SOCIEDAD › A LA JUSTICIA POR LA MUJER QUE DIO A LUZ EN EL BAÑO

Denuncia contra un hospital cordobés

El Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde el domingo pasado una mujer tuvo que parir sola sentada en un inodoro por falta de atención médica, fue allanado tras la denuncia penal radicada por la legisladora Liliana Montero contra siete médicos de ese centro asistencial.

En el procedimiento, llevado a cabo por orden del fiscal de feria Rubén Caro, se secuestraron las historias clínicas relacionadas con la situación vivida por Verónica Tabárez, de 33 años, quien dio a luz en el baño de la guardia de ese centro asistencial.

La denuncia de la legisladora Montero, por el presunto delito de omisión de auxilio y abandono de persona, fue presentada contra siete médicos del Hospital Materno Neonatal, quienes estaban de guardia el domingo pasado. Hay un video en el que “se ve claramente que esta mamá, además de tener que parir en el baño, después es sometida al maltrato y al reto de quien le dice: ‘¿por qué no vino antes?’”, aseguró Montero.

La legisladora recordó que Tabárez estuvo en el hospital “una hora y pico con contracciones” antes de verse obligada a parir en el baño, algo que “es inadmisible y la acción de la Justicia tiene que ver con esto, con marcar un punto de inflexión”. “Como funcionaria pública no puedo mirar para otro lado. A mí no me importa si el resto de los funcionarios públicos lo hacen, acá ha habido una situación gravísima que es inadmisible en un hospital público”, agregó. Por su parte, Carlos Nayi, abogado de la legisladora, señaló que “lo que hoy se viene a formular es una denuncia penal, porque en este hecho ha existido una actitud abandónica” por parte de los médicos. Destacó que esta figura penal está prevista en el artículo 106 del Código Penal, “que establece omisión de auxilio y abandono de persona”. Añadió que el código prevé que “toda aquella persona que colocare en situación de riesgo, en este caso los médicos, a otro ser humano colocado en situación de vulnerabilidad y afectando la integridad física y la vida de una persona puede enfrentar una pena que va de dos a seis años de prisión”.

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