“Considero que en algún momento con la llegada de nuevos ministros al Supremo Tribunal, irá cambiando la posición favorable a la Amnistía (a militares) de los que participaron en actos ilegales durante la dictadura (1964-1985)”, declaró el juez Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño. Lo dijo durante una charla informal en su despacho luego de ofrecer una rueda de prensa a una decena de corresponsales. “Ministro, ¿puedo citar su comentario?”, pregunté. “Hágalo y ponga que me inclino a favor de los juzgamientos”, respondió.

Otro punto tratado en el diálogo del 28 de febrero fue la desventaja de Brasil frente a otros países que participaron en el Plan Cóndor, como Argentina, donde varios represores fueron condenados.

“Acá es distinto a Argentina, incluso a Chile, en general a lo que acontece en toda la región, noso-tros estamos en deuda”, ponderó el titular del Supremo conversando de pie junto a un ventanal desde el cual se divisa, a 300 metros, el Palacio del Planalto, donde despacha la presidenta Dilma Rousseff, ex presa política.

En 2010 el Supremo brasileño desafió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al declarar la constitucionalidad de la (auto)amnistía militar.

“Yo no tuve la misma opinión que la mayoría sobre el fallo de la CIDH, mi posición era minoritaria en 2010”, recordó Barbosa. Desde entonces se jubilaron varios magistrados conservadores, sensibles al lobby castrense y fueron sucedidos por jueces progresistas como el constitucionalista Roberto Barroso, cuya nominación fue avalada este año por Rousseff.

A pesar de que sobreviven en su seno algunas momias, el Supremo renovó prácticamente la mitad de sus cuadros en los últimos años, tornándose algo más permeable al planteo de la CIDH sobre la apertura de procesos.

La semana pasada, luego de casi tres años de relaciones distantes entre el Supremo Tribunal y la CIDH, el juez Barbosa recibió al titular del organismo hemisférico, Diego García Sayán, quien manifestó su esperanza en que más tarde que temprano el terrorismo de Estado será objeto de revisión judicial. “Cada país tiene su tiempo para punir a sus agentes... en Brasil hay un camino abierto”, comentó midiendo cada palabra el peruano García Sayán.

La (auto)amnistía promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que fuera jefe de los servicios de Inteligencia y presunto hombre de Brasil en el Cóndor, conspira al mismo tiempo contra el esclarecimiento de la represión interna y las acciones coordinadas con Argentina, como el Operativo Murciélago, en el que cayeron varios cuadros montoneros, el primero de ellos Norberto Habegger.