Con la decisión de denunciar públicamente -y obtener justicia- por la violación de los derechos de Ana María Acevedo, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe puntualizó que "funcionarios de la Salud, médicos de hospitales públicos de esta ciudad han transgredido los deberes médicos de asistir y brindar tratamiento adecuado para la enfermedad, privilegiar la salud, aliviar el sufrimiento y promover el bienestar y una mejor calidad de vida de la persona, anteponiendo sus creencias y opiniones personales por sobre las de la paciente y sus progenitores amparados por las leyes vigentes".

El comunicado de la Multisectorial afirma: "Con total falta de respeto por la dignidad, la salud y la calidad de vida en lo que resta de la existencia de esta joven, se rechazó su pedido y se la hizo sufrir por cinco meses un embarazo forzado, negándosele la posibilidad de recibir el tratamiento por el que le habían derivado del nosocomio donde se le practicó la intervención quirúrgica, exigida por la gravísima dolencia que soporta: sarcoma de maxilar. No se le efectuó la quimioterapia, ni las radiaciones en tiempo oportuno. Nos preguntamos si a los efectos del Código de ética médica esto no constituye la acción antijurídica, aberrante, inhumana de abandono de persona".

Para la Multisectorial, "el insensato y autoritario accionar de estos funcionarios de salud ha ignorado el artículo 86 del Código Penal (aborto terapéutico) priorizando el valor abstracto de una potencial persona por sobre la existencia real de una joven mujer".

Denuncia que "estos funcionarios de la salud convierten en letra muerta la Constitución y decenas de pactos internacionales que revalorizan la vida de las mujeres".

Las mujeres agrupadas en la Multisectorial consideran que "quizás a los ojos de estos funcionarios Ana María Acevedo por ser una joven mujer, pobre de recursos económicos y escasa de educación sistemática no merezca estos derechos y otros como el de ser informada y elegir libremente cuando maternar (ley 11.888) recibir educación sexual y decidir respecto de su vida sexual, lo que implica también decidir sobre el número de hijos y el tiempo para tenerlos, expresar su consentimiento o exigir que se le aplique el método anticonceptivo que elija o ser respetada en caso de no desearlo, según lo establece la ley provincial 12.323".

A contramano de las erróneas expresiones del director del hospital Iturraspe, Andrés Ellena, la Multisectorial señala que "el aborto terapéutico es un derecho que la ley reconoce y no efectuarlo contra la voluntad de la paciente significa la mayor violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer, más aún cuando va en detrimento de la calidad de su existencia y pone en peligro su vida".