SOCIEDAD

El análisis de dos especialistas

Elena Duro,especialista en educación de Unicef.

“Es contra la ley”

“La solicitud de un certificado de buena conducta a los adolescentes como información ad hoc al ingreso a escuelas públicas se contrapone a la legislación vigente y al espíritu de las leyes de Educación Nacional y de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia, enmarcadas en los principios de los derechos humanos y los derechos del niño. Los problemas de la inseguridad social o de la violencia en las escuelas no se enfrentan ni se resuelven con medidas de indagación de antecedentes en la población de adolescentes y jóvenes, muchas veces discriminados por órganos del Estado.

La educación tiene que cumplir un rol de formación en valores y de prevención de la violencia, y en ese sentido muchos establecimientos educativos ya lo están haciendo. La función de la educación es, además, incluir socialmente para promover una sociedad más justa y solidaria. Los procesos de discriminación hacia la población juvenil son recurrentes y deben ser erradicados. Aun aquel mínimo porcentaje de población adolescente que está en conflicto con la ley tiene derecho a la educación y el Estado, la obligación de garantizarlo”.


Silvia Duschatzky,investigadora del Area Educación de Flacso.

“Gesto violento”

“Es un gesto eminentemente violento el pedir como requisito de inscripción a un instituto de educación superior o a una escuela media un certificado de buena conducta otorgado por la policía. Lo que este gesto les está diciendo a los aspirantes es ‘vos sos un potencial sospechoso’. Es un gesto violento, más aún cuando se recurre a una institución policial para acreditar la ‘buena’ o ‘mala’ conducta de un joven desde un establecimiento educativo. Me parece empobrecedor pensar en términos de ‘buena’ y ‘mala’ conducta. Se está renunciando a pensar qué es educar en estos tiempos, se está renunciando a pensar en ‘cordones sanitarios’ que puedan tender puentes con la juventud.

El mensaje de esta medida es que no se toma a los jóvenes como fuente de información o curiosidad. Les están diciendo que no hay nada para aprender de ellos: sólo son fuente de amenaza, de peligro. Y hay otro mensaje detrás de esta exigencia: el sistema educativo de Corrientes está diciendo ‘como nosotros no podemos, puede otro’ y el otro que puede, la policía, tiene una función punitiva.”

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