Con las madres de Marita Verón y Fernanda Aguirre, víctimas de las redes que reclutan mujeres para la prostitución observando atentas, los diputados nacionales dieron un incipiente avance en el tratamiento del proyecto que tipifica la trata de personas como un delito federal que quedaría penado con hasta 20 años de prisión. Aunque ayer, en la reunión de la Comisión de Legislación Penal, su aprobación fue finalmente postergada, todos coincidieron en la necesidad de legislar sobre esta práctica. Tanto la autora del proyecto, la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba, como los familiares de víctimas de tráfico, sostuvieron que existe “voluntad política” de la Cámara baja y del Gobierno en lograr su aprobación.

Aunque son cinco las propuestas legislativas que intentan llenar el vacío legal en el país sobre este delito, que afecta a 27 millones de personas en todo el mundo, la iniciativa de la diputada oficialista es la que más consenso cosechó en poco tiempo. Uno de los puntos fuertes de la iniciativa que destacan organizaciones sociales que impulsan el tema es que deja en claro que el delito se configura con o sin el consentimiento de la víctima y que establece que no se puede castigar a las afectadas por delitos cometidos durante el tiempo en que estuvieron en condiciones de esclavitud.

La propia legisladora aclaró que, pese a no haber conseguido un dictamen favorable, su debate en comisión fue un paso importante en la aprobación futura. “Esto es un avance. Hay absoluto consenso de todos los legisladores en apoyarlo”, contó Córdoba. La observación provino del diputado del radicalismo, Oscar Aguad, quien solicitó que se envíe una nota al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que siente su postura con respecto al punto que propone la creación de la Secretaría para la Prevención, Protección y Asistencia a la Víctima del Delito de Trata, que dependería del Poder Ejecutivo.

La objeción, que fue acompañada luego por todos los bloques y por la propia impulsora de la iniciativa, dilató la aprobación del proyecto y achicó las esperanzas de que se tenga la ley antes de fin de año. Ahora habrá que esperar la respuesta del Gobierno para que se vuelva a tratar en la Comisión de Legislación Penal y luego en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que habilitaría su ingreso al recinto.

Uno de los artículos tipifica la práctica de la trata como delito federal. “Las redes criminales operan en todas las provincias, si se aprueba el proyecto se podrá perseguirlos sin miedo a intervenir en jurisdicciones provinciales, como ocurre en la actualidad”, remarcó. Este punto también está contemplado en las propuestas presentadas en forma conjunta por las senadoras Alicia Kirchner y María Cristina Perceval, y en la elaborada por la Oficina de Asistencia a la Víctima de trata, de la Procuración General de la Nación.

La posibilidad de que la víctima pueda ser incorporada en el Programa de Protección de Testigos en caso de que su testimonio represente un riesgo para sí o para su familia fue otro de los artículos que sumó adhesiones entre los diputados. Este riesgo quedó demostrado en el caso de Romina Gamarra, la joven de 18 años que fue rescatada de una red de trata, denunció a sus captores, pero luego se desdijo porque no soportó las amenazas que sufría su entorno.

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, que desapareció en 2002, presuntamente víctima de una organización de trata, estuvo presente en la Cámara baja con la foto de hija en la mano. En esta oportunidad, el dolor se mezcló con alegría de ser testigo de un primer avance en tapar el hueco legislativo. “Vamos a seguir haciendo fuerza para que este proyecto se apruebe en forma urgente porque es un beneficio para todo el país”, sostuvo y adelantó que junto a otros familiares de víctimas de trata solicitará una audiencia con el presidente Néstor Kirchner para que respalde la iniciativa de Córdoba.

Trimarco no estuvo sola. También estuvieron María Inés Cabrol, la mamá de Fernanda Aguirre, y Miriam, la madre de Sebastián Bordón, el joven asesinado por la policía mendocina en 1997. “Hay voluntad política de los legisladores para aprobar esto y vamos a seguir luchando. Las víctimas de esclavitud no pueden seguir esperando”, enfatizó.

Voceros del Ministerio del Interior aseguraron que el Gobierno tiene en marcha el borrador de un proyecto de ley sobre el tema, pero aclararon que el oficialismo podría sumarse a un proyecto ya existente en el Congreso para agilizar el trámite.

Informe: Elisabet Contrera.