En la provincia también se presentaron proyectos que velan por la supervivencia de los clubes de barrio. El bloque de senadores del Frente para la Victoria propuso crear el Régimen Provincial de Protección, Promoción y Regularización de Clubes de Barrio y de Pueblo para subsidiarlos. En tanto, en la Cámara de Diputados bonaerense la legisladora del mismo bloque, Marisol Merquel, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de tarifa social en los servicios de luz y de gas para entidades públicas y privadas sin fines de lucro que realicen actividades culturales, artísticas y sociales.

Según se informó, la iniciativa del Senado “busca dar respuesta a la compleja situación por la que atraviesan este tipo de instituciones cuyo sostenimiento es indispensable para los bonaerenses”. El proyecto crea el Registro Único de Clubes de Barrio y de Pueblo, que permite a la autoridad de aplicación adoptar un rol activo a la hora de asistir a las entidades mediante un subsidio anual creado para tal fin. Del mismo modo, le permite participar de su regularización impositiva y legal, promoción y fortalecimiento de los clubes.

Además, crea un fondo para dar financiamiento a las acciones y subsidios dispuestos en la ley, que será conformado por las sumas recaudadas por el impuesto al ingreso a los casinos, bingos, hipódromos y agencias hípicas, así como por las partidas presupuestarias que le fueran oportunamente asignadas. Otro de los puntos propone que todos los clubes de barrio y de pueblo inscriptos en el registro puedan ser beneficiarios de la tarifa social básica de servicios públicos.

El proyecto de ley presentado por Merquel, en tanto, busca crear un régimen de tarifa social tanto a clubes de barrio como los centros de jubilados, asilos de ancianos, hogares de niños, centros de día y de atención a personas con discapacidades. La iniciativa plantea que las entidades beneficiarias de la tarifa social abonen “hasta el 60 por ciento del valor del kilovatio que fije el Ente Regulador para cada categoría de consumo”, como también “hasta el 60 por ciento del cargo fijo impositivo”.

“Si bien es cierto que actualmente se anunciaron tarifas especiales para personas en situaciones de vulnerabilidad, los establecimientos que realizan actividades culturales, artísticas y sociales no poseen ningún tipo de beneficio, y en muchos casos el gasto que representa el pago de las nuevas tarifas pone en riesgo la continuidad de las actividades que desarrollan”, aseguró la legisladora. Asimismo, Merquel sostuvo que “es fundamental dar respuesta concreta a los usuarios que padecen los avatares de las nuevas políticas de ajuste y descarte, por ello continuamos trabajando por la inclusión y la justicia social en los lugares donde más se necesita”.

El proyecto del ley explica que para acceder a la tarifa social “los beneficiarios deberán acreditar su condición y solicitar la inclusión en el régimen ante la distribuidora del servicio de cada ciudad”. Según se detalla, “luego de la presentación de los beneficiarios, en un plazo de 48 horas las prestadoras de servicios deben remitir toda la documentación a la autoridad de aplicación que en un término de 30 días corridos deberá expedirse”.