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El Tribunal de la Familia finalmente autorizó el aborto

Un Tribunal de Familia revocó hoy la medida cautelar de un juez del mismo fuero, que suspendió el aborto terapéutico de una joven con discapacidad que fue violada en una salida familiar que hizo desde el Patronato de la Infancia de esta ciudad, informaron voceros judiciales.

La decisión del tribunal, que autorizó al hospital Penna de esta ciudad a realizar el aborto, fue tomada por los jueces Edgardo Manassero y Patricia Marenoni, en mayoría, quienes revocaron así la suspensión dispuesta ayer por el juez Jorge Longás.

La joven, de 18 años, permanecía internada esta tarde en un cuarto del Penna, a la espera de la resolución judicial.

El especialista en Derecho de Familia, Osvaldo Ortemberg, dijo esta mañana en declaraciones radiales que la decisión del juez le parece "desacertada".

"El debe decidirse si es juez de los religiosos o de la Nación. Si es juez de la Nación debe aplicar las leyes de la Nación. Y en este caso el aborto es legal porque está contemplado en la ley", dijo Ortemberg.

El juez Longás había suspendido el aborto terapéutico tras un recurso judicial interpuesto por una agrupación católica, pese a que la situación está avalada por Ley y que la representante legal de la adolescente así lo había solicitado ante el Comité de Bioética del Hospital Penna.

El artículo 86 del Código Penal establece que si el embarazo proviene de un abuso sexual o de un atentado al pudor cometido contra una mujer "idiota o demente", el aborto no es punible.

El único requisito para avalar la medida es tener el consentimiento del representante legal de la joven, algo que fue cumplimentado la semana pasada.

La adolescente que padece un retraso mental afronta un embarazo de diez semanas y por orden del Tribunal de Menores Nº 2 dejó el Patronato para volver a la casa de la familia, de manera provisoria, y luego fue trasladada al Penna.

Las situaciones de "irregularidad" y de "graves violaciones a los derechos de los niños" alojados en el Patronato de la Infancia, donde esta joven estaba alojada, fueron ratificadas por un informe de la Fiscalía General local, presentado luego de más tres años de denuncias ante las autoridades.

Incluso, se advirtió que "es el Estado el encargado de evitar que esto ocurra", como lo hicieron también desde el Colegio de Trabajadores y Asistentes Sociales de esa ciudad al decir que hubo falta de respuestas y que se trata de "una cadena de responsabilidades en las que los organismos estatales de la provincia y el municipio tienen mucho que ver".

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