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Viernes, 26 de abril de 2013

RESISTENCIAS

Con la discriminación en la nuca

Mujeres indígenas de Jujuy, Canadá, México y Colombia se reunieron en Buenos Aires para analizar y debatir sobre el Proyecto Jurisprudencia, en el que trabajan desde hace siete años para identificar y demostrar jurídicamente cómo las múltiples formas de discriminación siguen generando nuevas violaciones de sus derechos humanos básicos.

 Por Roxana Sandá

“En las Américas, la condición de ser indígena y mujer, combinada con una situación de precariedad y de vulnerabilidad extrema, se traduce en múltiples formas de discriminación. Las mujeres indígenas padecen discriminaciones por ser mujeres en una sociedad patriarcal, e indígenas en una sociedad racista. Esta población sufre una forma única de discriminación basada en la combinación de dos motivos: su género y su etnia.” La declaración leída por una lidereza de la comunidad kankuama, de Colombia, marcó un profundo silencio en el auditorio formado básicamente por mujeres. Blancas y occidentales tratando de comprender las estrategias que otras procuran contra la discriminación, las violencias, la expulsión del territorio o el acceso dificultoso a salud y educación sin despedazar su identidad. De estos lineamientos partió el encuentro “Jurisprudencia de la mujer indígena en las Américas: un esfuerzo para visibilizar la doble discriminación. Avances y desafíos”, a cargo del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (CRDI, su sigla en francés) de Canadá, junto con referentes de comunidades autóctonas de ese país, de Colombia y México, que trabajan sobre la construcción común de una metodología para documentar casos y crear jurisprudencia con perspectiva étnica y de género, un término aún tabú hacia el interior de las comunidades.

Pulverizar los rezagos

Hace siete años que el Proyecto Jurisprudencia se propone “alfabetizar jurídicamente” a las mujeres indígenas empujando con un dedo, de a poquito, algunos tótem del feminismo contemporáneo como la Convención de Belem do Pará, “que no necesariamente incluye las problemáticas de las mujeres indígenas”, advirtió la abogada mexicana Carmen Herrera, de Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos. O las declaraciones vigentes de derechos humanos, que para las expertas están empapadas por “una perspectiva occidental” que impide el pleno respeto de los derechos indígenas. En ese carril de lo que algunas considerarían una provocación se inscribe la iniciativa, que tensiona multiculturalismo y feminismo en el afán de –como agregara Herrera– “cuestionar a las disciplinas que interpretan la problemática de manera vertical, alejadas de los sujetos”. No quieren eso para ellas, “sino producir jurisprudencia interamericana”. Sofía Robles, lidereza del pueblo zapoteca, dijo que “llevó más de veinte años impulsar el desarrollo de las mujeres en las comunidades. El trabajo ahora es visibilizar múltiples discriminaciones que sufren por su condición de mujeres, de mujeres indígenas, y por pertenecer a pueblos con rezagos muy fuertes en educación y en salud”.

La socióloga y politóloga canadiense Marie Leger, una de las principales referentes de la organización Mujeres Autóctonas de Quebec, explicó que “los casos de discriminación contra las mujeres indígenas abundan pero no se denuncian, por eso deben crearse las condiciones para hacerlo, lo que significa crear conciencia de los derechos de las mujeres en las comunidades y aprender de sus realidades, fortalecer las organizaciones indígenas y proveerlas de los medios requeridos para la documentación y denuncia de casos en el contexto de una diferenciación cultural y de género”.

El equipo presentó una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012, que decidió al organismo a elaborar un informe regional sobre la situación de las mujeres indígenas. “Ahora nos toca producir lineamientos metodológicos para que [email protected], organizaciones indígenas y de derechos humanos tengan herramientas que documenten casos de discriminación hacia las mujeres indígenas”, señaló Leger. “Hoy tenemos casos en las cortes de los sistemas de Justicia colombiano, mexicano y en la Corte Interamericana.”

Se trata de “apostar por el litigio”, dijo Herrera, que trabaja en la documentación y denuncia de esos casos “como si nos estuvieran esperando. Es difícil, en México no encontramos mujeres que hablen, que puedan denunciar problemáticas serias, como los casos de esterilización forzada. Es cosa de todos los días la falta de acceso equitativo a servicios de salud reproductiva y la imposición de métodos de planificación familiar sin el pleno consentimiento de las indígenas”. Las mujeres coinciden en identificar y ponerles nombres a los obstáculos de acceso a la Justicia para fortalecer las condiciones al momento de denunciar; se planea judicializar mediante amparos. “Nosotras decimos que México es una comunalidad, una síntesis entre cosmovisión y espiritualidad. Desde ahí, buscamos otras formas de visibilización, nos atrevimos a cuestionar y estamos aprendiendo otra manera de hablar.”

El conflicto impune

El conflicto armado interno en Colombia agrava cada día la discriminación y las violencias contra las mujeres indígenas. Se manifiesta en la violencia sexual con altos niveles de impunidad. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Ana Manuela Ochoa, abogada y lidereza kankuama que leyó la declaración inicial, remarcó que “la población más afectada por este tipo de violencia son niñas de 12 a 14 años. La situación de vulnerabilidad empeora por otras violaciones a derechos que tienen que ver con el territorio, la falta de seguridad alimentaria, la mortalidad materna y la desnutrición”. El proyecto enfoca la violencia sexual para judicializar y documentar casos e incluir una mirada diferencial sobre las mujeres indígenas en la nueva Ley de Víctimas, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la mesa nacional de concertación. “Hablamos de poblaciones indígenas que llegan desplazadas a ciudades donde la seguridad alimentaria y los servicios de salud son ineficientes. Pese a nuestros esfuerzos, muchos casos de niñas abusadas no reciben apoyo del Estado, y estamos haciendo un llamado especial a militares y actores del conflicto para que entiendan que las niñas indígenas no se tocan ni están al servicio sexual de nadie.”

El panorama es agobiante porque los ataques contra las mujeres también se ejercen en sus entornos más cercanos: la violencia intrafamiliar, sexual, el incesto y el abandono. Se mencionan las prácticas de ablación además de las mencionadas violencias cometidas en el cerco del conflicto armado, que van desde violaciones, torturas, control de los cuerpos de mujeres y niñas hasta el homicidio, especialmente de mujeres indígenas jóvenes a manos de paramilitares, ejército, policía y guerrillas. Son muchas las liderezas indígenas en estado de amenaza permanente por sus acciones políticas y comunitarias. “Pero lo más alarmante es el hecho de que la mayoría de las mujeres indígenas desconocen que son titulares de derechos”, lamentó Ochoa.

Identidades partidas

Los legados del colonialismo son feroces. Esto lo afirmó Joanne Ottereyes, coordinadora internacional de Mujeres Autóctonas de Quebec, al relatar que por una ley específica de 1867 la población originaria queda atada a la tutela del gobierno, que determina las identidades indígenas. “Cuando no les otorgan la identidad, deben dejar la comunidad y no pueden transmitir esa identidad a sus hijos. En esta lucha logramos modificar un artículo en 1985, para que puedan transmitir la identidad a una primera generación de hijos, y de nuevo en 2010, al permitir la transmisión a una segunda generación”, detalló Ottereyes. En la actualidad se realizan talleres de capacitación en 12 comunidades, donde las mujeres plantean “que si las arrancan de sus comunidades se produce, según su cosmovisión, la ruptura de un equilibrio vital”. Las leyes nacionales tampoco aplican en casos de separación o de violencia intrafamiliar, y el mismo vacío legal existe en la cuestión de los bienes. “O si la paternidad no es declarada, se asume que el padre no es indígena, y eso dificulta la transmisión de la identidad. Existen unos 30.000 casos de paternidad no declarada. Aun así, las mujeres no conocen las consecuencias de no darles a sus hijos el apellido paterno.”

El territorio inaccesible

Desde 2007, el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) encara el Proyecto Jurisprudencia según la triple discriminación que sufren las mujeres indígenas por mujeres, por indígenas y por ser pobres. “En la Argentina, y en particular en Jujuy, viven una situación de desigualdad y vulnerabilidad. Enfrentan dificultades para acceder a los centros de salud, por lo tanto no pueden recibir tratamientos adecuados para enfermedades específicas de mujeres”, reveló la coordinadora general de la organización, Natalia Sarapura. “Las mujeres que padecen violencia no acceden a la protección jurídica por las grandes distancias hasta los establecimientos judiciales que se encuentran en las ciudades. Allí, por lo general, son maltratadas por su forma de vestir y por hablar diferente. Esto sucede en casi todas las instituciones de la sociedad porque no existe una política de adaptación desde la perspectiva de los pueblos indígenas.”

En los diagnósticos realizados por el Coaj se observan los mayores porcentajes de analfabetismo en las mujeres por tener enormes dificultades de acceso a la educación. “Deben trasladarse a centros alejados de sus comunidades; en ocasiones esta emigración trae aparejadas problemáticas de desarraigo, o deben trabajar para sustentar los gastos de estudio y supervivencia, por lo general como empleadas domésticas o niñeras en lugares donde son explotadas y no perciben salarios acordes con su desempeño.” El eje central, precisó Sarapura, “es que la escuela no es accesible ni cultural ni físicamente, agravándose con el hecho de que los docentes no se encuentran formados para trabajar en comunidades indígenas. Tanto es así que las demandas más sentidas por las mujeres se articulan alrededor de la falta de conocimiento y formación, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y con necesidades básicas insatisfechas”.

La democracia en Jujuy, con ocho pueblos indígenas y más de trescientas comunidades, exige un reconocimiento de interculturalidad. La pedagoga Marta Mendoza, del Coaj, lo mencionó entre otras urgencias que alejen del peligro “a las mujeres, expuestas por las distancias que deben recorrer para cada necesidad. Son madres de hasta nueve criaturas que además colaboran con la subsistencia familiar. Sabemos de niñas violadas camino a sus hogares. Se preguntan por qué les pasa esto, mientras evalúan cómo avanzar respetando un sentido de complementariedad y espiritualidad, y al mismo tiempo desnudan el machismo que anida en las comunidades. Advierten que es más sencillo que el hombre acceda a los servicios y que la mujer se quede en la casa”. Alguna luz se vislumbra en la nueva Ley nacional de Educación, “que reconoce a los pueblos aborígenes como interlocutores, y nos permite hablar de paradigmas. Las mismas mujeres nos dieron la pista de pensar a la otra como una par. Y empezamos a generar espacios de empoderamiento que ellas llamaron “de sanación”, porque salían diferentes. Las huellas van dejando marcas difíciles de sacar, pero es destacable la valoración de su autoestima y los roles protagónicos que tienen en sus comunidades.

De eso se habla poco

Ana Manuela Ochoa lo deslizó casi en un suspiro: “Si ha sido difícil avanzar con el tema de las mujeres, imagínense con el de la identidad sexual”. El comentario surgió luego de que algunas asistentes al encuentro preguntaran por género, sexualidades e identidades de las mujeres indígenas hacia adentro de sus comunidades. “Vamos haciendo rutas. Desde la experiencia colombiana es un tema tabú. Aquí trabajamos el desplazamiento forzado, la prostitución forzada, diagnosticando cómo la presencia militar genera prostitución entre las niñas. Y en las comunidades somos víctimas de discriminación de los hombres. Los compañeros nos cuestionan, siguen confundiendo el término género. Entonces preferimos hablar de mujeres más que de género.”

Marie Leger avistó que “para escuchar a estas mujeres debimos despojarnos de nuestra formación académica occidental. Desde que surgió el proyecto jamás hubo identificación del término género; el proceso de construcción es trabajando desde la realidad. Fuimos aprendiendo a articular derechos colectivos de pueblos indígenas y de mujeres indígenas”. Sin embargo, Ottereyes apuntó que para avanzar en la cuestión de las identidades sexuales las mujeres autóctonas de Canadá rescataron “el concepto ancestral del doble espíritu, que permita interpretar y aceptar la dualidad hombre-mujer en las comunidades, y que se fue perdiendo por las imposiciones religiosas y colonialistas”.

Al fin, la inquietud de Carmen Herrera pasa por la criminalización de las mujeres antes que por el reconocimiento de las identidades sexuales, “porque en este sentido tenemos el principio de complementariedad, hablamos del respeto a la dualidad, a la reciprocidad. Se imprime un concepto de etnia y género. Trabajamos con las mujeres y todas las formas de relación, porque recuperar la armonía es una de sus necesidades. Son parte de un colectivo que sufre persecución sistemática y su fortalecimiento debe tener consecuencias hacia el interior, hacia su sistema de justicia interno”.

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