16:33 › SCIOLI REARMA SU GABINETE

Zin también está podrido de la política

El ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin negó haber sido echado de su cargo por el gobernador Daniel Scioli y aseguró que dejó el puesto porque está "cansado y harto de la política".

Además, rechazó su vinculación con la denominada "mafia de los medicamentos" e insistió: "No autoricé absolutamente ningún pago para San Javier", la droguería de Néstor Lorenzo, quien está detenido junto a Alberto Costa, el ex subsecretario de Control Sanitario de la provincia.

"Lamentablemente nos equivocamos con el doctor Costa", reconoció Zin, al tiempo que afirmó: "Me voy porque estoy cansado, harto de la política y es un cargo para el que no estoy entrenado. Intentaré volver a los medios de comunicación, seguramente", dijo, sobre su futuro próximo.

La salida del médico fue confirmada la noche del ayer por Scioli, quien si bien no dio precisiones sobre su eventual reemplazante, trascendió que al frente de la cartera sanitaria bonaerense quedaría el actual viceministro, Alejandro Collia.

Tal como había dicho anoche, Zin volvió a sostener que "cumplió un ciclo" y consideró que "merece un descanso" de la función pública."Espero que algún día (ese paso) sea un mal recuerdo y nada más", expresó en declaraciones a las radios Mitre y El Mundo.

El ahora ex funcionario aseguró que durante su gestión "no se le compró absolutamente nada" a Lorenzo, "porque no se presentó nunca a licitación alguna".

"Cuando el juez (federal Norberto) Oyarbide comenzó a investigar esta presunta asociación ilícita", se dispuso la detención "de Costa, que está preso igual que otros dos funcionarios nacionales, pero de eso no se habla", señaló.

"Se habla de la provincia de Buenos Aires y de Costa que era amigo de Lorenzo, pero que nunca significó un negocio, porque nunca le compramos nada", insistió.

En la investigación que lleva adelante Oyarbide ya son 11 las personas procesadas por la venta de remedios oncológicos, hemofílicos y para el sida adulterados o falsos y una defraudación al Estado por el cobro de tratamientos médicos que nunca se habrían realizado a través de la Administración de Programas Especiales (APE).

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