Le disparó ocho veces a su pareja y escapó. No la mató. La mujer insistió en vivir. Fue internada en el Santojanni donde la intervinieron quirúrgicamente. El hecho ocurrió el 25 de junio de 2014. El juzgado ordenó la captura del denunciado, Matías Lucas Silvera. Al poco tiempo, archivó el caso. En diciembre pasado la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, intervino en el caso y junto a la fiscal de instrucción 45, Viviana Fein, impulsaron a la División Homicidios de la PFA a una minuciosa búsqueda. Tres meses después, el miércoles pasado, detuvieron a Silvera en González Catán. En el momento en que lo detuvieron, y le informaron a A.S. exclamó “¡soy libre otra vez!”. No fue una expresión anecdótica: desde que Silvera estaba prófugo, había vivido aterrada, con una consigna policial que brillaba por su ausencia, encerrada porque se sabía un número más de un informe de femicidios.

A.S. y Silvera se conocían del barrio Mataderos, y comenzaron su relación cuando ambos tenían 14 años. Tres años después, decidieron vivir juntos, cuando ella quedó embarazada. A partir de entonces comenzaron los episodios de violencia, maltratos y amenazas. La relación se fue agravando hasta que en abril de 2013, Silvera le disparó a A.S.. El proyectil impactó en su pierna, dejando una esquirla en el interior de su cuerpo. A partir de ese momento, A.S. conoció los escalones vacíos que deja el Estado cuando se trata de casos de violencia de género.

Fue operada pero los médicos en el Santojanni no realizaron la denuncia policial como es de rigor en casos de heridas de bala.

La madre, Fernanda, fue entonces a presentar la denuncia a la comisaría 42º, en Mataderos, pero no se la tomaron. La recomendación de los uniformados fue que la tomarían si se presentaba la propia víctima, su hija, baleada e intervenida quirúrgicamente. El caso, obviamente, quedó registrado únicamente en la memoria de Fernanda y la pierna herida de A.S.

Después del primer disparo, A.S. decidió separarse y se fue a vivir con su madre. Pero, como ocurre en muchas ocasiones, unos meses después volvieron a reunirse.

El clima hostil no cambió. Matías Silvera integraba una de las facciones de la barra de Nueva Chicago y estaba armado para afrontar las internas (no quedó incluido en las políticas de desarme). La violencia en la relación insistió. Según la declaración de Silvera ante la justicia, el 25 de junio de 2014 le pidió por mensaje a A.S. una campera para su hijo, pero como la mujer no respondió, se dirigió a la casa de Mataderos. Se topó con ella cuando estaba entrando. La mujer relató que lo vio llegar con la 9 milímetros en la mano y apuntándole a la cabeza.

“¿Otra vez me vas a tirar?”, le dijo aterrada. Intentó cerrarle la puerta. El le apuntaba a la cabeza, después bajó el arma y empezó a disparar. A.S. cayó. En su declaración dijo que dejó de sentir las piernas, y que en el piso se empezó a arrastrar hacia atrás con los brazos, mientras él le seguía tirando. Hasta que llegó al cuarto donde él volvió a disparar. Después, Silvera amenazó al hermano de la víctima y a otros familiares y salió corriendo. A.S. sufrió lesiones gravísimas en ambas piernas y en su abdomen, con compromiso óseo y de partes blandas. Las secuelas de esas lesiones perduran hasta la actualidad dificultando su movilidad.

Esta vez, la comisaría intervino de oficio. Demasiados disparos. Intervino para abrir un sumario que luego derivó en una causa abierta en el juzgado de Instrucción 26, de titularidad vacante. La medida judicial que se realizó fue la de pedir la captura de Silvera. No hubo consigna policial, pese a que el prófugo había disparado ocho veces contra la mujer, y no la había matado de casualidad.

A.S. “vivía aterrada, encerrada en su casa por el miedo y porque le costaba moverse por las heridas, la madre pedía la consigna policial y no la atendían, la joven nunca fue recibida por el juez”, dijo a Página/12 Mariela Labozzetta. Finalmente, la causa fue archivada a la espera de que alguna institución del Estado, no ésa, lograra ubicar al violento.

El caso fue recibido por la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (Dovic), dependiente de la Procuraduría General de la Nación, en su área de género. Allí acudió Fernanda para relatar el caso de su hija. Desde Dovic se contactaron con UFEM. “A fines de diciembre, principios de enero, nos conectamos con el caso”, dijo Labozzetta.

La titular de la UFEM y la fiscal de Instrucción 45, Viviana Fein, realizaron una presentación conjunta ante el juzgado 26, solicitando que se desarchivaran las actuaciones y que se dispusieran medidas, las básicas en un caso semejante pero que hasta ese momento no se habían tomado: que se dispusiera protección para la víctima y medidas de prueba para acreditar el contexto de violencia de género y localizar al agresor. Lo básico: pidieron intervenir el teléfono celular del prófugo, desde el cual había enviado mensajes amenazantes a la víctima. En febrero Labozzetta y María Calabró, secretaria de UFEM, con profesionales de Dovic, se presentaron en la casa de A.S. en Mataderos, donde le tomaron un testimonio con datos clave para la investigación.

Con el apoyo de la División Homicidios de la Federal, lograron cercar las antenas donde repetía el uso del celular.

Mientras, la UFEM debía secundar a la madre para efectivizar la consigna policial, que desaparecía antes de que se transformara en costumbre. Lograron que le concediera un botón antipánico, pero apenas obtenido desde la comisaría informaron que suspenderían la consigna porque “ya tenían botón antipánico”. Sólo retornó la policía de consigna cuando el botón no funcionó más.

A todo esto, los de Homicidios lograron cercar las antenas de celular y reducir el espectro a cuatro manzanas de González Catán, en Laferrere. Finalmente, el 30 de marzo, localizaron la casa y detuvieron al barra Silvera.