EL PAíS › PIDIERON SER INCORPORADAS COMO PARTE EN LA CAUSA

Las ong quieren sumarse

Siete organizaciones no gubernamentales se presentaron ante la Corte Suprema de la Nación solicitando ser tenidos en cuenta en la causa que el máximo tribunal lleva por el saneamiento de la cuenca del Riachuelo, como “terceros interesados”. El escrito fue firmado por los representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Metropolitana, Greenpeace Argentina, Fundación Ciudad, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Vecinos de la Boca. En la presentación, no sólo solicitaron ser incorporados como interesados en la causa, sino que pidieron que se ordenen más de veinte medidas de carácter urgente, entre ellas la conformación de un fondo de compensación con fondos provistos por las empresas contaminantes, y medidas urgentes e impostergables de protección a la población de riesgos sanitarios.

La causa, caratulada como “Mendoza, Silvia Beatriz c/Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios”, fue iniciada en 2003 por un grupo de vecinos por las condiciones de vida deplorables junto a la cuenca del Riachuelo. En la movida participaron las ong ahora reclamantes.

“Es un proceso complejo –recordó Andrés Nápoli, de la FARN–. El fallo de la Corte es positivo. Pero el desafío es mayor aún. Hay que monitorear que el plan se cumpla.”

En la presentación, además de ser incorporadas, las ong solicitaron que se cumplieran medidas como la conformación de un comité pericial de expertos, integrado por investigadores del ámbito académico, que deberá intervenir en la aprobación de un plan de Cese de las Actividades Contaminantes, Saneamiento, Recomposición y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Cuenca. Celeridad en el proceso, con mecanismos para una mayor publicidad, oralidad, participación y economía procesal en el manejo de la causa. La incorporación en autos de los 14 municipios y el Ceamse.

Además, pidieron la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, formado con ingresos de las empresas contaminantes de la cuenca, y la intimación a presentar seguros ambientales; la adopción de medidas impostergables, como provisión de agua potable y atención sanitaria urgente a los más jóvenes.

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