SOCIEDAD › SOSPECHADA EN EL CASO GRASSI, FUE DENUNCIADA ANTE LA CORTE

Jueza busca agua para su molino

La jueza de Morón Cristina Landolfi fue denunciada por intentar utilizar a familiares de Víctimas de la Inseguridad para desprestigiar a funcionarios que la investigan. Redactó discursos, hizo pasacalles y prometió la presencia de Blumberg.

Por Miguel Jorquera y Rodrigo Alegre

La jueza de menores de Morón, Cristina Clementina Landolfi, no escatimó esfuerzos para intentar dirimir una interna judicial a su favor. Aportó pasacalles, volantes y petitorios; redactó gacetillas de prensa y acordó notas periodísticas; movilizó manifestantes y hasta prometió la presencia de Juan Carlos Blumberg para motorizar una marcha de familiares de Víctimas de la Inseguridad. Según relataron miembros de esa organización de familiares a este diario, la embestida de Landolfi “pretendía desprestigiar ante la opinión pública a jueces y fiscales que intervinieron en la causa penal contra Julio César Grassi” y así frenar el jury que pende sobre su cabeza por “intentar torcer” el testimonio de uno de los chicos (Ezequiel) supuestamente abusados por el sacerdote, para favorecer al creador de Felices los Niños. Los familiares de Víctimas de la Inseguridad denunciaron a la jueza ante la Suprema Corte bonaerense y aportaron pruebas de su activa participación en la movida que “en procura de sus oscuros intereses nos utilizó, ilusionó y estafó”.
Confundidos ante “la insistencia de la jueza por atacar a determinados jueces y fiscales, y en especial al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate”, los familiares de las Víctimas de la Inseguridad terminaron por advertir el objetivo de Landolfi: “Pretendía acercar nuestros reclamos con la situación del denominado caso Grassi”, dice la carta que entregaron en la Suprema Corte Nelly de Arata y Karina Argüello, integrantes de la organización. El máximo organismo de la Justicia provincial citó a los familiares y la Oficina de Control Judicial les tomó declaración testimonial, en la que también se sumó Alicia Angiono. Los términos de la denuncia y las pruebas aportadas comprometen seriamente a la titular del Juzgado de Menores Nº 3 de los Tribunales de Morón.
“Hemos perdido nuestros seres queridos, y nuestros justos reclamos por el accionar de esta jueza (Landolfi) corren riesgo de ser deslegitimados –describieron los familiares en su carta a la Suprema Corte–. Alentándonos en legítima busca de justicia por la que venimos bregando pero con un grado de virulencia y un direccionamiento en nuestros reclamos, funcionales a sus jamás confesados intereses (de la jueza) de mantener un conflicto abierto con magistrados y funcionarios de este Departamento Judicial (Morón)”.
Alertada sobre las “Jornadas contra la Corrupción Judicial” que organizaban los familiares de las Víctimas de la Inseguridad para el 22, 23 y 24 de septiembre pasados, Landolfi envió una persona de su estrecha confianza a gestionar un encuentro con Alicia Angiono (una de las organizadoras) en su propio despacho de los Tribunales de Morón. Allí, la jueza no anduvo con rodeos. Le dijo a Angiono que conocía sus reclamos, que quería ayudarlos y contactarse con otros de los organizadores. Para eso, Landolfi esgrimió un argumento muy caro a los sentimientos de Alicia: le aseguró que “el cuñado y socio de Juan José Pagnota” (el asesino de su hermano, Eduardo Angiono, y del comerciante Daniel Bogani) iba a ser dejado en libertad por la jueza de menores Cecilia Drago.
Claro que Landolfi también tiene cuentas pendientes con su colega. Drago fue una de las denunciantes que desbarataron la maniobra judicial con la que se intentó revertir el testimonio de uno de los testigos clave en la causa Grassi: el de Ezequiel, uno de los chicos supuestamente abusados por el sacerdote.
Una investigación judicial encabezada por el fiscal José De los Santos determinó que en esa maniobra participaron uno de los abogados del cura, Miguel Angel Pierri, que fue a parar a la cárcel; el secretario de uno de los juzgados, Alberto Enríquez, que fue separado de su cargo; y los jueces de menores Ricardo Oyama y Cristina Landolfi, que habrían actuado en coordinación con el sacerdote y su defensa y cuyo pedido de jury de enjuiciamiento aun transita por los burocráticos laberintos de la Justicia.
Por eso, Landolfi también buscó afanosamente atacar a De los Santos. Contactó a Karina Argüello (otra de las organizadoras de la protesta), que había criticado la investigación sobre la misteriosa muerte de su hermano que llevaba adelante el titular de la UFI Nº 1, ahora apartado de la causa.
En una reunión que Landolfi mantuvo con Karina y Nelly Arata (otro de los familiares), la jueza desplegó toda su capacidad de lobby. La magistrada –según la denuncia ante la Suprema Corte– “hizo alarde del conocimiento detallado de la protesta, criticó duramente al fiscal general Nieva Woodgate, propuso colaborar con la organización en la redacción de los comunicados de prensa, volantes y pasacalles, y ofreció una nota a los familiares con el diario Ambito Financiero”, un tenaz defensor de Grassi.
La jueza también sugirió la idea de “poner una carpa. Decía que Nieva se iba a poner loco si le ponían una carpa frente a la fiscalía”, dijo Argüello ante la Suprema Corte. Pero aún la magistrada no había jugada su carta más fuerte para entusiasmar a los organizadores de la protesta. Landolfi nos dijo “yo los hago llegar a (Juan Carlos) Blumberg para que esté presente en la marcha”, relataron Argüello y Arata a Página/12.

