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La noche eterna

El 29 de julio de 1966 la dictadura de Juan Carlos Onganía dictó un decreto que ponía fin a la autonomía universitaria y se proponía “eliminar las causas de acción subversiva” en los claustros. En algunas facultades se realizaron asambleas como manifestaciones de oposición. Profesores y estudiantes fueron forzados a abandonar los edificios a golpes. Muchos fueron detenidos.

 Por Diego Hurtado de Mendoza

A comienzos de los sesenta la proscripción del peronismo y las presiones castrenses –crónicas y siempre perentorias– dominaron la escena política. Las universidades no fueron ajenas a este juego de la prepotencia. Después de todo, la autonomía universitaria había sido puesta en vigencia por la dictadura que llegó al poder en septiembre de 1955. Este tortuoso panorama no impidió que algunos sectores de las universidades públicas construyeran una identidad que se pensó a sí misma como solidaria de las mayorías. Cierto vigor y una incipiente excelencia académica se combinaron con un compromiso político entendido como concreción de la “función social” de la universidad y oposición a intereses hegemónicos externos.

Desde las ciencias naturales, “desarrollo” –uno de los conceptos claves de entonces– fue sinónimo de política industrialista e independencia científica y tecnológica. Desde las ciencias sociales, la producción de conocimiento fue pensada como actividad de diagnóstico y transformación de la realidad de país periférico. Ambos tópicos se cruzaban en un escenario atravesado por aluviones ideológicos y programáticos. Humanistas y reformistas, católicos y marxistas, nacionalistas y desarrollistas coincidieron en asignar un papel trascendente a la universidad.

Si bien la clausura final de estos ideales se concretó el 24 de marzo de 1976, la carrera hacia el abismo se inició con el golpe que expulsó a Arturo Illia de la presidencia el 28 de junio de 1966. El gobierno militar de facto hablaba de negligencia administrativa, de fragmentación de la vida nacional y de inhibición del proceso de modernización del país. Los primeros actos reflejos de la dictadura fueron el cierre del Congreso y la Corte Suprema, el control de la prensa y la disolución de los partidos políticos. El golpe de Estado fue recibido con indiferencia por la sociedad. Las universidades fueron el único sector que manifestó públicamente su oposición.

El 29 de julio el gobierno de facto sancionó el decreto ley 16.912, que ponía fin a la autonomía universitaria y obligaba a los rectores y decanos de las ocho universidades nacionales a asumir como interventores dependientes del Ministerio del Interior. El nuevo decreto se había propuesto “eliminar las causas de acción subversiva” en la universidad. Los rectores de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral decidieron renunciar. Los rectores de las universidades del Sur, del Noreste y de Cuyo aceptaron asumir como interventores.

En la UBA, además del rector Hilario Fernández Long, nueve decanos anunciaron sus renuncias. En algunas facultades se realizaron asambleas como manifestaciones de oposición. Como represalia, la misma noche del 29 de julio, policías armados, conducidos por el jefe de la Policía Federal, general Mario Fonseca, irrumpieron en algunas facultades de la UBA –los incidentes más graves se registraron en Filosofía y Letras, Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)– disparando gases y gritando consignas antisemitas y anticomunistas. Profesores y estudiantes fueron forzados a abandonar los edificios a golpes y la gran mayoría fueron detenidos en diversas comisarías.

En la FCEyN, su decano, el meteorólogo Rolando García, había convocado a una reunión del Consejo Directivo, que había votado a favor de dar a conocer una declaración de protesta. En esta facultad se encontraba como profesor visitante el matemático Warren Ambrose, del Massachusetts Institute of Technology. El relato indignado de Ambrose fue publicado por la revista Science y el New York Times.

El periódico norteamericano también reprodujo declaraciones del rector y de algunos decanos de la UBA. Horacio Pando, decano de Arquitectura, sostenía: “Cerca de las 22 horas del viernes, la policía interrumpió en las clases nocturnas en nuestra facultad, gritando obscenidades, ygolpearon a profesores y estudiantes, hombres y mujeres, muchos de los cuales no conocían el decreto”.

El gobierno de facto decidió suspender las clases en las universidades nacionales hasta el 16 de agosto, con excepción de las tres que habían acatado el nuevo decreto, y designar a Carlos María Gelly y Obes como nuevo ministro de Educación. También propuso cubrir los cargos de docentes renunciantes en las universidades nacionales con profesores de las universidades católicas no afectadas por la intervención. Esta iniciativa fue interferida por el manifiesto firmado por 65 profesores de la Universidad Católica de Buenos Aires, donde se afirmaba: “El país necesita científicos y técnicos y éstos pueden producirse sólo si las universidades son eficientes y capaces de conseguir sus objetivos (...) Esto puede ser logrado sólo si se mantienen principios tales como el derecho a la libertad de pensamiento y opinión dentro de la institución (...) El principio de autonomía universitaria es el factor más importante para alcanzar los más altos niveles académicos”.

