CIUDAD › EL CASO DE LAS 18 FAMILIAS A PUNTO DE SER DESALOJADAS DE UN PREDIO QUE OCUPAN EN ZONA OESTE.

"Que el municipio compre no es solución"

Lo dijo el titular del Servicio Público de la Vivienda después de que un juez ordenó que municipalidad y provincia se ocupen del caso porque es "obligación del Estado" resolver el problema del hábitat. Coinciden con la definición pero es difícil aplicarla.

 Por Luis Bastús

Diálogo y voluntad, pero ni un centavo. Esa es la oferta posible que hoy estima la Municipalidad en respuesta al fallo judicial que le impone solucionar el problema de hábitat a 18 familias que serán desalojadas del terreno que ocupan en 27 de Febrero y Circunvalación. El director del Servicio Público de la Vivienda (SPV), Raúl Alvarez, dijo que sería posible resolver la situación con un fideicomiso si la dueña del predio morigerara sus pretensiones. Y excusó al municipio de comprar per se el inmueble, para alejar el riesgo de provocar un efecto cascada de consecuencias inmanejables.

"Ojalá pudiera la Municipalidad hacerse cargo de la situación de esas familias. Estamos de acuerdo con lo que dice el juez en cuanto a que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda. En eso trabajamos, pero en este caso puntual ¿cómo hacer bajo estas condiciones? Que el municipio compre el terreno no es solución, porque si lo hiciera desataría una catarata de desalojos, total la Municipalidad se hace cargo", aclaró el funcionario municipal al ser consultado por Rosario/12 acerca del emplazamiento de 60 días que le impuso al municipio y a la Provincia el juez de Circuito nº 1, Daniel González, para que en ese lapso solucione la problemática habitacional de los ocupantes y de "sectores vulnerables" que en el futuro queden expuestos a un desalojo. Y fundó razones en doctrina de derecho internacional y pronunciamientos de Naciones Unidas.

La resolución judicial hace foco sobre 18 familias que ocupan desde hace varios años un terreno de 1065 metros cuadrados en 27 de Febrero y Circunvalación. El magistrado ordenó desalojar en 2008, y el año pasado volvió a intimar el cumplimiento de la sentencia. Accedió a posponer la ejecución por 180 días mientras apuró gestiones del SPV y del Ministerio de Desarrollo Social. Hubo una propuesta de conformar un fideicomiso a través del Banco Municipal, tal como prospera el caso de 200 familias ocupas en terrenos del barrio Los Humitos. Pero el municipio consideró que para este caso puntual lo del fideicomiso es inviable.

Alvarez explicó: "No es que no querramos solucionar el problema, sino que todos debemos poner voluntad de acuerdo. En el caso de 27 de Febrero y Circunvalación, la propietaria quiere el terreno liberado para luego poderlo vender, o bien que los ocupantes se lo compren, pero a $600 mil y toda la plata junta". Y añadió: "La cotización que estimamos, considerando que se trata de un inmueble ocupado y eso hace decrecer su valor, es menos de la mitad de lo que la dueña pretende. Por otra parte, no es simple desalojar a gente que hace tantos años que está asentada en ese lugar".

Diferente es el caso de Los Humitos, al fondo de avenida Rivarola. Allí el dueño de un terreno olvidado acordó con las 200 familias que empezaron a apropiárselo en los últimos 15 años la compra facilitada a través de un fideicomiso de Mandatos & Negocios, la herramienta financiera del Banco Municipal. Veinte por ciento de anticipo y el resto a pagar en 60 meses. "Allí hubo voluntad de todas las partes, pero en el caso de 27 de Febrero y Circunvalación la propietaria no ha querido moverse de su pretensión, y los vecinos están dispuestos a pagar una cuota de 300 a 400 pesos, pero no pueden más que eso", cuestionó Alvarez, en alusión a Carolina Lía, la dueña del terreno que impulsó el juicio de desalojo.

Trescientos mil o seiscientos mil pesos no comprometerían demasiado el presupuesto de Rosario. Sin embargo, el titular del SPV se atajó: "Si lo compráramos, podría derivar en un aluvión de juicios de desalojo, promovidos por dueños con la expectativa de que el municipio les libere las tierras y se haga cargo de los ocupantes. Se tornaría insostenible", concluyó.

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Raúl Alvarez, director del Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad.
 
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