(Desde Santa Fe)

Una nueva denuncia de la diputada Alicia Gutiérrez movió al gobierno de Jorge Obeid a excluir de las filas de la Policía de la provincia a otro comisario, Rubén Oscar Ramírez ("el Cai"), que pasó por el tristemente célebre Servicio de Informaciones de Rosario en los años de plomo y hasta figura en el informe sobre la causa Feced que el ex subsecretario de Asuntos Legislativos, Esteban Borgonovo, elaboró hace ya diez años. "Esto demuestra que la tan proclamada depuración de la Policía no fue más que un lavado de cara y que ni siquiera leen los informes oficiales", dijo la legisladora del ARI. Hace menos de diez días, otra denuncia de Gutiérrez empujó el pase a disponibilidad de otro represor, el comisario Hugo Carlos Colombo, que no aparece en el informe Borgonovo, pero fue mencionado por uno de sus camaradas acusados por delitos de lesa humanidad, José Rubén Lo Fiego, en la indagatoria ante el juez federal de Rosario, Germán Sutter Schneider, que investiga la represión en el Segundo Cuerpo de Ejército.

"Hace muy poco fue separado de la Policía un comisario que nosotros veníamos tratando de chequear desde hace tiempo, un tal Ramírez, que estaba en Criminalística de la Unidad Regional II de Rosario. Veníamos tratando de chequear la información y se trata del mismo: 'el Cai' Ramírez que está denunciado en el informe Borgonovo. Sí, es la misma persona y fue separado hace muy poco, ya no está más en Criminilística", comentó Gutiérrez en diálogo con Rosario/12. "Esto revela que la tan proclamada depuración de las filas policiales no fue más que un lavado de cara y que ni siquiera leen los propios informes oficiales, ni los chequean cuando hace los ascensos y reubican personal policial para que no se trate de las mismas personas. Colombo no figuraba en el informe Borgonovo, pero Ramírez sí está mencionado y dos veces", agregó.

Borgonovo concluyó su informe sobre la causa Feced -por directivas del propio Rosúa- el 20 de mayo de 1997, en el primer gobierno de Obeid. Lo curioso es que en este segundo turno del gobernador, en agosto de 2004, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia publicó una edición especial del documento de 20 páginas para que tuviera difusión masiva.

El ex subsecretario de Obeid incluyó en su informe tres cuadros con nombres de represores y Ramírez figura en dos de ellos. El primero fue elaborado por el propio Borgonovo. "De acuerdo con las constancias de autos hemos confeccionado el siguiente cuadro del personal policial involucrado. En el se consignan sus nombres, sus alias, el número total de denuncias en que aparecen imputados y el número de denuncias, específicamente de tormentos y apremios, en el que aparecen involucrados", explicó el funcionario. A la cabeza del listado figura Lofiego con 69 denuncias, todas por tormentos y apremios, y entre los últimos nombres aparece: "Ramírez, Rubén Oscar ("el Cay") con una denuncia.

El cuadro siguiente -número 4- menciona al "personal policial que prestó servicios en el Servicios de Informaciones de la Policía de Rosario durante el período en cuestión (la dictadura) de acuerdo con las constancias que la Policía suministró a la causa y declaraciones en las cuales los nombrados admiten haber integrado dicha repartición", explicó Borgonovo. Y aquí también se repite el nombre: "Ramírez, Rubén Oscar".

Lo llamativo que la exclusión de "el Cai" fue reclamada por la agrupación Hijos hace siete años, en setiembre de 2000. Carlos Reutemann comenzaba su segundo mandato y y Angel Baltuzzi era su ministro de Gobierno.

La diputada Gutiérrez dijo que estos episodios con Colomobo y Ramírez demuestran que la "depuración de las filas policiales es una falacia. Creemos que, antes de ascender a un policía, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de chequear si no estuvo en el Servicio de Informaciones de Rosario durante la dictadura o en alguno de esos lugares".

La propia Gutiérrez logró días atrás que la Cámara de Diputados aprobara un pedido de informes al gobierno de Jorge Obeid sobre la marcha del programa de protección de testigos ante la proximidad de los juicios orales y públicos a represores de la dictadura militar acusados por delitos de lesa humanidad.