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Todas las escuelas privadas bonaerenses quedaron exceptuadas de brindar educación sexual a sus alumnos. Así los dispuso el gobernador Felipe Solá al vetar, por decreto, un artículo de la flamante Ley de Salud Reproductiva –sancionada por la Legislatura provincial– que obligaba a los colegios de gestión privada, confesionales y laicos, a cumplir con los objetivos de la norma, entre otros, brindar información para prevenir embarazos y contagio de sida en adolescentes. No sería la única limitación sobre los jóvenes. El subsecretario de Salud, Oscar Fariña, reveló anoche a Página/12 que estudian exigir “el acompañamiento de los padres para entregarles anticonceptivos a los mayores de 14 años en los hospitales de la provincia”. Ambas noticias opacan el lanzamiento de la ley que, con bombos y platillos, hará hoy a la mañana el gobernador Solá en el Teatro Argentino de La Plata, en un acto al que concurrirá el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
El veto del gobernador “es una violación al derecho a la información y a la salud contemplados en la Convención Internacional de Derechos del Niño”, consideró Cecilia Correa, coordinadora de la Red Nacional de Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, una entidad que nuclea a 16 grupos de chicos y chicas de todo el país que trabajan en prevención. “Que un chico vaya a un colegio privado no implica que no tenga vida sexual ni derecho a tenerla. Tampoco lo exime de tener un embarazo o infectarse con VIH”, agregó Correa, en diálogo con este diario. En algunos municipios bonaerenses, 2 de cada 10 bebés que nacen tienen madres menores de 18 años, según informó el subsecretario Fariña. Los abortos incompletos son la segunda causa de internación en la provincia.
Solá fundamentó el veto del artículo 7 de la ley 13.066, sancionada el 28 de mayo, en que “contraría el principio de libertad religiosa imperante en la provincia, pues obliga al cumplimiento del Programa (de Salud Sexual y Reproductiva) sin tener en cuenta las convicciones y acciones personales”. Entonces, “quien, por ejemplo, asistiera a un establecimiento privado de educación católica se vería obligado, contra su voluntad y más, contra la voluntad de sus padres, a participar en temas que pudieran entrar en conflicto con sus creencias”, señala el decreto Nº 938, firmado por el gobernador el 17 de junio. Pero Solá dejó fuera del alcance de la ley no solo a las escuelas religiosas sino también a las laicas. Entre ambos tipos suman el 37,5 por ciento de los alumnos del EGB y Polimodal de la provincia. La amplia mayoría de estos colegios recibe subsidios del Estado bonaerense.
El fuerte lobby de la Iglesia Católica consiguió la misma excepción sobre los establecimientos educativos privados en la ley nacional de salud sexual y reproductiva. En el caso bonaerense, la presión de la jerarquía eclesiástica no había tenido éxito entre los legisladores. Los sectores más conservadores del catolicismo apuntan ahora a lograr algo que no consiguieron en la reglamentación de la ley nacional: restringir a los adolescentes el acceso a los anticonceptivos. “Estamos recibiendo llamados de padres que nos sugieren que los adolescentes no puedan acceder en forma directa a los métodos”, reconoció el subsecretario de Salud bonaerense, en declaraciones a Página/12. “No lo tenemos definido. Pero estamos estudiando si en la reglamentación se les va a exigir a los mayores de 14 años acompañamiento de los padres para recibir anticonceptivos”, reveló.
Las limitaciones que se pretenden imponer sobre los jóvenes quitan brillo al hecho histórico que significa la implementación en el territorio bonaerense del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Por primera vez en la provincia se empezarán a distribuir gratuitamente anticonceptivos en los hospitales públicos. “Ya empezamos a entregar 75.000 dispositivos intrauterinos (DIU) y 260.000 tratamientos por vía oral. En total, tenemos previsto repartir en los centros de salud, de aquí a fin de año, 25.000 DIU y 3.240.000 orales más, 100.000 anticonceptivos inyectables y 3.500.000 profilácticos”, precisó Fariña. “Es una ley que el sistema desalud necesitaba para evitar embarazos no deseados y reducir la cantidad de abortos”, destacó el subsecretario. Los alcances del programa serán presentados hoy por Solá, a partir de las 10.30, en un gran acto en el Teatro Argentino, de La Plata, al que concurrirá el ministro de Salud de la Nación, legisladores, funcionarios provinciales, representantes de Unicef y de ONG.