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Discípulo de Bussi, con dos causas de secuestros

Acusado en Tucumán por su intervención directa en el secuestro extorsivo del empresario Manuel Pérez, está imputado por la desaparición del empleado municipal Carlos Alberto Rocha durante la dictadura.

 Por Irina Hauser

Héctor Mario Schwab tuvo una conducta coherente durante los últimos treinta años, o más. Las causas que tramitan en su contra muestran que los métodos que cultivó durante el régimen de Antonio Domingo Bussi, donde fue teniente primero de la V Brigada de Infantería y funcionario de Obras Públicas, son los mismos que ofrece como servicio en la actualidad. La Justicia federal de Tucumán lo investiga por su intervención directa en el secuestro extorsivo el 24 de marzo de 1976 del empresario Manuel Pérez, quien estuvo detenido en un centro clandestino y después de liberado sufrió treinta veces más amenazas y presiones para que entregara dinero. Según los testimonios de su familia, el propio Schwab practicaba las extorsiones. En otro expediente, el militar retirado está imputado por la desaparición de Carlos Alberto Rocha, un empleado municipal que dependía de él en la estructura jerárquica.

Extorsión

Pérez era un empresario español adinerado, conocido en Tucumán. Era dueño de Establecimientos Persia, un negocio familiar dedicado al comercio de especias. El mismo día del golpe militar fue secuestrado por una patota que se desplazaba en un ómnibus del Regimiento 19 de Infantería, según relataron a Página/12 funcionarios judiciales con acceso al expediente. Pérez estuvo detenido durante cuarenta y cinco días en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán. A sus hijos, los jerarcas del Ejército y la gobernación les exigían dinero, miles de dólares, para liberarlo. Schwab fue, en un principio, la persona que les indicaron contactar para enviarle remedios y ropa a su padre.

En la búsqueda, uno de los cuatro hijos del empresario primero se entrevistó con el mayor del Ejército, Oscar Angel Capdevila Gordillo, y con el vicecónsul de España en Tucumán, José Antonio Ibáñez Abela. Según narran los testimonios en la causa, a los pocos días el vicecónsul apareció en la casa de la familia: les dijo que para recuperar a Pérez con vida tendrían que pagar un millón de dólares y les “ofrecía” un comprador para la compañía, bajo amenaza de que si no la vendían el desenlace era incierto. Las hijas mujeres de Pérez recurrieron, a la vez, a la gobernación. Allí les exigieron 25 mil dólares para empezar las negociaciones. Ellas hicieron las tratativas con el coronel José María Bernal Soto, que era ministro de Gobierno de Bussi. A él, figura en la causa, le entregaron el dinero. Después de pagar la primera parte, pagaron 120 mil dólares más.

Pérez finalmente fue liberado, pero la historia de las extorsiones no terminó ahí. Los hijos denunciaron que la familia siguió sometida a presiones. Dijeron que Schwab era la persona que se presentó cerca de treinta veces a exigirles plata. Los pagos se concretaron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, el campo de concentración más grande de Tucumán, y en un paseo del Parque 9 de Julio. También el mayor Capdevila Gordillo se presentó en el negocio y retiró un cheque, señalan las fuentes judiciales. Pérez, ya fallecido, llegó a contar que durante su cautiverio el jefe de la policía, el coronel Antonio Arrechea, lo sacaba del lugar y lo amenazaba para que vendiera Establecimientos Persia.

La pesquisa judicial, a cargo del juez Jorge Parache, ya juntó fuertes pruebas. Schwab y el resto de los involucrados serían llamados a indagatoria.

Desaparición

Durante el gobierno de facto, Schwab fue también director de Parques y Jardines de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En otra investigación, que está en manos de la Justicia federal, está acusado de la desaparición de Carlos Alberto Rocha, un empleado municipal del área de obras de ingeniería. Rocha fue secuestrado en la mañana del 27 de abril de1977 cuando trabajaba en una demolición que estaba bajo la supervisión de Schwab. Se lo llevaron delante de sus compañeros.

La denuncia original fue presentada por la hermana de Rocha, Susana. La mujer declaró ante la Justicia que el día posterior a la detención, el esposo de su madre, Carlos Virgilio González, fue a buscarlo a la obra donde estaba asignado. Allí le preguntó a Schwab qué había pasado y le contestó que él no tenía nada que ver, que había actuado la policía de la provincia. Ese mismo día, González fue a la Brigada de Investigaciones, donde pudo ver a Rocha, custodiado por soldados del Ejército. Cuando insistió con su reclamo ante Schwab, la respuesta fue: “Si sigue molestando, lo hago detener a usted y a toda su familia”.

Otro hermano de Carlos Rocha, Ramón, prestaba servicios en el Ejército en aquel momento. Por eso se animó a ir a la casa de Schwab para ver qué pasaba. Un testigo presencial de ese encuentro, Juan Enrique Rodríguez, confirmó que el entonces teniente le contestó que él lo había mandado a detener. Rocha sigue desaparecido.

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Héctor Schwab al hablar en un acto de la promoción 100 del Ejército, que preside.
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