En la localidad pampeana de General Pico, un juez obliga a una mujer que denunció a su ex pareja por violación a que declare cara a cara frente a su presunto agresor. El fiscal del caso pidió que el acusado saliera de la sala en ese momento y escuchara el testimonio desde otra habitación, para que ella no se sintiera intimidada ante su presencia. Pero el juez de audiencia Alfredo Alfonso no hizo lugar al planteo del fiscal Alejandro Gilardenghi, con el argumento de que se viola el derecho a defensa del imputado. Gilardenghi replicó que en realidad esa situación es contraria a lo que establece la ley 26.485, de Protección integral contra la violencia hacia las mujeres, y esa situación revictimiza a la joven y atenta contra su integridad psicofísica. La audiencia –la primera del juicio oral– se suspendió. Pero sólo por unos días. El juicio se reanuda hoy.

Gilardenghi, un fiscal que se destaca en el fuero pampeano por haber incorporado el enfoque de género en sus intervenciones, pidió que la víctima y denunciante pudiera declarar sin tener enfrente a su agresor, porque ella misma se lo había solicitado y porque también lo habían sugerido desde la Oficina de Asistencia a la Víctima, que acompaña a la joven. Puntualmente, el pedido fue que no existiera contacto visual entre la mujer y el acusado, pero sin afectar su derecho a defensa en juicio, dado que podía escucharla desde otra habitación, pero sin estar presente en la misma sala de audiencias. Ante la negativa del magistrado, el fiscal lo recusó, pero la Audiencia de Juicio –tribunal superior– rechazó el planteo por unanimidad. El juez Alfonso alegó que la testigo es mayor de edad y debe hacerse cargo de lo que dice bajo juramento. Además, consideró que ante la posibilidad de que no coincidieran las versiones, podría surgir la necesidad de someter a ambos a un careo.

El hombre está acusado de violar el 31 de marzo de 2013 a la mujer que había sido su pareja y llevarla forzada y mantenerla encerrada por varias horas en su casilla, donde él residía, y amenazarla de muerte. Llegó a juicio imputado de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves calificadas por haber sido cometidas por la persona con la que ha mantenido una relación de pareja, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencias o amenazas, amenazas simples en concurso real”.

No es la primera vez que en un juicio en La Pampa se solicita el apartamiento del acusado cuando tienen que declarar víctimas de casos de violencia física o sexual. Según pudo saber este diario, en otras circunstancias el mismo planteo ha sido aceptado por jueces de la Audiencia de Juicio de General Pico. Por esa razón, sorprendió la postura de Alfonso.

El caso tiene la particularidad de que la joven que denunció a su ex pareja por violación es prima de Carla Figueroa (foto), la adolescente de 19 años asesinada por su ex pareja, Marcelo Tomaselli, a quien ella había denunciado por violación, una semana después de que fuera liberado de prisión, beneficiado por la figura del “avenimiento”, otorgada por un tribunal pampeano. Tomaselli la mató de 11 puñaladas el 10 de diciembre de 2011. El caso, que ocurrió también en General Pico, generó enorme conmoción en el país y derivó en la derogación de la figura del avenimiento del Código Penal al inicio de las sesiones legislativas de 2012. Gilardenghi fue una de las pocas voces en los tribunales de Pico que se opuso a que fuera otorgado el avenimiento a Tomaselli, con el fundamento de que la víctima, Carla, no estaba en condiciones de “otorgar un perdón” a su victimario, justamente por la asimetría que caracteriza una relación de pareja atravesada por la violencia de género y que impide cualquier ficción de libertad o de igualdad entre ambos.

En marzo, Gilardenghi se destacó por su actuación en otro debate oral y público, en el que decidió retirar su acusación contra una joven, Romina Ragonese, a quien llevó a juicio por asesinar a su pareja, imputada del delito de “homicidio agravado por el vínculo”, al comprender que había actuado en “legítima defensa” para evitar que el hombre la siguiera golpeando y la violara, tal como informó oportunamente Página/12. Durante su alegato, el fiscal destacó que el caso había que analizarlo desde “una perspectiva de género”. Y señaló que a lo largo del debate oral y público, y tras escuchar a testigos y peritos, se comprobó que la muchacha, de 26 años, sufría trastornos de ansiedad por violencia, una secuela de estrés crónico por malos tratos, y que en su relación de pareja había sido víctima de violencia física, psicológica y sexual. Gilardenghi admitió que “probablemente este caso, juzgado hace quince años, no hubiese tenido este resultado” y destacó que el cambio de mirada tuvo que ver con la aprobación de la ley 26.485, en 2009, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. “Los organismos judiciales y administrativos hemos tomado nota de estas circunstancias”, subrayó, en referencia al encuadre que la normativa da a la violencia de género.