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Por Martín Hourest *

La escena internacional que rodea la negociación con el FMI no resulta en modo alguno auspiciosa. Por un lado son bajas las expectativas de recuperación de la economía mundial, a partir del comercio y la producción, se ahonda el retraimiento de los flujos de capital hacia América Latina, hace su aparición un escenario de mayor volatilidad de los tipos de cambio y se refuerzan claras tendencias proteccionistas en el comercio con los países más desarrollados. En resumen: si el gobierno de Duhalde y el FMI esperan que la economía internacional traccione a la economía nacional y para ello reclaman una nueva oleada de sacrificios y penuria o bien se equivocan por ignorantes o hacen gala de saberse cínicos.
Como lo ha reconocido el ministro Remes, el Gobierno ha cumplido con el 95 por ciento de los compromisos que se autoimpuso con el FMI. En efecto, se liberó el tipo de cambio, se sancionó el Presupuesto y se rubricó un nuevo compromiso federal con los gobernadores. Quitando del medio la flotación cambiaria cuyos efectos claramente regresivos sobre la distribución del ingreso están recién haciéndose presentes, conviene focalizar la atención sobre los dos instrumentos fiscales presentados por el Gobierno como importantes logros.
Resulta a todas luces evidente que un presupuesto confeccionado sobre la previsión de un tipo de cambio a 1,40, con una caída del producto del 4,9 por ciento, una inflación del 15 por ciento y donde no estaban incorporados los costos de la pesificación y la licuación de pasivos, y tampoco el proceso de renegociación de la deuda externa, carece de sostén técnico y político. A su turno, un acuerdo federal asentado sobre esas mismas metas que convalidan la permanencia de la recesión –y por ende la caída de la masa de recursos a coparticipar– evidencia la solidez de un suspiro.
El Gobierno que le otorga a cada grupo concentrado de la Argentina lo que éste le solicita pretende ahora forzar el paso en una negociación agónica cuando destruyó su propia posición de fuerza y parece haber olvidado que:
n Indujo una baja de los salarios en dólares, una caída de los salarios reales por vía del impacto inflacionario y una reducción de los salarios nominales por la vía de la recesión y la precarización de las relaciones laborales.
n Produjo la devaluación que beneficia a los sectores exportadores, a los bancos extranjeros (como eventuales proveedores de liquidez) y a los fugadores de capital.
n Impuso la pesificación trasmitiendo beneficios extraordinarios a los grupos endeudados en divisas y les ofreció una verificada inmunidad fiscal.
n Apostó a la preservación de los patrimonios de los bancos, castigando a los ahorristas y sosteniendo el sistema privado de jubilaciones que daña estructuralmente las finanzas públicas, sometiendo el ingreso de los trabajadores al resultado de la dictadura de la especulación financiera sobre la producción.
n Proveyó inmunidad fiscal a los grupos más concentrados de la economía por vía de una estrategia que se impone no capturar las ganancias extraordinarias realizadas en la última década, las que surgen de la operación conjunta de devaluación y pesificación y las que ya se encuentran consolidadas como riqueza (countries, embarcaciones, etc.).
n Garantiza el aumento de tarifas y, casi con seguridad, brindará un trato preferencial a las obligaciones financieras externas de los prestadores y concesionarios de servicios públicos.
En este contexto es en que se produce la súplica ante la presión del FMI, expresada tanto por el ministro Remes cuanto por el Presidente Duhalde sin dejar en claro algunas cuestiones centrales. La primera remite a establecer cuál fue la contribución real del FMI en el proceso de crisiscon recesión que aparece en la Argentina desde 1998. Desde esa fecha hasta hoy, la contribución efectiva del organismo multilateral (esto significa desembolsos menos pagos) no supera para el período los 1600 millones de dólares anuales, o lo que es lo mismo menos del 3 por ciento del gasto anual del sector público nacional. La segunda tiene que ver con la secuencia de su desembolso, ya que durante los dos primeros años (1998/99) el saldo fue negativo para la Argentina y durante el último bienio (2000/01) fue positivo para financiar la fuga de capitales del sector privado. La tercera cuestión remite a la estructura de los vencimientos de los compromisos con el FMI, que explican que el apoyo solicitado incluye, sustancialmente, la capacidad de repago para con el propio FMI, ya que deben realizarse pagos por 5600 millones en 2002, 4800 en 2003 y 2800 en 2004. Esto significa que el FMI presta para cobrar, y ello implica que el endeudamiento aumentará en un contexto de recesión alejando aún más a la Argentina de una posición expectable en los mercados de capital.
La cuarta cuestión tiene que ver con el efecto del contagio entendido no como el impacto de la crisis argentina sobre otros mercados denominados emergentes (Argentina cuenta con el 25% de los títulos de ese tipo) sino como el impacto que una salida eventualmente heterodoxa de la crisis argentina tendría sobre otros países endeudados.
Es el disciplinamiento salvaje el que quiere ser preservado para evitar el contagio de la impugnación al consenso de Washington.

* Economista del Frenapo