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Domingo, 1 de febrero de 2004

Aguacero

 Por Fernando Krakowiak

El Gobierno decidirá a fines de esta semana el futuro de Aguas Argentinas. Ese es el plazo que le otorgó a la empresa el ministro de Planificación, Julio De Vido, para que defina si acepta las condiciones que le presentó en diciembre como paso previo para sentarse a negociar. Entre las exigencias incluidas en la propuesta oficial sobresalen los siguientes puntos:

Suspender las demandas iniciadas por los accionistas ante el tribunal internacional Ciadi.

Destinar 153,7 millones de pesos del saldo operativo que obtenga la empresa a obras de expansión y mejoras.

Mantener un fideicomiso destinado a complementar las inversiones en expansión.

Presentar una carta de intención firmada por los acreedores de la compañía donde se fijen los lineamientos de un plan de pagos para salir del default.

En el Gobierno afirman que el rechazo de la propuesta implicará la rescisión inmediata del contrato debido a los “importantes incumplimientos de la empresa”. Durante las últimas semanas, Aguas Argentinas demoró su respuesta, al mismo tiempo que presionó para flexibilizar las exigencias por intermedio del Banco Mundial, que en el conflicto oficia como socio, acreedor y juez de la compañía a través de sus múltiples brazos.
La disputa principal se centra en la falta de definición sobre el pedido de suspensión de los juicios presentados en el Ciadi por la pesificación de las tarifas y en la negativa empresaria a invertir los 153 millones de pesos exigidos por el Gobierno. La última polémica pública tuvo lugar hace pocos días cuando el presidente Néstor Kirchner le respondió a la empresa en un acto en Tres de Febrero que “si quieren explotar el servicio deberán invertir. Si no, vamos a conversar de otra manera”.
Hasta el momento, cada conflicto con las privatizadas tuvo una resolución diferente. Los peajes se relicitaron otorgándole al Estado mayor incidencia en la definición de las inversiones. El contrato del Correo se rescindió con la promesa de una pronta privatización. Mientras que el espectro radioeléctrico se estatizó. Las opciones para el negocio del agua también son varias. Se contempla la posibilidad de recuperar el control de las inversiones y delegar sólo la operación comercial del servicio, fragmentar la concesión eliminando el principio de exclusividad con la incorporación de nuevos operadores o, llegado el caso, rescindir la concesión y reprivatizar. A continuación, Cash detalla las distintas alternativas que evalúa el Gobierno:

1. Controlar las inversiones y delegar la operación
comercial.
Es la opción preferida por el presidente Kirchner, para quien lo ideal es conservar en manos del Estado la definición de las inversiones estratégicas que ayudarán a conformar el nuevo modelo de desarrollo. Así se procedió cuando se relicitaron los peajes recuperando el control estatal sobre la expansión de la red vial. En el caso de Aguas Argentinas, el Gobierno afirma que el principal déficit de la concesión se explica por los numerosos incumplimientos de las inversiones pautadas, pero reconocen que la gestión comercial se realizó con eficiencia. Por lo tanto, proponen recuperar el control sobre las obras de expansión y el resto de las inversiones relegando a la compañía a las actividades de management, pudiéndole pagar un canon por su gestión.
El primer paso en ese sentido fue la conformación del fideicomiso, que se puso en funcionamiento en agosto del año pasado y continuará durante este año. A través de ese instrumento se obliga a la empresa a destinar el 7,95 por ciento de su facturación para financiar un listado de obrasseleccionado por el Etoss. Jacques Petry, presidente de Suez Environment, principal accionista de Aguas, se manifestó a favor del fideicomiso cuando se reunió con De Vido en diciembre pasado. Es difícil saber si fue por convicción propia, o porque evaluaron la iniciativa como algo imposible de frenar, luego de las numerosas irregularidades en materia de inversión cometidas por la empresa. Lo cierto es que Aguas aceptó el martes pasado que el fideicomiso continúe durante 2004.
A su vez, el Gobierno pretende extender el control sobre las inversiones más allá de las obras a ser financiadas por el fideicomiso. Así lo dejó expresado en la propuesta que le hizo llegar a la empresa, donde se incluye un listado detallado de obras para las cuales se requiere que la compañía aporte 153,7 millones de pesos de su saldo operativo, cifra cercana a los dos tercios del mismo. En Aguas afirman que sólo están dispuestos a destinar el 50 por ciento a obras, ya que el otro 50 por ciento desean utilizarlo para el pago de intereses de su deuda. Esa es la postura que apoya el Banco Mundial, principal acreedor de la compañía a través de la Corporación Financiera Internacional.
Lo llamativo es que la empresa rechazó en abril de 2003 otro proyecto de acta-acuerdo donde se le exigía que se destine a obras sólo el 50 por ciento de su saldo. En ese momento Aguas apostaba por el triunfo de Carlos Menem y prefirió esperar hasta después de las elecciones para conseguir una mejor oferta, demostrando un escaso sentido de la oportunidad.

