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Se votaba anoche la intervención de Santiago y el fin de los Juárez

Diputados había aprobado por 195 votos contra 15 la medida federal. Al cierre de esta edición, el Senado se aprestaba a convertirla en ley. La resolución parlamentaria permitirá designar al interventor. Un debate cruzado por la interna peronista.

Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

La hegemonía del matrimonio Carlos Juárez y Mercedes Aragonés en Santiago del Estero llegó a su fin. Los cincuenta años de dominación, que incluyeron persecuciones políticas, asesinatos y desapariciones fueron prolijamente relatados en la extensa sesión de Diputados. Una abrumadora mayoría, que incluyó tanto al oficialismo como a la oposición, votó la intervención de la provincia. Fueron 195 las voluntades a favor del remedio federal. Apenas 15 lo hicieron en contra. Al cierre de esta edición, el Senado comenzó la discusión y se descontaba la aprobación que permitirá al Ejecutivo designar hoy al interventor federal.
El encargado de justificar el proyecto del Ejecutivo fue el salteño Juan Urtubey. Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reconoció primero que la medida llegó con cierto retraso, aunque aclaró que “no nos podrán acusar de apresurados”. Luego sostuvo que el bloque respaldará la intervención “con dolor y habló como peronista y como miembro de una provincia vecina, pero no podemos mirar para otro lado. Nosotros no tenemos el derecho de intervenir una provincia, tenemos el deber de garantizar el funcionamiento del sistema republicano”. Nadie lo aplaudió.
Luego de que hablara el salteño, se sucedió una interminable cantidad de discursos con similares argumentos sobre la necesidad de la intervención. Los más efusivos provinieron de la oposición, desde donde se recalcaron las contradictorias declaraciones que realizó el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien pocos días antes dijo primero que no existían elementos serios y contundentes para intervenir, para luego mutar su discurso a favor del remedio federal en apenas horas de diferencia. La crítica al funcionario daba cuenta del trasfondo político que tuvo tal determinación luego del tumultuoso congreso partidario del PJ de la semana pasada. La respuesta a este punto desde la bancada oficialista fue el silencio. Sin duda, una reacción más que indicativa de que las heridas están abiertas, porque en otra circunstancias el justicialismo habría impedido incluso los discursos.
El socialista Jorge Rivas se recostó en las contradicciones del oficialismo para acicatearlo. Acusó al bloque del PJ de irresponsable por contar con las pruebas que hoy blanden para justificar la intervención y que recibieron en octubre de 2003. Se refería al informe que entregó en su oportunidad la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y que en ese entonces “tanto Urtubey como el presidente de la Cámara baja (Eduardo Camaño) le quitaron legitimidad porque no llevaban las firmas de los funcionarios que lo elaboraron”. No terminó allí el socialista. Aseguró que la intervención llegó en realidad porque “los Juárez ya no son funcionales al partido gobernante”, a pesar de que estaba comprobado que “bandas parapoliciales funcionan con alto grado de legitimidad fruto de la connivencia y complicidad del poder político” provincial.
El integrante del bloque Convergencia, José Roselli, incorporó al debate un detalle importante que estaba quedando fuera: se refirió al rol que tuvo en la necesidad de la intervención la fuerte participación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que resistió a las bandas parapoliciales y policiales cuyo objetivo era hacerse de tierras para beneficiar a empresarios sojeros. En la misma sintonía habló el representante de la CTA, Claudio Lozano, quien destacó los intereses económicos que generaron los hechos denunciados por el Mocase. Desde el ARI, el legislador Adrián Pérez –que acompañó los argumentos anteriores– intentó incorporar sin éxito el control de la gestión de la intervención federal por parte de la Auditoría General de la Nación.
Curiosamente, la resistencia a la intervención aglutinó a un extraño grupo de legisladores. Desde el PJ, cantaron loas al matrimonio gobernante de Santiago Juan Pinto Bruchmann, Nélida Palomo y Graciela Olmos. El trío desestimó las acusaciones “por inexistentes”. Esta defensa tiene sus razones: el primero está acusado de instigar el ataque a la casa del diputado José Figueroa y las otras están involucradas en estafas a la ANSeS.
Quien también rechazó la intervención fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá; como buen previsor, se negó a considerar que haya elementos para aprobar el remedio federal: “Las mentadas cajas que envió el Ejecutivo sólo hablan del Poder Judicial y se pretende avanzar sobre todo los poderes provinciales”. Por si acaso, el ex presidente buscó generar un antecedente que pueda ser utilizado a favor de su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. El tercero en rechazarla fue Luis Zamora, quien consideró que “la decisión del Gobierno es oportunista, es antidemocrático y además oculta el verdadero problema de Santiago. Acá se habla de falta de justicia, de impunidad pero el deterioro institucional no es de ahora ni tampoco exclusivo de Santiago, sino que es generalizado en todo el país”.
Senadores de Parque Norte
Las cuatro horas que duró la reunión del bloque oficialista en la Cámara alta lo dicen todo. Aunque el tema en cuestión era la intervención federal a Santiago, en el debate se dispararon muchas cuitas. Al punto que los que estaban a favor y en contra de la medida se dividían por partes casi iguales. “Si no viene el ministro Aníbal Fernández a explicarme por qué cambió de opinión del 16 marzo, cuando dijo públicamente que no había motivos para la intervención, yo no voto el proyecto”, dijo en el punto más fuerte el pampeano Rubén Marín. Antes se había escuchado la embestida de Eduardo Menem. También los puntanos se habían pronunciado en contra, por motivos muy distintos.
El jefe de la bancada, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, comenzó a gestionar la presencia del ministro del Interior para disuadir a los rebeldes. Los llamados a la Rosada fueron la constante. El primer horario que se especuló para la presencia de Fernández fue entre las 19.30 y las 20. A las 19.30, cuando se desarrollaba la sesión que trataba el proyecto de ley que regula el ingreso de tropas extranjeras, Marín mostró sus dotes de activista. De una en una, circuló por todas las bancas. Se lo vio hablando con los provinciales, concretamente con el salteño Ricardo Gómez Diez, con Pedro Salvatori y con Luz Sapag, con los radicales Mario Losada y Gerardo Morales, con Carlos Reutemann y con todos los que pudo. El pampeano intentó que, en caso de venir Fernández, reclamaran su presencia en el recinto. Sus movimientos fueron seguidos atentamente por algunos hombres del oficialismo. Finalmente el viaje del ministro no se realizó.
Superada esta instancia, el Senado comenzó a sesionar. Larga fue la discusión por la ley que reglamenta el ingreso de tropas extranjeras. Lo suficiente como para que al cierre de esta edición comenzaran a discutir la intervención al territorio del viejo caudillo.

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