EL PAíS › UN JUEZ FUE PROCESADO EN LA CAUSA AMIA

Un casador cazado

Tres jueces confirmaron el procesamiento del presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, por “desviar la investigación” del atentado. Podría ser apartado.

 Por Martín Granovsky

La Justicia tarda pero a veces llega. Y pega: veinte años después de un hecho, el actual presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense fue procesado en segunda instancia por “desviar la investigación y, por tanto, impedir el descubrimiento de sus verdaderos autores”. La investigación a la que alude el fallo al que tuvo acceso Página/12 trataba nada menos que del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994. El procesado es Federico Domínguez.

Los primeros rumores causaron conmoción ayer en medios judiciales de La Plata, donde tiene su sede la Cámara de Casación, la última instancia penal de la provincia antes de la Suprema Corte. “Si Domínguez sigue en la Casación sería un escándalo”, declaró el abogado Alejandro Rúa al programa “Justicia en primera persona”, de la Asociación de Magistrados de La Plata. Rúa es uno de los letrados de Memoria Activa y está familiarizado con el tema desde que fue jefe de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA en el Ministerio de Justicia, hasta 2006.

El fallo confirmando el procesamiento en primera instancia dispuesto por el juez Ariel Lijo fue emitido por la Cámara Criminal y Correccional Federal, en una sala formada por los camaristas Jorge Rimondi, Rodolfo Piciello Argerich y Luis Bunge Campos con la secretaría de Yael Bloj. Domínguez era al momento de cometido el hecho que en las dos instancias fue tipificado como ilegal el defensor del policía bonaerense Juan Bautista Huici, que trabajaba para el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús Juan José Ribelli.

También fue confirmado el procesamiento de otra abogada, María Parascándalo, y de un policía, el comisario Luis Vicat. En 1996 el fiscal Ramiro González y el fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman acusaron a los tres de “coacción agravada”. González y Nisman sostenían que el trío presionó a testigos para que involucrasen a policías bonaerenses encabezados por Ribelli. Los fiscales dijeron que “hubo un mancomunado e ilegal proceder que tuvieron los imputados con el objetivo de aportar elementos tendientes a robustecer la falsa hipótesis de investigación del otrora juez de la causa, Juan José Galeano”. Galeano fue desplazado de su juzgado federal por el Consejo de la Magistratura y hoy afronta un juicio oral por encubrimiento junto con el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex jefe de la Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, que había ocupado la jefatura de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.

Domínguez fue fugaz abogado de Huici y asesor de gabinete con rango de director provincial del secretario de Seguridad bonaerense. Dice textualmente el fallo condenatorio: “Más allá de la incidencia en particular que pudieron haber tenido en uno u otro caso bajo el ‘rol legal’ que detentaban (abogados defensores, los dos primeros, jefe a cargo del área especial de investigación para el atentado a la AMIA dependiente del Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el último), lo cierto es que la compulsa del legajo no solo revela una interacción coordinada entre los imputados guiada por la clara e ilícita finalidad de doblegar la voluntad de personas que estaban detenidas, sino también (ni más ni menos) imputadas de haber participado en el atentado a la sede de la AMIA para que incriminaran falsamente a individuos que resultaban funcionales para el plan trazado y que permitiría desviar la investigación y, por tanto, impedir el descubrimiento de sus verdaderos autores”.

Un magistrado que pidió reserva de su identidad confió ayer su hipótesis sobre lo que podría ocurrir ahora con Domínguez. “La Suprema Corte de la provincia podría lograr una licencia de oficio, o sea forzosa, como pasó con el fiscal Novo”, fue la explicación recogida por este diario. En noviembre de 2015 la Suprema Corte consiguió licenciar por 120 días al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, investigado por el supuesto delito de encubrimiento de una red internacional de narcotraficantes vinculada con los hermanos Juliá. Página/12 había publicado en 2013 la primicia de las denuncias contra Novo. En 2007 un plenario de jueces de San Isidro acusó a Novo de haber implantado “estructuras tenebrosas”.

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El juez Federico Domínguez fue procesado por “desviar la investigación” de la AMIA.
 
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