Para cada uno de los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires sancionado por la toma del establecimiento, el apercibimiento consiste en “un paquete de 20 amonestaciones”, según confirmó en diálogo con este diario el rector, Gustavo Zorzoli. Ayer todavía los vicerrectores de cada turno seguían comunicándolas a cada uno de los sancionados en reuniones personales. “En el turno tarde y el turno vespertino las reuniones terminarán mañana (por hoy), pero en el turno mañana, que es el que concentra la mayor cantidad de sancionados, seguramente se termine el viernes. Cada reunión requiere tiempo”, explicó Zorzoli. Por su parte, padres de alumnos congregados en el grupo Padres Solidarios dirigieron una carta abierta al rector para protestar por el proceso y las explicaciones que éste brindó sobre el proceso de sanciones días pasados. En el texto, el grupo de padres afirma que fue el rector quien llevó al terreno legal el conflicto. “Les imputó la violación de artículos, incisos, apartados y disposiciones reglamentarias de la UBA y del Colegio, de modo irregular sin cumplir con disposiciones de la Constitución nacional que Ud. debería conocer, ¿cómo decir ahora que hay que usar palabras coloquiales desprovistas de contenido jurídico?”, señala el texto, en referencia a que Zorzoli había explicado que en las reuniones con los vicerrectores los alumnos pueden hacer descargo oral ante las sanciones.

Además, a fines de la semana pasada, unos 40 padres, todos de Padres Solidarios, pidieron asesoramiento legal a la legisladora porteña María Rachid y a abogados de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con lo cual elaboraron cartas documento para enviar a Zorzoli. El rector dijo ayer a este diario que no había leído la carta abierta y negó haber recibido cartas documento.

El proceso de notificación de las amonestaciones terminará el viernes, dijo el rector. “Ya cuando las notificamos, es aplicación. La semana que viene se hacen los Consejos de Convivencia, los chicos ya los pidieron. En esas reuniones se hablará sobre esto”, agregó el rector.

Por su parte, los Padres Solidarios señalan que el conflicto se enmarca en un contexto de vulneración de los Derechos de los Niños y Adolescentes, por ello, explicaron a este diario, es que recurrieron a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que es “el órgano de aplicación de la ley 26.061, de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. “La Secretaría ofreció asesoramiento a 23 de los chicos imputados”, dijo una de las madres. Los dos alumnos restantes son, además de sancionados, quienes presumiblemente participaron de la profanación a la iglesia San Ignacio, algo que podría determinar diferencias en sus situaciones en función de lo que decida la Justicia.

A fines de la semana pasada representantes de ese mismo grupo de padres se reunieron con la legisladora porteña María Rachid, quien les ofreció asesoramiento legal. En la reunión, también se evaluó la posibilidad de que Padres Solidarios radicara en el Inadi una denuncia por discriminación. “Discriminan a los chicos por una cuestión ideológica: una asamblea de más de 500 estudiantes decidió la toma, pero sólo sancionan a 25”, explicó Rachid.