SOCIEDAD

Ser chico y pobre puede ser delito aunque se trate de una víctima

Para contrarrestar la obsesión por poner más menores entre rejas y bajar de hecho la imputabilidad penal, el ministro Juan Pablo Cafiero pidió a la jefa de los fiscales que investigara si los jueces de menores no están cometiendo un delito cuando internan a los chicos.

 Por Martín Granovsky

La nueva jefa de los fiscales bonaerenses tiene la chance de estrenar su cargo con una medida fuerte y ejecutiva. El ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, le presentó una denuncia para que investigara el comportamiento de jueces de menores que internan a chicos inimputables en institutos o comisarías. En muchos casos ni siquiera están sospechados de haber cometido un delito y a veces, incluso, continúan internados luego de haber sido víctimas de vejaciones.
Cafiero eligió quince casos en los que hay indicios, como mínimo, de incumplimiento de sus deberes de funcionario público por parte de los jueces.
El ministro dijo que los jueces están cambiando la legislación de facto. “Mientras en el Congreso discuten la edad de imputabilidad, es bueno que se sepa que algunos han tomado la ley en sus manos y han bajado de hecho la edad, enmascarando una causa asistencial como una causa penal”, dijo.
Dijo que “algunos jueces de menores mantienen privados de su libertad a menores de 16 años, personas que son inimputables sobre las cuales no se realiza la investigación penal pertinente”.
El ministro no aclaró si esa privación de libertad es ilegal.
Página/12 pudo saber que hasta ahora ningún organismo civil ligado a la defensa de las garantías individuales presentó una denuncia en ese sentido contra algún juez en particular.
La explicación de Cafiero para hacer su presentación ante Falbo tiene dos partes.
Una dice que “la inmensa mayoría de jueces muchas veces presionados por las olas de opinión pública tienen como única visión del tema la internación del chico por cualquier motivo”.
Otra informa que hay 12 mil chicos bajo la jurisdicción de la Justicia en la provincia de Buenos Aires. De ellos, solo un 10 por ciento infringió el Código Penal. El 90 por ciento restante “está internado por causas que son llamadas asistenciales, es decir, básicamente por su situación de pobreza”.
–¿Ese 90 por ciento no tiene denuncia penal abierta? –preguntó Página/12.
–No. Están judicializados porque un juez aplicó la figura de “abandono moral o material”, que como usted se da cuenta es bastante laxa –contestó un colaborador de Cafiero que pidió reserva de su identidad.
–¿Qué pasaría si el 90 por ciento no fuese pobre?
–Estaría en su casa. O en lo de los abuelos. O tíos. De ninguna manera en un instituto de internación de menores, y menos aún en una comisaría.
–¿Y el 10 por ciento?
–Puede tener causa, en parte, pero es inimputable. ¿Sabe qué es lo grave? Que un adulto comete tentativa de robo, va la comisaría unas horas y sale. Y un chico puede pasarse años internado.
Cafiero eligió 10 casos para su presentación.
Uno de ellos es un chico de 15 años que recibió orden de ser internado por tentativa de robo. La orden la dio el tribunal de menores número uno de La Plata.
Otro, resuelto por el tribunal de menores número uno de Quilmes, es una víctima de abuso sexual. Tiene también 15 años.
Hay muchos en comisarías por tentativa de robo.
Uno de los chicos está una comisaría por haberse fugado del hogar.
La presentación de Cafiero abre un debate signado por el círculo vicioso.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad a cargo de León Carlos Arslanian resolvió que no se alojen menores en comisarías.
De inmediato la Corte Suprema de la provincia ordenó a los jueces que “cumplan con el propósito de no alojar, bajo ninguna circunstancia, a menores en dependencias policiales, inapropiadas por su naturaleza para el resguardo de su salud espiritual, moral y física”. Para completar el ciclo, Cafiero condicionó cualquier tipo de alojamiento de menores en los institutos a que se creen vacantes cuando el juez ordena la derivación.
El círculo vicioso quedaría así:
u Por un lado, se judicializa la situación de todos los menores, en un trabajo de negligencia conjunta entre jueces de menores y la policía.
u Por otro lado, se baja la imputabilidad de hecho.
u Al mismo tiempo se convierte en penal la pobreza lisa y llana, sin comisión de delito alguno.
u Una medida que avanza en la solución como el desalojo de las comisarías puede obturarse si queda como objetivo la internación de más y más menores, por cualquier motivo.
De ese modo se estaría terminando con el costado más salvaje (el hacinamiento en las comisarías), pero no con el salvajismo light de internar a menores simplemente por no buscarles una solución familiar concreta.
“El eje no es el ejercicio abusivo del patronato y que haya más menores entre rejas”, dijo a este diario el colaborador de Cafiero. “Así se hace una diferencia irritante, porque los pobres quedan bajo ley de patronato, es decir de internación hasta que sean mayores, mientras los que no son pobres tienen los beneficios de que a ellos se les aplica solo el Código Civil, en el peor de los casos con suspensión de la patria potestad y el amparo de un tribunal de familia.”

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De doce mil chicos internados en la provincia de Buenos Aires, sólo el 10 por ciento es sospechoso.
 
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