Tres guardias penitenciarios fueron condenados a penas de entre tres y cinco años, mientras que otros seis fueron absueltos por la muerte de 40 presos tras un motín e incendio en el Penal de Varones de la capital santiagueña. La Masacre del Penal ocurrió en 2007 cuando un grupo de detenidos se amotinó para protestar por las requisas vejatorias a las que eran sometidas sus visitas –obligaban a sus mujeres a desvestirse para entrar– y, según coincidieron los testigos, los guardias bloquearon las puertas de salida. Familiares y organizaciones de derechos humanos protestaron en la puerta de los tribunales locales por lo que consideraron una condena insuficiente y “un fallo vergonzoso”.

La Justicia santiagueña dio a conocer ayer su veredicto en el marco del juicio oral por el motín e incendio que ocurrió el 7 de noviembre de 2007 en el pabellón 2 del Penal de Varones de la capital provincial. La Cámara del Crimen de Tercera Nominación condenó a los guardiacárceles Carlos Salomón a cinco años de prisión, Mariano Arturo Cuellar, a cuatro, y Manuel Ocampo, a tres, además de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por 10, 7 y 5 años, respectivamente. En la misma resolución judicial se absolvió a Segundo González, Osvaldo Matías Martín, Carlos Sánchez, Adrián Bellido, Juan Coronel y Andrés García.

Al escuchar la resolución, unos 50 familiares de víctimas, acompañados de dirigentes de organismos de derechos humanos, protagonizaron incidentes en la planta baja de los Tribunales de la capital santiagueña por considerar que se trató de un fallo insuficiente. María Josefina Sosa, tía de una de las víctimas, sostuvo a Página/12 que los familiares consideran que el fallo constituye “una segunda masacre”. “Nos parece una vergüenza una condena de cinco años para los responsables de la muerte de 40 personas, que fallecieron de la peor manera. Perdimos a nuestros chicos y esperábamos tener justicia, ahora no tenemos nada”, agregó Sosa.

Luego de la lectura de la sentencia, Salomón y Cuellar, que habían llegado al juicio en libertad –igual que los demás imputados–, fueron detenidos y alojados en la Escuela Policial Coronel Lorenzo Lugones para el cumplimiento efectivo de la condena.

“Se trata de la mayor tragedia carcelaria del país después de la del penal de Magdalena y no hemos obtenido justicia. Como siempre, la condena es para perejiles y para conformar a la querella con una pequeña satisfacción”, señaló Antenor Ferreyra, presidente de la delegación santiagueña de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La delegación que preside Ferreyra elabora informes periódicos sobre las condiciones de las cárceles en Santiago del Estero y acompaña a las familias de las víctimas de este y otros casos de violencia institucional en procesos judiciales. “La Asamblea viene denunciando hace mucho tiempo las condiciones de los penales en la provincia, entre los fallecidos del motín de 2007, por ejemplo, había un NN que no se explica cómo podía estar detenido y un preso que había cumplido su condena pero seguía encerrado por meras cuestiones burocráticas”, señaló el responsable de APDH en Santiago del Estero.

La noche del 7 de noviembre, un grupo de detenidos, en su mayoría procesados, prendió fuego colchones como protesta por las requisas vejatorias que padecían sus visitas y por los malos tratos recibidos. El fuego se volvió incontrolable en el pabellón 2 y, de acuerdo a los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas, los efectivos trabaron las puertas con candados, lo que impidió que los detenidos pudieran escapar, y bloqueó la ventilación. El incendio se extendió a los pabellones 1 y 3 y derivó en la muerte de 40 presos por quemaduras y asfixia provocadas por el fuego y la inhalación del gas que despidieron los colchones de poliuretano. La mayoría de las víctimas falleció dentro del edificio penitenciario y el resto, en el Hospital Regional.