El New York Times comentaba por esos días que “la mayoría de los 75.000 estudiantes sin clases deambulan en las cercanías de los edificios”, en aparente respuesta a un llamamiento de “líderes izquierdistas” de la “poderosa Federación Universitaria Argentina”, que reclamaba la reapertura de las universidades, buscaba el apoyo en líderes obreros de la CGT y llamaba a “expulsar a la dictadura educativa”.

La ambigüedad en sus manifestaciones públicas fue una de las mejores cartas de la política exterior de los Estados Unidos durante los años sesenta. Mientras que el gobierno norteamericano notificó a Onganía su “consternación y preocupación” sobre lo ocurrido en las universidades y protestó por la golpiza padecida por Warren Ambrose, a comienzos de agosto Lincoln Gordon, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, que como embajador en Brasil había dado su fervoroso apoyo al golpe de Estado de 1964, sostuvo ante la prensa que el ataque a la universidad había sido justificado, porque allí se encubrían agitadores profesionales. Gordon declaró que la reacción de su gobierno por los actos del gobierno militar argentino no pasaban de “una expresión de preocupación” y que no había habido protesta formal y categórica.

El 5 de agosto, Gordon tuvo que aclarar sus dichos. Las páginas de New York Times y de Washington Post reprodujeron sus argumentos: si bien algunas universidades latinoamericanas se habían convertido en “asilos de gángsters”, de “estudiantes crónicos” o de “agitadores profesionales”, los abusos de la libertad académica debían ser corregidos “a través de formas civilizadas y legales” y “no con violentas redadas policiales”.

Las aclaraciones de Gordon, apoyadas públicamente por el secretario de Estado Dean Rusk, provocaron a su vez la reacción del gobierno de facto argentino. El titular de la Cancillería, Nicanor Costa Méndez, presentó a Leonard J. Saccio, encargado de los asuntos norteamericanos en Buenos Aires, sus objeciones a las declaraciones de los funcionarios norteamericanos respecto de las acciones del gobierno de facto sobre las universidades. La nota de protesta incluía un pedido de informe detallado de las mencionadas declaraciones de Gordon y Rusk a fin de analizar si no significaban una interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Argentina. Sin embargo, la tensión era aparente. El New York Times indicó que la protesta no implicaba una “denuncia formal” del gobierno argentino y el Washington Post citó declaraciones de Marshal Wright, funcionario de prensa del Departamento de Estado, quien agregaba que la protesta argentina “no parece requerir una respuesta”.

Finalmente, en el New York Times del 12 de agosto Marshal Wright afirmaba que el profesor Warren Ambrose no había sido seriamente dañado. Por otra parte, Wrigth mencionaba que el gobierno argentino había presentado un extenso mensaje que desautorizaba la acción policial llevada a cabo la noche del 29 de julio y aclaraba que los efectivos habían sido instruidospreviamente para no usar la violencia. De esta forma, el Departamento de Estado norteamericano daba por cerrados los entredichos.

Al día siguiente del ataque a las universidades ya había comenzado a hablarse del peligro de un éxodo masivo de investigadores. El 25 de agosto de 1966, un artículo del New York Times, que llevaba como copete “Reclutadores universitarios listos para ubicar profesores”, anunciaba que algunas de las universidades más importantes de los Estados Unidos, “incluido el Massachusetts Institute of Technology y Harvard, así como sociedades científicas y académicas, han establecido contacto con profesores argentinos en las últimas dos semanas para colaborar con su plan de partida”. Investigaciones posteriores sostienen que como consecuencia de los episodios del 29 de julio renunciaron en la UBA alrededor de 1380 docentes e investigadores. Del total de renunciantes, aproximadamente el 70 por ciento pertenecían a la FCEyN. Más de 300 emigraron hacia otros países.

La universidad que comenzó a demolerse en julio de 1966 persistió en la forma de materia prima tenaz para futuras mitologías académicas. Y los mitos iluminan el pasado selectivamente y lo reinventan en función de los sentidos del presente. La década 1956-1966 fue así interpretada en varias claves, desde momento de audaces idealismos —la universidad era capaz de forjar modelos de país— hasta idílica “edad de oro” del desarrollo científico y tecnológico.

El retorno de la democracia en diciembre de 1983 mostró que en el imaginario de muchos profesores e investigadores persistía como grado cero de toda política universitaria la recuperación de la universidad de los sesenta. Los debates sobre ciencia básica versus ciencia planificada fueron retomados. Como si Martínez de Hoz y la patria contratista nunca hubieran existido. El anacronismo resultó evidente a comienzos de los noventa, cuando la “revolución cultural” neoconservadora comenzó a promover los diagnósticos de organismos financieros internacionales sobre la educación superior en América latina. Algunos especialistas latinoamericanos se encargaron de traducir los valores del mercado a un lenguaje progresista.

La universidad de los sesenta es una historia sin final, una potencialidad que nunca será acto. Entre otras cosas, eso es el subdesarrollo: historias inconclusas, sentidos inciertos. En todo caso, la universidad de los sesenta aporta indicios reveladores para la autoestima de una tradición científica y académica que todavía busca la clave de su destino, que todavía se pregunta cómo hacer para que el conocimiento producido en las universidades redunde en capital social y cultural y en producción de riqueza.

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