“La problemática de la violencia contra los jóvenes que viven en los barrios pobres no es algo que dependa sólo del gobierno de turno. Desde el comienzo de la democracia vienen sucediendo miles de casos de torturas y desapariciones. Nadie supo o nadie quiso desde el poder buscar las soluciones. Somos nosotros, como sociedad, los que tenemos que salir a defender a esos pibes y exigir que se tomen las medidas necesarias para buscar esas soluciones de fondo.” Desde la desa-parición de Luciano Arruga, el 31 de enero de 2009, su hermana Vanesa Orieta se convirtió en la lúcida representante de una familia que pide justicia “no a título personal, sino que a través de Luciano, pedimos justicia para todos los casos de violencia institucional ocurridos en el país”, dice Vanesa. Ayer, desde el mediodía y hasta la medianoche, en cuatro cuadras del barrio bonaerense de Lomas del Mirador, miles de personas participaron de la Cuarta Jornada Cultural en Defensa de los Derechos Humanos de los Pibes, que se realiza cada año para recordar a Luciano Arruga y a centenares de casos ocurridos en el país y que todavía no fueron resueltos por la Justicia.

El encuentro, que fue transmitido en vivo por radios y medios audiovisuales comunitarios, contó con la participación de representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y numerosas entidades comunitarias. Durante la jornada se realizaron radios abiertas, hubo carpas con espectáculos infantiles, shows de clown, intervenciones teatrales, talleres de serigrafía para estampar leyendas o fotos en remeras o banderines, charlas con familiares de víctimas, sobre la criminalización de la pobreza y sobre la necesidad de defender los derechos humanos “ayer, hoy y siempre”.

La actividad fue cerrada con un recital en el que tocaron las bandas Pacífico, Stan Natural, La Pueblada, Las Manos de Filippi, Mantra Pumba, Espartanos, Anarkumbia Tirapiedras y Jamaicaderos. Sobre el ciere se proyectó el corto documental Ese pibe no robó y el grupo Salta la Banca hizo la presentación de la copla “Canto obligado por Luciano Arruga”. El escenario principal, donde se hicieron las conferencias, se instaló a metros de la casa de la calle Comisionado José Indart al 100, donde funcionaba el hoy clausurado Destacamento Policial donde fue detenido y torturado el chico Arruga. Hoy cuenta con una custodia de la Gendarmería para “intentar preservar lo poco o mucho que pueda quedar como prueba de lo ocurrido allí en relación con la desaparición de Luciano”, explicó el abogado de la APDH y de la familia Arruga, Juan Manuel Combi.

Decenas de pancartas y carteles se instalaron en las cuatro cuadras donde se realizó la jornada, sobre la avenida San Martín, entre Mosconi e Indart, y sobre la misma Indart. “Ni en los funcionarios, ni en los jueces, la esperanza está en la lucha”, “Luciano Arruga desaparecido en democracia” o “La verdad nos hará libres” eran algunas de las leyendas presentes en la concentración. El público, en su mayoría jóvenes, se renovaba en forma permanente y recorría la muestra, participaba en las charlas o hacía llegar su solidaridad a las familias de otras víctimas de la violencia policial, presentes en el encuentro.

Entre otros casos, fueron recordados los de Jorge Alberto Pilquimán (24), quien apareció muerto flotando en los piletones del Puerto San Carlos, en Bariloche, luego de ser sacado a los golpes por guardias de seguridad del boliche Babilonia; los casos de Jonatan Brasante (17), Claudio Suárez (19) y Adrián Rodríguez (21), tres jóvenes asesinados en Rosario por un grupo dedicado al narcotráfico que cuenta con amparo policial; el de Matías Bernal, asesinado por el policía Hernán Biasotti, quien fue absuelto en primera instancia, en un fallo que fue apelado ante la Cámara de Casación Penal, y el de Jonathan Ezequiel Lezcano, quien está desaparecido y que fue visto por última vez, junto con un amigo suyo, en la Villa 20, en el barrio porteño de Villa Lugano.

En relación con el caso de Luciano Arruga, se recordó que los querellantes están a la espera de un pedido para que la investigación pase a manos de la Justicia Federal como un hecho más de “desaparición forzada de persona”. El informe estuvo a cargo de los abogados Juan Carlos Combi, que representa a la familia, y Eva Asprella, del CELS, acompañados por Vanesa Orieta y por el presidente de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel. La hermana de Luciano hizo una introducción en la cual planteó que la solución “a la ‘inseguridad’ en los barrios pobres, no pasa por invertir 400 millones de pesos en las policías municipales, sino en instrumentar talleres donde los pibes puedan estudiar, aprender un oficio, practicar deportes y tener un futuro”.

Como cierre se leyó un docu-mento firmado por más de cincuenta organizaciones comunitarias en el cual se recordó que a Luciano Arruga lo hicieron desa-parecer en el ex Destacamento de Lomas del Mirador, creado “a pedido de los vecinos que reclamaban ‘seguridad’”, luego de varios meses de “ser hostigado, amenazado y detenido sistemáticamente por negarse a robar para un grupo de efectivos” de esa misma dependencia policial. Recordaron que el secuestro y la desaparición se produjeron “en medio de una campaña mediática y política contra la inseguridad, cuyas principales propuestas eran bajar la edad de imputabilidad, instaurar la pena de muerte y minar los barrios de policías”. De esa campaña participaron sectores políticos locales relacionados con Francisco de Narváez. Entre otras demandas, denunciaron que los ocho policías que habrían tenido participación en el caso Arruga “siguen trabajando en otras comisarías del conurbano”. Reclamaron respuestas sobre éste y otros casos, al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires.