SANTA FE › DENUNCIAN A UN ABOGADO QUE DEFIENDE A CAMPESINOS POR "FALTAR A LA éTICA"

La embestida de los desalojadores

Juan Carlos Adrover, que fue referente de la Federación Agraria en el norte provincial, acusó a Iván Bordón por resistir remates en los que el propio Adrover era beneficiario. Bordón es querellante en causas de lesa humanidad.

 Por Sonia Tessa

El abogado Iván Bordón, que asiste a campesinos en su lucha por la tierra y litiga contra genocidas del norte santafesino, fue denunciado ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Reconquista por otro profesional, Juan Carlos Adrover, beneficiario directo de un remate realizado el 30 de julio de 2012. El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Reconquista investiga a Bordón por "violación del Estatuto y del Código de Etica que regula la profesión de los abogados". "Apuntan a sacarme la matrícula y quebrar nuestro compromiso con esta lucha", dijo Bordón, que encabezó este año las denuncias contra José Luis García Troiano, propuesto para juez penal de Tostado, por su "parcialidad" en el despojo de tierras. El 15 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa rechazó el pliego de García Troiano gracias a la movilización de los campesinos que acompaña Bordón.

Los antecedentes son complejos, pero siempre encuentran a los actores en veredas opuestas: Adrover impulsa los despojos a pequeños productores del departamento 9 de julio, en el noroeste de la provincia. Bordón resistió junto a esos damnificados el despojo de las tierras de la familia Barberis el 22 de mayo de 2012. El remate era para pagar los honorarios de Adrover. Poco más de un mes después, el remate de 208 hectáreas de esa familia se concretó, gracias a la represión ordenada por el juez penal subrogante José Luis García Troiano. Los Barberis perdieron su campo por 68 mil pesos, y no pudieron siquiera hacer su oferta, ya que se les impidió el ingreso al recinto a los productores de la zona.

Adrover fue representante de la Federación Agraria en Santa Fe, pero actualmente se encuentra enfrentado con los dirigentes de la entidad, que también se movilizaron contra los remates en 2012.

Ante la denuncia que implica un riesgo de perder su matrícula, Bordón recordó que el remate concretado el 30 de julio de 2012 se debió a un litigio cruzado entre Adrover y Jorge Barberis, un pequeño productor del norte provincial. "La jueza Haydé Regonat le reguló honorarios a Adrover sin que hubiera entonces sentencia firme, ya que el juicio estaba en la Cámara de Apelaciones. Embargaron el bien de Barberis y lo remataron a precio vil", recordó Bordón, quien dijo que "Regonat lleva adelante los desalojos y García Troiano criminaliza la protesta, al ordenar la represión".

Adrover está procesado en una causa por tenencia de armas que fueron usadas para amenazas (ver aparte). Este abogado acusa a Bordón de violar el artículo 4 inciso d del Código de Etica, que implica el "incumplimiento del deber de lealtad hacia el colega, como así también el artículo 5, incisos g, h y k, por los que habría incurrido en "incumplimiento de los deberes de lealtad y respeto hacia los magistrados"; en "valerse de medios de prensa para presionar directa o indirectamente a los jueces" y también en "no guardar ante el Poder Judicial un estilo adecuado a la jerarquía profesional".

Para Bordón, la denuncia contra él es una "reacción corporativa" de los abogados de la zona, ya que después del fracaso del pliego de García Troiano, Margarita Savant, que era secretaria del juzgado civil de Tostado, y ahora lo es en Vera, se presentó a declarar contra Bordón.

El abogado acusado por defender a los campesinos vive desde 2010 en Reconquista, en el nordeste de la provincia, pero es oriundo de la zona de los conflictos por las tierras, en el noroeste santafesino, en los departamentos Tostado y Vera.

Como integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, su trabajo consiste, desde 2010, en representar a víctimas en las causas de lesa humanidad. "La organización me bancó en todo momento en esta tarea simultánea de acompañar esta lucha por la tierra", dice sobre su militancia.

A fines de 2011, Bordón recibió a familias campesinas que vivían "situaciones apremiantes" por los desalojos de tierra. "Hombres y mujeres empobrecidos que quedaban sin sus pocas pertenencias y bienes; las imágenes de familias al costado del camino viviendo en ranchitos precarios improvisados de chapa y otros deambulando buscando un techo en los pueblos te marca mucho", relató Bordón, que concibe la lucha no sólo desde lo jurídico sino sobre todo como "una organización colectiva".

La primera intervención organizada fue el 22 de mayo de 2012, en Tostado. "Nos movilizamos porque entendíamos que la Justicia le daba una fachada de legalidad a una situación ilegítima e injusta. Lo que es importante es dejar en claro que detrás de esta historia se juegan intereses de inversores que apuestan como en la timba, estudios jurídicos, corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba, martilleros públicos, agrimensores, etc. Y el pobre campesino que vive allí desde hace muchos años se jode", consideró el abogado.

Ese remate, finalmente, se hizo. "En julio de 2012, con represión, lograron subastar 208 hectáreas por un precio vil de 68.000 pesos. Hubo patadas, gas pimienta y bastonazos de la politíca, con un juzgado penal rodeado por un centenar de efectivos, todo con el aval de García Troiano", rememoró. Durante los meses siguientes, resistieron varios desalojos. "En noviembre, el conflicto tuvo hechos muy violentos, en los campos, con la Guardia Rural al acecho y los pequeños productores abroquelados, defendiendo sus pertenencias, sus ranchos, sus gallinas, chivos, y el poco ganado que les queda", dijo el abogado.

Toda esa resistencia campesina germinó en un proyecto de ley para suspender los desalojos durante cinco años, presentada por la diputada Susana García, de la Coalición Cívica. Obtuvo media sanción en Diputados, justo antes del fin de las sesiones ordinarias. Con el aval de diputados como Eduardo Toniolli y Leandro Bussato, del Frente para la Victoria, lograron que el gobernador la girara a extraordinarias, y así fue como la ley 13.334, que declara la emergencia por cinco años "en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por familias campesinas", se sancionó el 28 de diciembre de 2012.

Sin embargo, la jueza civil de Tostado, Haydé Regonat, decidió no aplicar esa ley, y siguió ordenando desalojos. "Eso nos obligó a resistir pacíficamente, y ahí apareció en escena nuevamente García Toriano, instruyendo causas penales por supuestos atentados y daños contra la autoridad", recordó el abogado.

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Iván Bordón se moviliza con Jorge Barberis, campesino que perdió sus tierras por un reclamo de honorarios de Adrover.
 
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