CIUDAD › PEDIDO DE AYUDA POR DOS FAMILIAS DESALOJADAS

Derechos y propiedad privada

El concejal del ARI Nire Roldán pidió ayer ayuda para dos familias que fueron desalojadas la última semana de una propiedad ubicada en avenida Pellegrini 139 bis. Acompañado por Héctor D`orazio, coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Unica pidieron a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, al Secretario de Promoción Comunitaria de la Provincia, al Secretario de Promoción Social de la Municipalidad y su titular del Area de la Niñez; la aplicación de medidas de protección de derechos en los términos de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 26.061 (Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia).

El pedido se hizo a favor de Regina Rodríguez, de 23 años quien con sus dos hijos Marcos de 5 años de edad, Facundo de 3 y su madre Modesta de 63 años; Georgina Soledad Benítez de 27 años, su esposo Luis González de 27 años, junto a sus hijos Priscila de 10 meses y Giulina de 8, entre otras personas; fueron expulsados el 5 de julio a la calle por intervención del Juzgado de Circuito en lo Civil y Comercial de la 2da Nominación de Rosario a cargo del doctor Arichuluaga.

Roldán explicó que "hacemos esta presentación fundando que se trata de niños que padecen la vulneración de sus derechos esenciales y ven peligrar su desarrollo integral en su medio familiar, social y cultural. Tenemos hoy un nuevo marco legal (Ley 26.061), con vigencia en todo el territorio nacional que se inscribe dentro de la doctrina de la Protección Integral de los derechos de la niñez y la infancia, y obliga al Estado a hacer efectivos los derechos reconocidos tanto en ella como en los tratados internacionales. Debemos recordar aquí que la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Por lo tanto, recurrimos a esta medida dada por la Ley, para que los ejecutivos desplieguen todos los medios a su alcance y contribuyan a la restitución de los derechos vulnerados de estos niños".

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