SOCIEDAD › MARCHA CONTRA EL DESALOJO DE LOS CARTONEROS DE BARRANCAS

Nadie tiene nada bueno que decir

Los damnificados insisten en la ilegalidad del acto, que no tenía orden judicial, y en la violencia gratuita con que se realizó. Duros reclamos porque además de ser maltratados y detenidos, les sacaron todas sus pertenencias, “hasta los pañales”.

 Por Carlos Rodríguez

Durante una manifestación realizada ayer frente a la plaza Barrancas de Belgrano, un grupo de cartoneros expresó su repudio a la represión que sufrieron el viernes por parte de la Policía Federal y funcionarios del Gobierno porteño. “Acá vivían 90 personas, muchas de las cuales ahora se quedaron sin casa. A la gran mayoría también le quitaron los carros que usaban para trabajar. También se llevaron mercaderías, comida, ropa y hasta los pañales de los bebés.” Marcelo Sosa, uno de los coordinadores del grupo de cartoneros que fue desalojado, dijo que ellos están reclamando ahora “la renuncia del ministro (de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo) Piccardo”. También ratificaron que el desalojo “fue ilegal porque no había orden judicial sino una resolución ministerial que hasta tenía mal la dirección del lugar que se debía desalojar”. Los damnificados por la medida tienen en su poder una copia de la orden emitida por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

El titular de esa cartera de Estado, Juan Pablo Piccardo, aseguró ayer que el gobierno de Mauricio Macri “no quiere echar” de la ciudad a los cartoneros y hasta llegó a decir que apoyan “el justo reclamo” que vienen haciendo por la desactivación del “tren blanco” por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), medida que dio lugar al actual conflicto. Los postulados de Piccardo fueron desvirtuados por el diputado porteño Marcelo Meis, del oficialista PRO, quien presentó un proyecto en la Legislatura para que “en un plazo no mayor a dos años” se adopten medidas tendientes a “poner fin a la actividad que desarrollan los cartoneros” en el ámbito de la Capital Federal.

Lo que propone Meis es que los gobiernos porteño y bonaerense instrumenten “un programa social que sustente un mercado laboral para estas personas y las aleje de la situación infrahumana en la que viven”. El cartonero Sosa sostuvo que “no será con represión y con desalojos que vayan a mejorar nuestra situación. Todo lo contrario, ahora nos hemos quedado sin nada y no tenemos ni siquiera los carros que usamos para trabajar y que se los llevaron durante el desalojo”.

Además de expresar su “preocupación” por la situación de dos de los cartoneros que todavía siguen detenidos en la comisaría 33ª, Sosa dijo que durante el operativo policial del viernes “hubo mucha violencia y a uno de los chicos, un menor de 18 años, le lesionaron un pie porque se lo agarraron con la puerta del celular. A la única mujer detenida, le fisuraron una costilla”. Sosa anticipó que van a pedir “un resarcimiento económico por el daño causado”.

El representante legal de los cartoneros, Gastón Sánchez, estimó que las dos personas que siguen presas “recuperarían su libertad el lunes (por mañana)”. El abogado subrayó que siguen demandando “la vuelta del tren blanco”. El Bloque Nueva Izquierda, con la firma de Patricia Walsh, repudió lo ocurrido. En un comunicado afirmó que “Macri y el gobierno nacional prometieron inclusión social, pero ante los excluidos responden juntos con represión”. Exigieron “la reposición del Tren Blanco, subsidios sociales de emergencia y una salida laboral digna para los cartoneros”.

El ex diputado peronista Eduardo Valdés, autor de la ley que regula la actividad de los cartoneros, acusó a Macri de estar ejecutando lo que había anunciado en 2002, cuando dijo: “Voy a meter presos a los cartoneros porque son delincuentes que se apropian de la basura que los vecinos sacan a la calle”. Valdez aseguró que ésas fueron las razones del desalojo y ese es “el verdadero pensamiento de Macri, sin importar el motivo. Los podía acusar de usurpación del espacio público o por cualquier otra cosa”.

También expresó su rechazo a lo ocurrido el diputado nacional y miembro de la mesa nacional de la CTA Claudio Lozano. Consideró que “una vez más el desprecio por la vida y la indolencia ante el drama de la pobreza termina en represión”. Opinó que esto se debe a “decisiones convergentes adoptadas por los Estados nacional y de la ciudad (porque) ninguno se hace cargo de sus responsabilidades a la hora de resolver, de manera integral, la situación que afecta a los más postergados”.

Compartir: 

Twitter

El asentamiento junto a la estación Barrancas protestaba por el fin del Tren Blanco.
Imagen: Leandro Teysseire
 
SOCIEDAD
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.