La redactora

La jueza envió a los familiares un disquete con los textos de los pasacalles, petitorios, volantes y un comunicado de prensa que –de acuerdo a su propia sugerencia– debía ser leído por Argüello ante la prensa como cierre de las jornadas de protesta frente a la Fiscalía General de Morón.
“La inseguridad mató a nuestros seres queridos. La impunidad que jueces y fiscales corruptos otorgan a los asesinos, les vuelve a dar muerte, reviviendo en nosotros el dramático momento de ver desangrarse al hijo, al hermano, al esposo, al padre. Cada evasiva, cada mentira, cada nuevo cajoneo de las causas para tapar a los ‘peces gordos’, verdaderos culpables de nuestras tragedias, los convierte a ustedes, señores fiscales y jueces en personajes más despreciables que los que dispararon sus malditas armas”, dice el texto redactado en la pc del despacho de Landolfi, según el disquete ahora en poder de la Corte. Los términos de la redacción de Landolfi alarmaron a los familiares. En especial el texto que la jueza destinó a los pasacalles: “Fuera corruptos. La impunidad que otorgaron a los asesinos ahora se les acabó también a ustedes. Destitución a Nieva Woodgate, De los Santos, Bustamante, Drago, Zacoro y sus cómplices”.
Los familiares advirtieron que “los nombres elegidos por Landolfi (ver recuadro) indudablemente intentaban relacionar nuestra protesta con la llamada causa Grassi”. Por eso, decidieron “desechar los textos y no establecer ningún nuevo vínculo con la jueza”. Sin embargo, el día de la protesta (el 24 de septiembre), los organizadores volvieron a tener novedades de Landolfi. “Se acercó una persona que hacía firmar unos petitorios que pedían la expulsión de Nieva Woodgate”, dijeron los familiares. Según la denuncia, ese día llegaron “miembros de Familias Solidarias, una agrupación que tenemos entendido no existe, pidieron trasladar pasacalles que tenían a dos cuadras de allí y que aludían directamente a Nieva, incluso pidiendo su prisión. Pero nos negamos y no permitimos que se plegasen a la protesta. Pocos minutos después, una persona que se identificó como el hermano del padre Grassi nos dijo que iban a llegar dos micros con chicos de la Fundación Felices Los Niños. Nos opusimos rotundamente”. La negativa de los familiares y la lluvia que cayó repentinamente hicieron que los micros nunca llegaran.

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Los familiares de Víctimas de la Inseguridad presentaron pruebas de su denuncia ante la Corte.
 
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