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La ciudad de Buenos Aires se quedó sin subtes, desde ayer a la tarde, después de que la policía reprimiera una manifestación de trabajadores de la empresa Metrovías, frente a la Legislatura porteña, y los delegados gremiales de la empresa dispusieran un cese de actividades que amenaza con prolongarse hoy. Fue el resultado de la pulseada por decretar la insalubridad del trabajo en los subterráneos y reducir la jornada de trabajo en esa actividad a seis horas. En la puja, resultaron derrotados los trabajadores, que se quedaron sin el horario reducido, fueron apaleados por la policía y ahora pesa sobre ellos una amenaza de despidos por realizar un paro en medio de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
Ajenos al conflicto, los pasajeros del subte se encontraron con que el servicio estaba paralizado, justo a la hora pico de la salida del trabajo. Primero se detuvieron los trenes de la Línea C, a las 16.15, y luego el resto de los ramales, incluido el Premetro. La decisión fue adoptada por el cuerpo de delegados de Metrovías, después de que un trabajador de la empresa y un militante del Polo Obrero –que acompañó la protesta– resultaron heridos por los bastones de la Policía Federal. Los dos hombres fueron tasladados en una ambulancia al Hospital Argerich: uno fue dado de alta pero el otro permanece en observación, con traumatismo de cráneo.
Todo había comenzado horas antes, cuando la Legislatura dispuso restringir el acceso de público a la sesión donde debía decidirse si se rechazaba o no el veto del Ejecutivo porteño a la ley que disponía la jornada de seis horas. Por mayoría, se decidió que entrarían dos invitados por legislador, es decir, un máximo de 120 personas. El objetivo: evitar incidentes como los registrados en la sesión del martes último.
Los trabajadores, apoyados por los legisladores de la izquierda y del ARI, presentaron un recurso de amparo y la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara les dio la razón: dispuso declarar nulo el límite impuesto por la Legislatura y permitir el acceso de los manifestantes al recinto.
Cuando la jueza llegó al Palacio Legislativo para notificar la resolución, los trabajadores intentaron ingresar con ella. La entrada del edificio, por la calle Perú, estaba acordonada con vallas y una doble hilera de policías. Fue en ese instante cuando se produjeron empujones. Un trabajador –guarda de la Línea E de subtes– recibió un golpe en la cabeza y terminó tendido sobre el empedrado, con un tajo en la frente, sin conocimiento.
Los delegados de Metrovías dispusieron de inmediato un paro de actividades, que comenzó a cumplirse pocos minutos después. Y reclamaron al titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Manuel Palacios, que extendiera la medida al transporte de colectivos. Pero el gremio ni siquiera respaldó el paro en los subtes: Mario Calegari, secretario de Prensa de la UTA, advirtió que el sindicato respetará la conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo el 10 de octubre último, cuando los trabajadores cumplían paros sorpresivos. “No queremos exponer a los trabajadores para que sean despedidos con causa justificada”, argumentó.
En Metrovías trabajan 2500 personas, de las cuales 1700 realizan tareas operativas –conductores de trenes, guardas y talleristas– y otras 800 hacen trabajos de oficina. Juan Bautista Ordóñez, vocero de Metrovías, informó a este diario que la empresa estaba enviando intimaciones a los empleados para que retomen sus tareas. “De lo contrario, se adoptaran las sanciones que correspondan, entre ellas, el despido”, agregó.
La tensión continuó en la puerta de la Legislatura, mientras que en el interior, los diputados –con el apoyo del peronismo, el Frente Grande y la UCR– resolvieron rechazar la resolución de la jueza. El ARI y la izquierda votaron en contra.
Empezó entonces el debate de fondo: si se rechazaba el veto del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, a la ley que disponía la jornada de seis horas ose lo aceptaba. Los diputados oficialistas (de la UCR y FG) en su mayoría habían votado a favor de la ley, hace dos meses, pero después del veto de Ibarra decidieron respaldar al Ejecutivo. Para ello, hicieron propio el argumento con que el jefe de gobierno vetó la norma: la declaración de insalubridad es una atribución del Poder Ejecutivo, que debe hacer los estudios correspondientes, intimar a la empresa para que mejore las condiciones de trabajo y luego, si no se cumplen estos requerimientos, decretar la insalubridad.
Ese fue el principal reproche que el Ejecutivo les hizo a los legisladores: decretar la insalubridad de las tareas sin estudios técnicos que respaldaran la decisión. Los diputados que apoyaron la norma, a su vez, reivindican el derecho de la Legislatura a regular las condiciones de trabajo en un servicio de la ciudad, concesionado a una empresa privada.
Para rechazar el veto y ratificar la ley se necesitaban 40 votos. La oposición reunió apenas 26 y el oficialismo 20, por lo que la norma fue archivada. Ahora, el debate empieza de nuevo: el diputado Fernando Caeiro –el único radical que ayer apoyó le ley– presentó un nuevo proyecto para establecer las seis horas, pero sin hacer mención a la insalubridad.