Para habilitar la investigación, Mujica tuvo que anular una anterior del ex presidente Julio María Sanguinetti, que había amparado el caso en la Ley de Caducidad. Se trata del caso de Álvaro Balbi, fallecido en 1975 en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", ubicado en los fondos del Batallón de Infantería número 13 de Montevideo, cuyo cuerpo nunca apareció.

La resolución del presidente se fundamenta en la sentencia del 24 de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referida a la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman. En ese fallo, la CIDH compele al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y para la identificación y, si procede, la sanción de los responsables".

Álvaro Balbi fue detenido en 1975 y conducido al batallón de Infantería número 13. Figura actualmente en las listas de desaparecidos uruguayos. Su esposa, Lille Caruso, presentó el 26 de octubre de 1985 una denuncia por "crimen con intencionalidad" ante la justicia, pero la investigación del caso no prosperó por la decisión de Sanguinetti de incluirlo en la ley de Caducidad.

El gobierno de Mujica había excluido el año pasado de la Ley de Caducidad, que salvo pocas excepciones impide juzgar crímenes de lesa humanidad, los casos de los asesinatos en 1973 de Roberto Gomensoro y en 1976 del maestro y periodista Julio Castro.

Una discusión está abierta en el Frente Amplio, la coalición gobernante en Uruguay, sobre la anulación de esta norma que beneficia a los represores, acotó Ansa. El trámite parlamentario para la anulación estaba en marcha, pero la oposición de Mujica a esta decisión frenó el proceso y dividió al Frente, que discutirá el tema mañana.