformando. Pasó de una supuesta seguridad al desconcierto. Inclusive durante el chequeo médico sus respuestas a los cuestionamientos del médico fueron con voz insegura”, le dijo al diario uno de los funcionarios.
Un fotógrafo del matutino registró los trámites finales para la extradición. Tomó imágenes del marino mientras se desvestía para la revisación médica, luego a punto de iniciar el chequeo, gordo y en calzoncillos, vigilado por un policía, más tarde mientras le colocaban un chaleco antibalas para el traslado, finalmente rumbo a la escalerilla del avión, de espaldas, alejándose entre dos uniformados que lo mantenían agarrado por los brazos. Afuera, los argentinos que se habían reunido frente al hangar le cantaban “te vas, te vas y nunca volverás”. Reunidos desde temprano en el lugar, los manifestantes permanecieron durante tres horas hasta que el avión despegó y lo observaron perderse en el cielo. “Querían verlo partir”, anotó el cronista.
El vuelo llegó a España a las 9.30 de la mañana. Cuando fue conducido a la Audiencia Nacional en Madrid, donde se negó a declarar ante el juez Garzón, también lo esperaba medio centenar de manifestantes convocados por Asociación Argentina Pro Derechos Humanos. El grupo expresó su repudio con carteles en los que se leía “Justicia universal para las víctimas de genocidio”, “Extradición para los 48 genocidas argentinos” y “Que se anulen las leyes de impunidad”.
El represor pidió leer el auto de procesamiento en su contra y luego se negó a declarar. El dictado de prisión que decidió el juez Baltasar Garzón confirma una orden anterior en el mismo sentido, de agosto de 2000. De dejarlo en libertad, una potencial huida a la Argentina “supondría no el cambio de jurisdicción sino, lisa y llanamente, la impunidad del sujeto cuya posibilidad se pretende combatir mediante la aplicación del principio de justicia universal”, consideró el magistrado.
El abogado José Scelzi, defensor del ex capitán de corbeta, consideró “comprensible” que su cliente se haya negado a declarar y atacó a Garzón por considerarlo “sin jurisdicción” en el caso, al que calificó como “una ofensa a la soberanía argentina”. “Ese señor juez que lo tiene sentado y detenido es incompetente, lo sabe todo el mundo. No tiene atribuciones para investigar y decidir sobre supuestos hechos ilícitos ocurridos en la República Argentina”, se quejó.
Los abogados de las víctimas estimaron por su parte que el juicio oral podría comenzar en el primer o segundo trimestre del año que viene, simultáneamente con el de Scilingo, quien confesó su participación en los vuelos de la muerte y luego se presentó voluntariamente ante Garzón.
“Es un momento histórico porque aquí hemos podido culminar y llevar a buen puerto lo que no se pudo con el caso (el dictador chileno, Augusto) Pinochet”, consideró en Madrid Carlos Iriart. Aunque las presiones para paralizar la causa fueron muy grandes, consideró en el mismo sentido Slepoy en Buenos Aires, se pudieron superar por “los centenares de testimonios reunidos en la causa”. Los representantes confían por esto en que “independientemente de las acechanzas futuras” que puedan existir “al juicio no lo para nadie”.