OPINIóN

Un criterio institucional conservador y corporativo

 Por Gastón Chillier y Paula Litvachky*

Nos dirigimos a los legisladores en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, con un fuerte trabajo de incidencia para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de derecho. Con este fin, el CELS ha desarrollado diversas acciones vinculadas al fortalecimiento del poder judicial como espacio institucional privilegiado para la protección de los derechos humanos.

Es en esta línea que queremos expresar nuestra preocupación por el rechazo que la Asamblea Legislativa, en su sesión del jueves 3 de mayo, realizó al pliego del candidato Enrique Font para ocupar el cargo de Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.

El plan de trabajo presentado en el marco del concurso y sus antecedentes dieron acabada muestra del compromiso del candidato con el fortalecimiento de la justicia, la democratización de las fuerzas policiales, la protección de derechos y la construcción de un estado más igualitario, que desarrolle políticas de seguridad y judiciales inclusivas y no amparadas en la demagogia punitiva. El concurso, en el que el candidato fue evaluado con una diferencia de dieciséis puntos respecto del segundo, no fue objeto de impugnación alguna ni se presentaron oposiciones a su designación en la Legislatura durante el período habilitado a tales fines.

Asimismo, los avales que recibió (entre ellos, el del CELS) reforzaron la idea de que el candidato Font reunía los requisitos que el perfil del cargo requería. Y no nos estamos refiriendo únicamente a sus calidades técnicas sino a su compromiso e idoneidad político institucional con el proceso de reforma de la justicia de la provincia de Santa Fe.

Las razones dadas (y no dadas) para el rechazo del pliego por la Asamblea Legislativa dan cuenta de que la Legislatura tuvo un criterio político institucional conservador y corporativo en esta selección, lo que importa un claro retroceso en el proceso de reforma del sistema de enjuiciamiento penal promovido en la provincia de Santa Fe.

Proceso que indudablemente necesita del trabajo y compromiso de los tres Poderes del Estado provincial y de perfiles como los de Font para ocupar cargos en lugares estratégicos de control y promoción de estándares de actuación judicial distintos a los históricamente arraigados en la provincia de Santa Fe y en el país en general.

En este sentido, el rol del Auditor General de Gestión, con sus funciones directrices en el órgano de control interno del Ministerio Público de la Acusación (con competencias de auditoría, evaluación, control y rendición de cuentas), da cuenta de su lugar estratégico en la reforma institucional que se pretende.

A lo largo de toda su historia, el CELS ha manifestado la trascendencia que tiene al momento de cualquier investigación, pero en particular al investigar graves violaciones a derechos fundamentales, la función del Ministerio Público Fiscal. La creación de éste órgano de control interno de uno de los principales actores en el sistema judicial, le imprime a la reforma señalada características virtuosas, inexistentes en el resto del país. Con ello se fortalece la propia administración de justicia. Pero, obviamente, todo depende de quien ocupe ese cargo.

Por todo lo expuesto, hacemos llegar a los señores legisladores esta nota de preocupación por un proceso institucional de reforma que quedará trunco si no se apoya con designaciones que hagan valer los objetivos que se tuvieron al momento de ponerla en marcha.

*Director ejecutivo y directora del programa de justicia democrática del CELS.

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