"Para resolver problemas que tienen que ver con hechos delictivos se necesita la concurrencia de partes: un Poder Legislativo que tenga el diseño de normas claras y transparentes para su aplicación, un Poder Judicial que funcione y un Poder Ejecutivo que genere las condiciones para que estas leyes puedan aplicarse en un entorno razonable y favorable", resumió Capitanich.

De esa manera, el jefe de ministros salió al cruce de una información publicada hoy por el diario La Nación, que asegura que "el oficialismo congeló más de 130 proyecto de ley sobre seguridad" en los últimos dos años.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "muchas veces existen diputados y senadores que promueven iniciativas de distintas características que no tienen la consistencia mínima esencial para traducirse en una norma legal que efectivamente obtenga buenos resultados". Y agregó que, en los últimos años, fueron sancionadas "ocho leyes" con reformas puntuales al Código Penal y subrayó que sus resultados "no necesariamente son positivos".

Por eso, Capitanich resaltó la necesidad de "una mayor inclusión, una mayor equidad y resocialización de aquellos condenados que estén a punto de cumplir sus condenas", y remarcó que "lo que se ha hecho en materia de inversión en seguridad pública en la República Argentina no tiene precedentes en los últimos 30 años de democracia".

De todas formas, recordó que los agentes federales aumentaron hasta llegar a los 108 mil y que hubo "un incremento extraordinario de patrulleros y de tecnología disponible" e insistió con el accionar coordinado con la Justicia: "Aun con más inclusión y mejoramiento de las condiciones de equidad, no necesariamente va a resolverse el problema si no hay una concurrencia adecuada de la aplicación de las normas legales".

"Es un tema extremadamente complejo que debe formar parte de políticas de Estado pero no de una estrategia demagógica para favorecer a un determinado tipo de candidato presidencial", lamentó.