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La Legislatura bonaerense convirtió ayer en ley la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, que establece multas de hasta 100 mil pesos y la clausura por 180 días de los negocios que no cumplan con la norma. La disposición prevé sanciones económicas de un millón de pesos a las distribuidoras que expendan esa mercadería a negocios no habilitados. Desde la Cámara de Comercio de La Plata consideraron que con esta decisión “se vuelve a cargar contra los bolsillos de los comerciantes”. La ley, que ratificó un decreto del gobernador Felipe Solá, creó el Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas y establece que los locales que se dediquen a esta actividad deberán obtener una licencia expedida por el estado provincial.
La norma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y una vez que entre en vigencia otorgará un plazo de 90 días para que los comercios regularicen su situación. En el registro deberán inscribirse los comerciantes y los distribuidores de bebidas alcohólicas. La gestión de la licencia se hará en los municipios donde tienen su actividad comercial.
Si bien desde hace tiempo los kioscos y las estaciones de servicio no pueden vender alcohol, ahora los restaurantes, bares, almacenes y supermercados deberán inscribirse en ese registro. La ley establece, además, penas de hasta un millón de pesos para los distribuidores de bebidas alcohólicas que entreguen mercadería a comercios no habilitados y prevé que los fondos obtenidos por la licencia sean asignados en un 50 por ciento a la provincia y el resto a los municipios para que los destinen a financiar la fiscalización y control de la norma.
Al fundamentar la iniciativa, Solá sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “existen 1.500.000 adolescentes de los cuales un gran porcentaje muestra hoy signos de exceso de consumo de alcohol a edad temprana”. El funcionario reveló estadísticas que indican que el alcohol está vinculado en el 70 por ciento de las detenciones, en el 60 por ciento de los casos de violencia familiar y en el 80 por ciento de las peleas con armas.
“Nuestra sociedad ha desamparado a los jóvenes que hoy tienen una sobreoferta, una sobreexhibición de alcohol y un impacto de la publicidad de este tipo de bebidas que llega a límites notables”, resaltó el gobernador. La disposición generó enojo en los miembros de la Cámara de Comercio local. “No estamos en contra de la medida pero la licencia va a tener un costo que deberá afrontar el comerciante, con lo que nuevamente se vuelve a cargar sobre nuestros bolsillos”, sostuvo el gerente de la Cámara, Martín Díaz.
Díaz añadió que comparte los fundamentos del Gobierno para limitar la venta de alcohol, ya que “los comerciantes también tienen hijos y no quieren ver una juventud en estado de alcoholismo”. Pero aclaró que “otra vez se afecta al comercio a pesar del duro momento que está pasando por la permanente presión impositiva a la que se lo somete”.
En tanto, ayer ingresó al Senado provincial un proyecto del senador justicialista Manuel Lozano para prohibir “la comercialización para consumo humano de las llamadas bebidas energizantes”, hasta tanto se conozca fehacientemente que su consumo, solo o acompañado de otros productos o sustancias, no afecta la salud de las personas.