Juan Carlos Alvarez vive con ocho de sus once hijos, su mujer y uno de sus nietos en el departamento “T”, del cuarto piso, en la unidad funcional 18 de un edificio de Ingeniero Huergo al 1100, propiedad del gobierno porteño. Tiene casi 70 años y, durante 14, barrió las calles de la ciudad de Buenos Aires como empleado de la empresa Manliba. El 18 de julio de 1994, cuando la AMIA estalló, estaba trabajando a metros de la mutual judía. Pese a que su cuerpo quedó marcado para siempre con una discapacidad del 72 por ciento, no recibió ni un solo peso del subsidio del Estado como tampoco indemnización de la compañía. Hace un mes, sin embargo, Alvarez denunció que “me mandaron una orden de desalojo. Parece que la familia Macri está en mi contra. Primero el padre –Franco, ex propietario de la recolectora de residuos– me prometió que iba a pagar la educación de mis pibes. Y no cumplió ni con la primera cuota. Ahora, el hijo –Mauricio, actual jefe de Gobierno– quiere dejarme en la calle”, sostuvo Alvarez, en diálogo con Página/12. Por el momento y gracias a un recurso de amparo presentado por la abogada Mariana Levi, la familia Alvarez aún duerme bajo techo.

Viste todavía como barrendero: zapatos reforzados, pantalón de trabajo, campera azul con el logo de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y un pequeño bolso cruzado sobre el pecho. “No me acostumbro a estar desocupado, trabajé desde los 12 años”, admitió Alvarez. No obstante, su andar parece el de un vagabundo y su imagen casi la de un linyera. Desde hace 15 años, el hombre y su familia sobreviven con los 300 pesos de una pensión graciable, gestionada por ex diputado alfonsinista Marcelo Stubrin. Hace más de dos décadas, fue también Stubrin quien realizó los trámites para conseguirle una vivienda en el cuarto piso del departamento de la calle Ingeniero Huergo.

Pero, a principios de julio de 2009, “llegó al domicilio de los Alvarez –también al resto de los supuestos “usurpadores” del edificio de San Telmo– una cédula del gobierno de la ciudad que los intimaba a dejar el departamento. Y, en caso de que no lo hiciesen, los iban a desalojar compulsivamente”, confirmó a este medio la abogada Levi. Hasta la gestión de “(Mauricio) Macri sólo nos mandaron cartas documento para que pagáramos el canon, una especie de alquiler. Ahora directamente nos quieren desalojar”. El relato de Alvarez se vuelve aún “más problemático” si se tiene en cuenta que el canon a pagar por el departamento municipal equivale al “cinco por ciento” del sueldo que percibía el ex barrendero antes de la explosión de la mutual judía, cuando trabajaba en Manliba.

Después del atentado a la AMIA, según Alvarez, “la empresa de (Franco) Macri me dejó sin nada. Solamente, cuando estaba internado en el Hospital de Clínicas (durante un año y medio) me depositó la mitad del sueldo, sin aportes jubilatorios y mucho menos horas extras. Aunque trabajé 14 años para él”. Tampoco, “desde el accidente pude volver a trabajar”, dijo el hombre y, para probarlo, literalmente mostró sus heridas. No sólo se traslada de lugar en lugar con la ayuda de una muleta, sino que aún tiene cicatrices que le recuerdan el estallido en sus brazos, piernas y abdomen. “Por el dolor, muchas veces no puedo dormir, así que me recetaron medicamentos muy fuertes (microzepan y quetiapina) para poder, por lo menos a la noche, pegar un ojo”, detalló Alvarez a Página/12.

Pese a que el ex barrendero fue uno de los más de 300 heridos-sobrevivientes del atentado, todavía no recibió los 35 mil pesos que el Estado argentino les otorgó a las víctimas en forma de subsidio. Con el argumento de que la explosión de la AMIA fue un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible, “hace poco menos de un año inicié el trámite para que Alvarez pueda tener, después de tanto tiempo, la plata que le corresponde. El problema fue que al estar tanto tiempo en el hospital y sus hijos ser en ese momento muy chiquitos, nadie hizo el papeleo correspondiente para que cobrara el subsidio”, admitió Levi.

A partir de un recurso retórico constitucionalista, la abogada Levi pudo, además, frenar por un par de meses la amenaza de desalojo compulsivo y administrativo que recaía sobre la vivienda de Alvarez: “El jefe de Gobierno no puede dejar a nadie sin hogar, no es un juez. El artículo 1º de la Constitución Nacional reconoce y brega por la división de poderes”, confirmó la letrada. Entonces, como ningún poder se puede otorgar facultades que le competen a otro, “(Mauricio) Macri todavía no me pudo echar. Espero poder tener la plata necesaria para la mudanza y el nuevo alquiler para toda mi familia, antes que el Gobierno me saque por la fuerza”, concluyó Alvarez con cara de medio triunfo.

Informe: Mariana Seghezzo.