SOCIEDAD

La crisis del sistema carcelario bonaerense llegó hasta la Corte

El máximo tribunal interviene en una causa iniciada por el CELS contra la provincia por el hacinamiento en las cárceles. El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, admitió las falencias y prometió soluciones.

 Por Carlos Rodríguez

La gravísima situación existente en el sistema penitenciario bonaerense, donde 25.000 internos viven en estado de hacinamiento en cárceles y otros 5000 están detenidos en comisarías, fuera del marco legal, fue analizada ayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una audiencia inédita. La intervención del máximo tribunal de Justicia fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en noviembre de 2001 había presentado un hábeas corpus colectivo para que el Tribunal de Casación Penal de la provincia declarara formalmente la ilegalidad del encierro de personas en condiciones de hacinamiento y de superpoblación en celdas policiales. Como el recurso fue rechazado en el ámbito de la Justicia bonaerense, el CELS llegó en queja hasta la Corte, que ayer escuchó un durísimo informe del organismo de derechos humanos, virtualmente aceptado en casi todos sus términos por el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, quien prometió soluciones para el año próximo, básicamente a partir de la construcción de nuevas cárceles.
El titular de la Corte, Enrique Petracchi, acompañado por los ministros Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, exhortó a las partes a que traten de buscar una solución consensuada, pero el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, pidió al alto tribunal que tome “intervención directa” en el problema y que llame a una nueva audiencia extraordinaria “en una o dos semanas”, como una forma de “buscar soluciones concretas por parte del gobierno provincial”. Lo que el CELS reclama es que la Corte “establezca las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado en materia de alojamiento de detenidos, declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estos estándares constituye una violación del derecho, y emplace al Estado a realizar la conducta debida”.
En el informe a la Corte, el CELS recordó que en noviembre de 2001, cuando se presentó el hábeas corpus, en la provincia había 23.264 personas privadas de su libertad, 16.900 en cárceles y 6364 en dependencias policiales. Ahora, el total llega, según las cifras que dio el CELS y que se basan en informes oficiales, a 30.414. De ese número global, 5400 están alojados en comisarías, según precisó el abogado del CELS Gustavo Palmieri. El ministerio reconoció que hay 5300 presos en celdas policiales. Di Rocco había dicho que eran 4300, pero luego se rectificó.
El CELS cuestionó, en referencia al Estado provincial, la adopción de “una serie de políticas públicas en materia criminal, que ubicaron a la cárcel como principal herramienta de solución de los conflictos sociales”. Esto hizo que la provincia de Buenos Aires “esté cerca de las tasas de encarcelamiento, cada 100 mil habitantes, más altas de la región”. Este año se llegó a una tasa de “220 presos cada 100 mil habitantes, cifra sólo superada por Chile”. El nivel de crecimiento alcanzado en los últimos años ha superado la evolución “no sólo de Chile sino inclusive los niveles de incremento de la tasa de prisionalización de los Estados Unidos”.
El ministro Di Rocco admitió prácticamente todas las cifras volcadas por el CELS y dijo que el crecimiento de la población penal, desde 1990 a la fecha, fue del 183,99 por ciento. En la búsqueda de una solución al problema, el funcionario citó el plan de obras en marcha, con una inversión de 233 millones de pesos, que permitirá la incorporación de 5388 nuevas plazas. El CELS sostuvo, sin embargo, que entre diciembre de 1994 y septiembre de 2004 se crearon 17.714 nuevas plazas carcelarias, pero el hacinamiento “en ningún momento se solucionó”.
Durante su intervención, Di Rocco cuestionó la lentitud del Poder Judicial bonaerense y “el alto porcentaje de prisiones preventivas que se aplican”. El ministro propició la adopción de “medidas alternativas a la detención” para los casos menos graves. El último en hablar fue José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien luego de recordar que en los últimos años “no se han registrado progresos en la situación de las cárceles argentinas”, consideró muy importante que la Corte Suprema “se involucre en la búsqueda de una solución”. Vivanco señaló, como dato inquietante, que la evoluciónde la situación carcelaria argentina “es muy parecida a la de Estados Unidos”.

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Verbitsky (izquierda) y Abramovich (derecha), del CELS, acompañados por Miguel Vivanco, de Human Rights.
 
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