Hoy, en el juzgado del juez federal de Salta Julio Bavío, se aguarda la presentación a indagatoria del imputado como cabeza de una organización dedicada a cobrar coimas y dádivas a acusados de narcotráfico para favorecerlos en el proceso. Se trata del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que había sido mencionado para integrar la pomposa Comisión judicial de lucha contra el narcotráfico creada por la Corte el 27 de octubre pasado, una semana antes de que la Policía de Seguridad Aeronáutica allanara el juzgado de Orán, realizara otros 15 allanamientos en Orán y Salta capital y detuviera al secretario de Reynoso y a otros cinco abogados. Claro que aguardar la presentación no significa que se presente, cuestión que se definirá con el pasar del día.

Con Reynoso, como corresponde con cualquier juez, corre la obligación de presentarse a la indagatoria, pero no hay fuerza posible para trasladarlo en el caso de que no quiera hacerlo, ya que sus fueros como magistrado, como debe ser, lo protegen. Sólo su decisión de presentarse, o la suspensión de los fueros por parte del Consejo de la Magistratura harán posible la indagatoria. Aunque en el CM existen tres expedientes abiertos en su contra y la decisión de algunos de los consejeros por ir hacia adelante en la suspensión, nada hace previsible que se llegue a un acuerdo en un futuro cercano, máxime si quienes pueden destrabar la decisión en el CM tienen vinculaciones con quienes ubicaron a Reynoso en la pomposa comisión. Mientras perdure, Reynoso podrá realizar una suerte de control selfie.

Los tres expedientes presentados en el Consejo de la Magistratura están clasificados como 121/154 en la vocalía de Luis Cabral; el 133/15, impulsado por Jorge Candis y Héctor Recalde; y el 181/15, de Anabel Fernández Sagasti. Los tres expedientes no llegaron aún a la etapa de instrucción en la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la que deberá investigar, obtener prueba y proponer desestimar o aplicar diferentes sanciones que luego elevará al plenario.

Una de las acusaciones fue presentada por un defensor oficial de Salta quien sostiene que su defendido se encuentra detenido con prisión preventiva dictada por el juez Reynoso y que el plazo de decisión sobre esa preventiva está vencido sin que varíe el estado del detenido.

El fiscal de Salta, Eduardo Villalba, y el titular de Procunar, Diego Iglesias, sostienen contar con pruebas de que la extensión de la prisión preventiva fuera de plazo era utilizada para presionar en la obtención de coimas.

Otra de las acusaciones que se encuentran en el CM fue realizada por un particular quien denunció a Reynoso por atropello e ilegalidades al mantenerlo detenido durante quince días en una causa que el denunciante consideró como armada. Según el denunciante, Reynoso lo acusó de que él (el detenido) lo había amenazado y había causado lesiones a la esposa del juez, y que por ese motivo, Reynoso ordenó su detención. El caso, de comprobarse, resultaría nulo ya que el magistrado se transformaría en juez y parte. Corresponde que él mismo se inhiba y presente la denuncia ante otro juzgado. Pero, según el denunciante, no sólo no lo hizo así sino que Reynoso ordenó su detención, lo mantuvo preso quince días y recién después se inhibió para dar lugar a otro juez, quien ordenó la inmediata libertad del detenido.

La tercera denuncia es la que está directamente vinculada a la investigación que deriva en la citación a indagatoria y fue enviada nada menos que por la Cámara Federal de Salta. El planteo fue realizado por la ex mujer de uno de los abogados detenidos. Todo se inició por una denuncia de violencia de género. La mujer sostuvo que no podía avanzar en las denuncias porque su ex “tenía amigos en el juzgado federal de Orán”. Y en su declaración mencionó que cuando caía preso por cuestiones vinculadas al narcotráfico “salía libre porque tenía contactos en el juzgado”.

Por el momento, no hay fecha para iniciar las investigaciones de los tres expedientes. El CM tiene sus tiempos, distintos al del proceso judicial que se le lleva a Reynoso. Para empezar, recién ayer apareció publicada la designación de Nicolás Soler, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal y Criminología, designado como representante del Poder Ejecutivo en reemplazo de Julián Alvarez, quien renunció para ocupar un cargo en la Auditoría General de la Nación. Soler deberá aguardar que se disponga fecha para que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le tome juramento. Y mientras Soler no entre en funciones, el CM no sesionará. Detalles de protocolo y orden. Por debajo, que las investigaciones avancen depende de los acuerdos entre oficialismo y oposición. La figura de Lorenzetti pesa en algunos consejeros. Y Lorenzetti es quien propulsó la Comisión de títulos pomposos en la que apareció inicialmente mencionado como integrante el juez imputado. Mientras no haya una definición racional, sólo el bochorno será una razón de peso para romper el equilibrio estable en que se encuentra el custodio de la puerta de Orán.