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Funcionario concursante

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), por estar en proceso de formación, firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y DDHH de Santa Fe. Ambos organizaron el concurso a Director de la Escuela de Capacitación del MPA.

Participé en tal concurso. Y cuando me es notificada el acta de la entrevista técnica oral observé que participó el abogado Marcelo Ignacio Hidalgo, alto funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Más aún, el señor gobernador lo había nombrado con el cargo político de Director Provincial, es decir, en la conducción política superior del mencionado Ministerio.

Es inmediato que no se puede ser concursante si a la vez se forma parte de la organización de un concurso. Y peor resulta este caso: este funcionario tuvo antes, durante y después del concurso el mismo lugar físico y los mismos teléfonos que la oficina del Ministerio de Justicia que se ocupó de la organización del mismo.

Este abuso en el ejercicio de las funciones públicas significa la ilegal y manifiesta violación del requisito de transparencia. Es además una injerencia del Poder Ejecutivo que envía a su candidato a concursar. Y viola la igualdad constitucional.

Por estos motivos solicito públicamente al señor gobernador de Santa Fe que honre a las instituciones Republicanas y no deje que se pisoteen las más elementales pautas legales de conducta ética exigibles a un funcionario provincial. Le pido que en respeto de la Constitución, las Leyes y la Convención Interamericana contra la Corrupción:

a) No nombre a este funcionario y concursante;

b) solicite al Fiscal General que designe a quien concursó respetando todas las normas legales, las de ética juridizada incluidas.

Daniel Kantor

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