2. Dividir el área de
cobertura incorporando
nuevos operadores.
Por ahora es sólo una hipótesis de trabajo, que contempla terminar con el virtual monopolio de Aguas Argentinas (cubre al 80,3 por ciento de la población del área metropolitana) fragmentando la concesión en seis o siete áreas. El ingreso de cooperativas, mutuales y otras empresas privadas serviría para reducir el poder del consorcio franco-español y podría combinarse con la propuesta estatal de controlar las inversiones delegando la gestión comercial. Si bien las empresas no competirían entre sí, en el Gobierno sostienen que su coexistencia permitiría comparar costos y exigir mayores niveles de eficiencia en la prestación del servicio.
Expertos consultados por Cash pusieron en duda la viabilidad del proyecto por una cuestión de economía de escala, pero no lo descartaron. Lo llamativo es que la iniciativa se contradice con el desembarco de Aguas Argentinas en los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría, donde a partir de agosto del año pasado reemplazó a Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA) por pedido del Etoss.

3. Rescindir la concesión
y reprivatizar.
En el Gobierno afirman que no quieren quitarle la concesión a Aguas, pero la falta de respuesta a las exigencias que figuran en el acta y la ausencia del flamante presidente de la empresa, Yves Thibault de Silguy, quien todavía no arribó a Buenos Aires, tensaron la relación durante las últimas semanas. Aguas se había comprometido a responder durante los primeros días de enero, pero el silencio llevó a los funcionarios de Kirchner a sospechar que la empresa no acepta las condiciones, pero se niega a responder, para no dar motivos que justifiquen el fin de las negociaciones y la caída de la concesión. Por eso decidieron exigir una respuesta antes del viernes próximo.
Si Aguas continúa postergando su definición el Gobierno se verá en la difícil situación de tener que dar por caída la concesión de una empresa que manifiesta públicamente su voluntad de negociar, pero no responde a las consultas. En el caso de que la concesión se caiga, en el Gobierno afirman que volverían a licitarla. Todavía no hay candidatos firmes para reemplazar a Aguas, pero el Grupo Meller, Roggio, IRSA y Werthein fueronmencionados cuando se evaluó la posibilidad de incorporar socios locales a la empresa y alguno podría seguir interesado.

Los próximos días serán cruciales. Si Aguas Argentinas rechaza las condiciones del acta o no responde, una concesión emblemática de los ‘90 comenzará a tambalearse aumentando bruscamente la tensión entre el Gobierno y el conjunto de las privatizadas.

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Contratos / privatizadas

El Gobierno decidirá a fines de la semana próxima el futuro de Aguas Argentinas.

Ese es el plazo que le otorgó a la empresa el ministro de Planificación, Julio De Vido, para que defina si acepta las condiciones que le presentó en diciembre como paso previo para sentarse a negociar.

Entre las exigencias incluidas en la propuesta oficial sobresale la de suspender las demandas iniciadas por los accionistas ante el tribunal internacional Ciadi.

También la de destinar 153,7 millones de pesos del saldo operativo que obtenga la empresa a obras de expansión y mejoras.

A la vez, la de mantener un fideicomiso destinado a complementar las inversiones en expansión.

Se pide, además, la presentación de una carta de intención firmada por los acreedores de la compañía donde se fijen los lineamientos de un plan de pagos para salir del default.

En el Gobierno afirman que el rechazo de la propuesta implicará la rescisión inmediata del contrato debido a los “importantes incumplimientos de la empresa”.

 
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