La última vez que el debate sobre el Riachuelo y su polución recobró vida fue hace poco más de un mes, cuando la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto a un grupo de organizaciones no gubernamentales, reclamó la constitución de un Comité de Cuenca integrado por todos los estados involucrados y capaz de tomar decisiones.

Fue en la presentación del Informe Especial de Seguimiento de la cuenca (2003-2005) que el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, denunció que “en dos años la situación ha empeorado: no ha habido avances ni iniciativas ni proyectos para revertir la situación de una zona que es el principal foco de contaminación del país”.

El informe mostraba que a lo largo del Riachuelo-Matanza, donde viven cerca de 4,6 millones de personas, hay unos 140 basurales clandestinos. Además, aseguraba que las obras de desagües pluviales y cloacales realizados en los últimos años o en ejecución “no cuentan con los obligados estudios de impacto ambiental”.

Parte del texto estaba dirigido al Ministerio de Salud de la Nación, que “no realizó los estudios epidemiológicos en la población de la cuenca, lo que impide establecer qué enfermedades derivan de factores ambientales”.

Además de un diagnóstico, la presentación –de la que participaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y la Asociación Vecinos de La Boca, entre otras– pedía la constitución de un comité tripartito que pudiera disponer medidas sobre el Riachuelo.

“Hasta ahora hemos tratado de evitar la judicialización del tema –decía Mondino–. Estamos agotando todas las instancias, pero más tarde o más temprano, si esto sigue así, no va a haber más remedio que recurrir a la vía judicial.”