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“Todo el mundo tenía entendido que los jueces federales en lo criminal y correccional recibían sobresueldos, con excepción de la jueza (María) Servini de Cubría”, dijo el ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio, poco antes de dejar su cargo. Por aquel comentario tuvo que declarar ayer como testigo ante el juez federal Guillermo Montenegro, pero no sumó grandes precisiones. Sólo sostuvo que lo poco que sabía “era lo que se escuchaba en los pasillos y lo que contaban algunos abogados”. Así, la causa en la que se investiga si los jueces recibían sobres en negro sigue casi como al comienzo.
El juez Montenegro investiga si los jueces del menemismo recibieron sobresueldos. El expediente comenzó cuando el ex presidente Fernando de la Rúa dijo que él había suprimido el pago. También apuntó a periodistas y fiscales. Pero cuando se le pidió que enumerara a los beneficiaros de las sumas en negro se amparó en el secreto de las leyes de inteligencia. En la causa judicial, hasta ahora nunca aparecieron datos reveladores. El fiscal Carlos Rívolo impulsa que se levante el secreto sobre los fondos de la SIDE para determinar si hubo dinero destinado a Sus Señorías. Pero el juzgado aún no está decidido a avanzar, según supo este diario.
Belluscio ratificó ante Montenegro lo que había dicho en distintos reportajes. Pero aclaró que todo lo que conocía era por chismes, por abogados que no identificó y por las notas de Página/12 publicadas en los noventa. La visita al juzgado duró unos pocos minutos y el ex juez de la Corte se fue tranquilo.
Un expediente por el mismo tema tramita en el Consejo de la Magistratura, el cuerpo que evalúa la conducta de los jueces. El organismo, a través de su presidente, Enrique Petracchi, ya le pidió al Gobierno que libere de secreto el uso de fondos reservados por parte de la central de inteligencia para determinar si se usaron para pagar extras en el Poder Judicial. El planteo fue a comienzos de septiembre pero el Poder Ejecutivo nunca dio una respuesta.
En la causa que instruye Montenegro se presentó espontáneamente el contador Alfredo Popritkin, un ex perito oficial que había elaborado informes de sobresueldos para otros causas. Le advirtió al juez que según sus estimaciones el Ministerio del Interior no podría justificar partidas en negro por 110 millones de dólares, que habrían ido a los jueces. Para los investigadores ese cálculo debe ser tomado con cautela.