Candia Amarilla asumió formalmente a primera hora en una ceremonia encabezada por Fernando Lugo, quien por la tarde también tomó juramento a Sanabria. El nuevo ministro del Interior es una figura ligada al opositor Partido Colorado y fue ya ministro de la cartera durante la gestión presidencial de Nicanor Duarte, entre 2003 y 2008, además de fiscal general del Estado.

Por su parte, Sanabria calificó de "trágico" el momento que atraviesa el país pero comprometió su esfuerzo para "luchar codo a codo en busca del bienestar ciudadano". Ofreció su "voluntad y empeño para conducir con honestidad" a la fuerza policial y se comprometió a "luchar para restaurar la paz y el orden".

El fiscal que lleva la causa, Marcos Alcaraz, confirmó que "son nueve los campesinos muertos, pero solamente ocho están identificados" hasta el momento, y explicó que un equipo multidisciplinario de fiscales, médicos forenses y expertos en balística está trabajando en el caso y realizarán un informe que estará terminado dentro de una o dos semanas.

Según afirmó, los primeros peritajes revelaron que quienes dispararon a los policías lo hicieron desde un plano superior a sus víctimas, y "las heridas fueron, en su mayoría, en cabeza, cuello y parte superior del tórax", dijo el fiscal. Mientras que los agentes dispararon desde una posición horizontal o de abajo hacia arriba, "algo típico de la policía, que generalmente actúa en estos operativos agachada o con el cuerpo a tierra".

Alcaraz informó también que se encontraron "diversos tipos de municiones y de distinto calibre", por lo cual no se pudo establecer aún el tipo de armas que usaron los campesinos. En su criterio, "es necesario reconstruir toda la historia de cómo ocurrieron los hechos" y para eso consideró que "hay que ser cautos y objetivos". "No se pueden hacer especulaciones hasta no tener todos los resultados", concluyó.

Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión.

Mientras tanto, un grupo de policías apoyados por militares iniciaron una rastrillaje y rodearon la zona de los montes para capturar a sobrevivientes civiles. Los datos son confusos. En un primer se dijo que había 80 heridos, pero ahora la cifra se redujo a 20. También hay detenidos, aunque la policía no proporcionó la cantidad ni su identidad.

La sombra del juicio político al presidente sin embargo parecía desvanecerse, ya que ningún partido político lo consideró institucionalmente, más aún faltando solo un año para que el mandatario complete su período de gobierno. El Congreso decidió formar una comisión bicameral para investigar lo ocurrido, mientras siguen las especulaciones sobre la posible implicancia del grupo ilegal Ejército del Pueblo Paraguaya (EPP) en el adiestramiento de los "sin tierras", aunque el ministro destituido había dicho que no hay evidencias de esa participación.