SOCIEDAD › EL ABOGADO DE UNO DE LOS RESCATISTAS SOSTIENE QUE EL CASO DEBE TRATARSE COMO HOMICIDIO DOLOSO

“Para nosotros el incendio fue intencional”

El abogado Miguel Arce Ageo representa a la familia de Pedro Baricola, uno de los dos rescatistas de Defensa Civil que murieron durante el incendio de Barracas. Acusa a la empresa pero también a la Ciudad, porque los rescatistas no debían estar en la zona de riesgo.

 Por Raúl Kollmann

“Para nosotros esto se encuadra en homicidio doloso. El incendio fue intencional. Hubo un agente provocador.” El abogado Miguel Arce Ageo representa desde ayer a la familia del integrante de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Baricola, fallecido en la tragedia de Barracas. “Como primera medida, queremos saber qué empresas guardaban cosas en el depósito de Iron Mountain. Y, además, hay responsabilidad penal adicional en la cuestión de las inspecciones al depósito y en otro factor clave: por qué estaban ahí los integrantes de Defensa Civil. No hay razón para que estuvieran en esa posición.”

Durante la jornada de ayer, la fiscal Marcela Sánchez, que transitoriamente está a cargo del caso, continuaba ayer con el análisis de las comunicaciones entre el 911, la Policía Federal, Bomberos y el Servicio de Emergencias. Al mismo tiempo, Sánchez le tomó declaración al bombero voluntario Antonio Sette, quien ya dijo públicamente que los sistemas antiincendios no funcionaron, incluyendo dos mangueras que encontró desplegadas y que, según él, “el chorro no llegaba al metro y medio”. Los otros testimonios que tomó la fiscal ayer fueron los de Maximiliano Merele, ayudante de la Policía Federal, que fue de los primeros en llegar al lugar, y el principal Daniel Díaz, que resultó herido en el derrumbe, es decir que estuvo al lado de los que fallecieron.

Arce Ageo mantuvo un diálogo con el programa de Mónica y César de Radio del Plata y diagnosticó que “para una empresa de esa envergadura y experiencia internacional, el incendio no es una hipótesis cualquiera. Es una hipótesis de máxima importancia. De manera que no puede ser casual que los sistemas antiincendio no funcionaran. Pero, además, los peritos que trabajan con nosotros señalan que hubo un agente provocador porque se buscó que de inmediato la temperatura levantara a más de 400 grados”.

El letrado va por la calificación más dura, el homicidio doloso, que es homicidio intencional, justamente porque considera que el fuego fue puesto en marcha “por un tercero”, según explicó. Su razonamiento apunta a que alguien quiso quemar los archivos que había en el depósito de Iron Mountain y es por eso que pide un informe sobre las empresas que guardaban documentación en ese depósito.

Ayer todavía estaban trabajando los bomberos en el lugar. Recién después la fiscal autorizará a entrar a los peritos. Todo indica que depositará la principal responsabilidad, como peritos oficiales, en la División Pericias de los Bomberos de la Policía Federal. La cuestión puede traer alguna resistencia de los abogados querellantes ya que en esto los bomberos de la Federal serán jueces y parte: un punto importante es si los efectivos actuaron correctamente o las muertes se produjeron por un accionar defectuoso. Arce Ageo, por ejemplo, tiene el punto de partida de que Baricola, integrante de Defensa Civil, así como el otro fallecido de esa dependencia, José Luis Méndez, estaban en un lugar que no correspondía. En el Plan Director de Defensa Civil dice que los integrantes de ese cuerpo no deben estar en la “zona de impacto”, que es la del siniestro propiamente dicho. Allí sólo pueden actuar los bomberos o policías federales. Defensa Civil –dice el Plan– debe estar en la “zona de influencia”, que debe ser delimitada por el Comando del Operativo. En ese lugar, Defensa Civil “debe implementar un área apropiada para ubicar los cuerpos de las víctimas”. Arce Ageo interpreta que el lugar, pegado al muro del incendio, no era donde debía estar Baricola. También algunos de los integrantes de Defensa Civil protestaron el mismo día del incendio por la falta de un protocolo claro.

De todas maneras, Arge Ageo planteará la cuestión más álgida que involucrará a funcionarios del Gobierno de la Ciudad: los controles sobre el depósito. Este diario publicó el testimonio del inspector Edgardo Castro, de la Subsecretaría de Trabajo porteña, que ordenó la clausura de un depósito de Iron Mountain justamente por no tener condiciones adecuadas en materia de prevención de incendios. La Agencia Gubernamental de Control, que es otra dependencia, dice que sí inspeccionó el depósito, pero habrá que ver qué dicen las actas, porque la realidad es que los sistemas no funcionaron.

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Dos rescatistas murieron junto a siete bomberos cuando se derrumbó sobre ellos uno de los muros.
Imagen: DyN
 
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